Fiscalidad Verde, ¿una herramienta eficaz para la mejora ambiental?

Posted by aclimaadmin | noviembre 7, 2019 | Blog Aclima

Los llamados impuestos verdes parece evidenciar una mejora del comportamiento ambiental de los países y regiones donde se han aplicado. Sus gobiernos publican datos que demuestran una reducción de las emisiones contaminantes y optimización del ahorro energético. Ante la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, y teniendo en cuenta el incremento del nivel de concienciación ciudadana, en especial, en las movilización promovidas por los colectivos juveniles, la Fiscalidad Verde, ¿es una herramienta eficaz que se debería aplicar con mayor contundencia?

Según la definición técnica que ofrecen organismos internacionales como Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE o la Agencia Internacional de Energía (IEA), los impuestos verdes son aquellos que cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y especifico, sobre el medio ambiente. Es decir, se trata de gravámenes enfocados a desincentivar los impactos ambientales negativos.

De esta manera, pueden aplicarse a actividades como las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), residuos contaminantes del agua o el suelo, uso y consumo de recursos naturales, productos energéticos no sostenibles, gestión incorrecta de residuos, el transporte y sus consecuencias ambientales etc.

La Agencia Europea del Medio Ambiente expone los argumentos fundamentales para impulsar los impuestos verdes. En primer lugar, se trata de un instrumento eficaz para incorporar los costes ambientales a los productos o servicios gravados. También funcionan como incentivos para que empresas y ciudadanos tengan comportamientos más sostenibles. Además, lo recaudado puede emplearse en mejorar el gasto en medio ambiente y también redundar en reducir los impuestos sobre el trabajo, el capital y el ahorro.

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en 2013 un estudio que demostraba que aquellos países con mayores ingresos por impuestos ambientales presentaban menos emisiones contaminantes, mayor implantación de energías renovables y una disminución general en la contaminación de sus tierras y agua.

Por otro lado, sus detractores plantean que repercutiría negativamente en la competitividad y el empleo, y afectaría más negativamente a los ciudadanos más pobres. Tales argumentos podrían vencerse con un diseño preciso de los nuevos impuestos (que asegure que no afecten negativamente a la progresividad del sistema ni perjudiquen a las rentas bajas), una aplicación gradual, promoviendo consultas públicas e suministrando información objetiva a la población, y empleando el dinero recaudado en mejoras ambientales tangibles para los ciudadanos, como nuevas formas de transporte sostenible o público.

España antes el reto de la fiscalidad verde

La situación en el Estado Español respecto a la Fiscalidad Verde muestra carencias. En 2017 se recaudaron 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales, según datos de Eurostat. Esa cantidad ha supuesto el 5,32% del total recaudado impositivamente, frente al objetivo marcado por la UE que establece que todos los países integrantes deberían alcanzar la cifra del 10% para el año 2020.

Esta situación no ha pasado inadvertida internacionalmente, y tanto la Comisión Europea como la OCDE (este organismo sugiere recomendaciones específicas en su informe Evaluación del desempeño ambiental de España) han instado al Estado Español a reformar la fiscalidad ambiental establecida. Lo que acentúan es, por un lado, el bajo nivel de ingresos por impuestos verdes y, por otra, el mantenimiento de los subsidios a los combustibles fósiles. Esto último acarrea la consecuencia de que el parque de vehículos diésel en España sea superior a la media europea.

También se han alzado voces de expertos reclamando una mayor implantación de la Fiscalidad Verde. El informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) “Imposición al carbono, derecho comparado y propuestas para España” afirma que se trata de una vía poco explotada en la que se debe avanzar, integrando los impuestos verdes en un plan nacional de acción climática que permita medir sus resultados y modificar su aplicación, en la medida en que se necesite que así sea. Además, propugna que el dinero recaudado sirva, por un lado, para financiar el sistema de Seguridad Social y, por otro, para acometer inversiones de I+D+i organizadas en un Fondo Verde. También apunta los ejemplos de otros países en los que los impuestos verdes no han supuesto perjuicios económicos mensurables.

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