MÉXICO: Contaminación de suelos y agua por derrames no remediados

Posted by aclimaadmin | junio 12, 2019 | Noticias del Sector

Fugas de combustible y vertidos de sustancias tóxicas penetran en los mantos acuíferos y afectan la salud de las personas.

Entre el 2008 y el 2018 se han acumulado en México 732 sitios contaminados, 52% de ellos en áreas de extracción y manejo de petróleo y derivados, de acuerdo con el Sistema Informático de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (SEMARNAT).

Un sitio contaminado es, según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del 2003, “un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas”.

La SEMARNAT clasifica los sitios contaminados en emergencias ambientales y pasivos ambientales, según sean la causa y antigüedad de la contaminación.

“Existe una emergencia ambiental cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata”, precisa la SERMANAT, a la vez que “considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente”.

Según la SEMARNAT, 711 de esos sitios tienen un programa de remediación aprobado.

Aunque el 67% de incidentes de contaminación se concentraron en los años 2011, 2012 y 2013, en el 2014 se produjo uno de los peores desastres ambientales en el país: el derrame de 40,000 m³ de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en el estado noroccidental de Sonora, que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora dejando sin acceso a agua potable a 25,000 habitantes de siete municipios colindantes con los ríos, población dedicada a la agricultura y elaboración artesanal de quesos y dulces.

Las autoridades afirmaron que el accidente se debió a problemas con las instalaciones de la minera y que la maquinaria no recibía mantenimiento. Además, la empresa recién reportó el derrame dos días después de ocurrido.

En agosto del 2018, al cumplirse cuatro años del desastre, la prensa reportó que poco o nada se había hecho para remediar el derrame. El Fideicomiso Río Sonora, encargada de manejar los recursos para resarcir los daños ocasionados a la población y presidido por la SERMANAT, fue declarado extinto en febrero del 2017 bajo acusaciones de opacidad, corrupción y malversación de fondos.

Las únicas dos plantas instaladas de las 36 que se debieron colocar para eliminar la presencia de metales pesados en el agua, no funcionan, a lo cual se suma que el Grupo México solo entregó una parte de los aportes económicos comprometidos con el gobierno para atender la contingencia.

Pasivos ambientales de PEMEX
El 18 de enero se produjo el estallido de un tramo del oleoducto que traslada combustible desde la localidad de Tuxpan, en el estado oriental de Veracruz, hasta la refinería de Tula, en Hidalgo, en el centro del país. La producción petrolera, a cargo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se concentra en los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, y en el Golfo de México.

PEMEX informó que la explosión ocurrió en una toma clandestina del ducto que atraviesa el municipio de Tlahuelilpan, a 100 km de Ciudad de México, para robar combustible, práctica conocida como “huachicoleo”. Más de un centenar de personas murieron y decenas quedaron heridas.

Una explosión similar ocurrió en diciembre del 2010 en San Martín Texmelucan, estado de Puebla, que dejó 29 muertos.

El huachicoleo tiene décadas, pero se ha intensificado en los últimos años. Informaciones periodísticas explican que los huachicoleros, o ladrones de combustible, perforan los ductos y colocan válvulas clandestinas para extraer la gasolina. Cuando la válvula falla y se produce la fuga de combustible, los huachicoleros abandonan el lugar. Los pobladores de los alrededores aprovechan para recoger la gasolina en baldes y recipientes para venderlo a pesar del peligro de contaminarse o de una explosión, como fue el caso de Tlahuelipan. Durante los 10 primeros meses del 2018, PEMEX registró más de 12,600 tomas ilegales en 25 de los 32 estados del país, siendo Puebla, Hidalgo y Guanajuato los que presentan la mayor incidencia, seguidos por Veracruz, México, Tampico y Tamaulipas. Las pérdidas que enfrenta la empresa por el robo de combustible superan los US$ 3 millardos anuales.

El portal Investigación y Desarrollo (INVDES) explicó que la gasolina, que está compuesta por una serie de sustancias tóxicas altamente volátiles, es el principal hidrocarburo extraído por el huachicoleo.

“Las fugas de gasolina provocan mortalidad y toxicidad de flora y fauna (aves, peces y mamíferos, invertebrados marinos), afectaciones a los hábitats, reducción de las densidades poblacionales; daños a los ecosistemas acuáticos por el aumento de sedimentos, alteración del flujo y calidad del agua subterránea, contaminación de aguas superficiales, alteraciones en los caudales de los ríos, efectos estructurales en la vida marina como los arrecifes, escorrentía de combustible debido a eventos de lluvia; daños al suelo por compactación; contaminación del aire por incendios, acumulación de gases de efecto invernadero en la atmosfera, entre otros. Es imperativo entonces remediar estos daños ecológicos”, indicó INVDES.

Son la SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) las instituciones encargadas de remediar los derrames dejados por el huachicoleo, que causan graves daños al suelo y penetran en los mantos acuíferos, además de afectar la piel, el cerebro y los tejidos blandos de las personas. En los últimos seis años se produjeron 4,386 emergencias a consecuencia del huachicoleo, según la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la PROFEPA.

Sectores de la sociedad civil, como Carto Crítica, iniciativa que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental, consideran que “si bien el combate al robo de combustibles es una tarea urgente, el gobierno actual debe presentar no solo los impactos económicos del desfalco a PEMEX, sino también los impactos y pasivos ambientales de la empresa, derivados de las tomas clandestinas a los ductos y de la operación de la paraestatal en lo general, y un plan de acción, enérgico y efectivo, para remediar y prevenir su ocurrencia”. –Noticias Aliadas.

Fuente: www.elmercuriodigital.net

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