El consejero de Medio Ambiente ha inaugurado este lunes la jornada sobre la financiación para desarrollar las medidas necesarias, que organiza el Gobierno vasco
«Los grandes compromisos en la respuesta al cambio climático corresponde adoptarlos a los estados y organismos internacionales, pero a la hora de llevar a cabo las políticas y medidas acordadas, el papel de las regiones, comunidades autónomas y gobiernos subnacionales resulta crucial». El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha sido claro al reivindicar la importancia del ámbito local en la estrategia contra el calentamiento global en la inauguración de la jornada ‘Financiación de la Acción Climática’ de la cumbre mundial que hasta el viernes se celebra en Madrid y que ha sido organizada por el Gobierno vasco. Según ha subrayado, «urge pisar el acelerador porque el tiempo se agota», habrá que movilizar un «volumen impresionante de recursos», pero también «acertar al elegir los proyectos correctos en los sectores estratégicos», por lo que será fundamental «coordinar con eficacia su gestión y ejecución». Y ahí ha aprovechado para reclamar el protagonismo para Euskadi «en las soluciones» porque, ha remarcado, en el País vasco, «hace ya algún tiempo que emprendimos el camino hacia la sostenibilidad».
Las cifras son mareantes. El propio responsable socialista ha recordado el reciente compromiso en esta misma cumbre de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de presentar en marzo una directiva europea para «hacer irreversible la neutralidad climática en la UE», que exigirá una inversión de un billón de euros (Un millón de millones ) en los próximos diez años. Y en el ámbito de España, ha remarcado que la futura Ley estatal de Cambio Climático plantea movilizar 200.000 millones, de los que sólo el 23,5% será inversión pública, y el resto en colaboración con el sector privado.
Arriola ha reconocido que lo primero y fundamental es disponer de «un diagnóstico y unos objetivos claros y compartidos», pero también que es «vital» dotarlos de recursos para hacerlos «factibles» en los «plazos establecidos». Y ahí ha remarcado que es en el ámbito «regional y local donde se crean los espacios, las condiciones y las herramientas para que el resto de actores involucrados puedan avanzar y transformar su actividad hacia la descarbonización de la economía».
La experiencia de Euskadi
En este nivel sitúa a Euskadi, «una parte muy pequeña de un problema enorme», pero para la que ha reclamado ser protagonista «en las soluciones, aprendiendo y aportando en este proceso». Así ha recordado la experiencia autónoma adquirida con la adopción de la Agenda Basque Country 2030, la Estrategia del Cambio Climático-Klima 2050, la Estrategia de Economía Circular, la Ley de Sostenibilidad Energética o la futura Ley de Cambio Climático.
Y ha recordado que, solo en los dos últimos años, su departamento ha realizado sendas emisiones de Bonos Sostenibles por importe de 1.100 millones de euros para desarrollar proyectos de carácter social o medioambiental vinculados a la Agenda 2030. Y ha puntualizado que la semana pasada en el Palacio Euskalduna presentó el proyecto Urban Klima 2050, «la iniciativa más importante y ambiciosa de acción climática para los próximos años en la comunidad autónoma». Un plan que hasta 2025 desarrollará 40 actuaciones con una inversión pública de 20 millones de euros (el 51% aportados por la Unión Europa, que ha incluido a Urban Klima en el proyecto comunitario Life).
«El reto es mayúsculo y casi da vértigo imaginar el trabajo pendiente», ha reconocido Iñaki Arriola. Pero a reglón seguido ha añadido que «no tenemos otra opción. El plan B no existe». Y, tras subrayar que la transición ecológica implicará «una transformación completa del modelo económico y social que conocemos y que tiene que ser lo más justa y equilibrada posible», ha puntualizado que en la lucha contra el cambio climático también se cumplirá el tópico de que «detrás de una gran crisis se abre una gran oportunidad». Por tanto, la actividad económica debe aprovechar para renovarse y subirse al tren de las energías limpias y de los nuevos nichos de mercado, y, desde las instituciones públicas, «debemos distribuir equitativamente los esfuerzos y los beneficios, para que no haya países, sectores o personas que se vean excluidos».
Fuente: EL CORREO