España no recicla lo suficiente. Es algo de lo que las organizaciones ecologistas llevan advirtiendo desde hace años, y que ahora se traduce en una denuncia de 26 entidades contra el país ante la Comisión Europea. Una directiva de 2008 establecía que para 2020 el 50% de los residuos municipales de todos los miembros de la UE debían tratarse para la reutilización y el reciclado: la cifra española para ese año fue del 40,5%, muy lejos del objetivo. Hace un par de años, ya intentaron presentar esta misma demanda, pero la Comisión señaló que no podía hacerse con datos provisionales; ahora que los datos oficiales confirman sus sospechas, la denuncia sigue su curso. Si Bruselas la estima, podría transformarse en otro más de los expedientes que la Comisión Europea ha abierto a España, muchos por motivos ambientales y que en el caso de la mala depuración de aguas ha acabado en una millonaria multa.
“Llevamos años denunciando incumplimientos, tasas de reciclaje muy bajas en calidad y cantidad, nula presencia de políticas de prevención y reutilización, trasposiciones de directivas tardías y leyes que no se cumplen. La gestión de los residuos en España no funciona”, han reclamado las portavoces de las entidades denunciantes en una conferencia de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid.
Los datos de la memoria oficial del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico son claros: en 2020 se reciclaron solo el 40,5% de los residuos municipales. Y las previsiones de las entidades es que, si nada cambia, se van a seguir incumpliendo los objetivos en 2025 (55%) y 2030 (60%). “De hecho, la cosa va a peor. El avance de Eurostat sitúa la ratio de reciclaje de España para 2021 en 36,7%, por lo que el dato de 2020 no es que mejore, sino que va a la baja. Además, muy pronto no se podrán contar los residuos bioestabilizados como reciclados, por lo que la realidad es que solo se recicla una cuarta parte de los residuos (24,3%)”, ha detallado Carlos Arribas, responsable de residuos de Ecologistas en Acción.
A la lista de firmantes de la denuncia se suman organizaciones de distintos perfiles y ámbitos, como las principales ONG ambientales del país y organizaciones de diferentes territorios como Baleares, Navarra, Euskadi, Cataluña, Canarias y Galicia, donde se están sufriendo las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este incumplimiento. “Se vierten al año 11 millones de toneladas de residuos, lo que equivale a 800 estadios de fútbol o un kilo de basura por ciudadano y día. Esto no son solo estadísticas, es nuestra realidad: vertederos colmatados, entornos naturales contaminados y la salud de las personas en riesgo”, ha explicado Miquel Roset, director de Retorna.
Por su parte, Eva Saldaña, directora de Greenpeace, ha puesto el foco en que la denuncia es una “llamada de socorro” ante una situación que hace años que está “estancada y que, más que mejorar, empeora”. De hecho, Saldaña ha desvelado que, antes incluso de aprobarse el real decreto de envases el 27 de diciembre pasado, “el PP presentó una Proposición de Ley que se está tratando en el Parlamento y que pide rebajar los objetivos de prevención, reutilización y reciclaje por demasiado ambiciosos”. “No podemos confiar en que se vayan a cumplir la Ley de Residuos y el resto de normativas ante esta táctica de obstaculizar cualquier pequeño avance”, ha criticado la directora de Greenpeace.
En la conferencia de prensa, las entidades denunciantes han pedido al Estado español compromisos y soluciones reales, que según la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, pasan por: “poner fin al vertido de materiales sin tratamiento, implantar la recogida separada de la materia orgánica de manera definitiva, regular los flujos que ni tan siguiera tienen un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor y desplegar, monitorizar y cumplir con las medidas de reutilización, entre otras medidas”. Y la propia Ruibal ha anunciado: “vamos a seguir denunciando al Estado español las veces que haga falta hasta que esta situación cambie, porque la reducción de residuos es clave para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 y están intrínsecamente ligados a la emergencia climática”.
Fuente: El País