La cofinanciación de actividades de colaboración y representación llevadas a cabo por determinadas organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo principal es la defensa de la protección del medio ambiente, en diversos órganos estatales e internacionales de participación pública para la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas medioambientales entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes, siendo los interlocutores institucionales del diálogo permanente que se requiere para configurar una política y una planificación general medioambiental en beneficio del interés general.
BOE, nº 32, 5 de febrero 2018