Ya es oficial. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno esta semana al acuerdo de asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo comprendido entre este 2021 y hasta 2025. Esta aprobación supone, en términos generales, que las instalaciones industriales afectadas, más de 700 en el estado, recibirán de forma conjunta 47,6 millones de derechos de emisión como promedio anual en los próximos cuatro años. Cifras que se traducen en un 13% menos que en 2020.Además, la generación eléctrica no recibirá asignación gratuita de derechos de emisión, tal y como sucede desde el 1 de enero de 2013. Esta medida, a decir del Ejecutivo, es coherente con el escenario actual de objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático.
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
Para el periodocomprendido entre 2021 y 2030 van a existir dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión dos regímenes dirigidos a pequeños emisores, que establecen obligaciones suavizadascuyo objetivo es reducir la carga administrativa para instalaciones y autoridades competentes. A las instalaciones que arrancan en uno de los regímenes de exclusión y que solicitaron asignación gratuita de derechos de emisión se les otorgan un total de 1,1 millones de derechos. Sin embargo, las asignaciones que se les aprueba únicamente se harán efectivas si son reintroducidas en el régimen general por alcanzar sus emisiones niveles superiores a los umbrales pertinentes.
Herramienta europea para la reducción de emisiones
El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) es la herramienta más importante de la Unión Europea para impulsar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, el sector de generación eléctrica y la aviación. Es el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño. Para ver su efectividad, nada mejor que un ejemplo cercano. Así, desde 2005, año en que se comenzó a aplicar, las emisiones bajo este régimen han disminuido en un 56% en España.
La aplicación de este régimen que abarca el periodo 2021-2030 se encuentra en la actualidad en su cuarta fase (entró en vigor el pasado 1 de enero). En esta fase se han introducido algunas mejoras en las reglas de funcionamiento para intensificar la reducción de emisiones y facilitar la inversión en tecnologías bajas en carbono. Esta fase se divide en dos periodos de asignación gratuita: la primera comprende desde 2021 a 2025 y la segunda desde 2026 a 2030.
La normativa europea dispone que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes por participar en este régimen no sean excesivos y conlleven una deslocalización de la industria europea a países que no imponen obligaciones medioambientales comparables. De hecho, el RCDE UE se define como un instrumento esencial para reducir de forma económicamente eficaz las emisiones de GEI. Las reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero son comunes en toda la UE y se aplica en todos los países de la Unión, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega. Limita las emisiones de más de 10.000 instalaciones del sector energético, de la industria manufacturera y de las compañías aéreas que operan entre los países donde se aplica y abarca en torno al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea funciona según el principio de «limitación y comercio». Esto significa poner un límite máximo a la cantidad total de algunos gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. Un límite que va bajando a lo largo del tiempo para hacer que disminuyan las emisiones totales.
Por debajo del límite, las instalaciones compran o reciben derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí según sus necesidades. El límite sobre el número total de derechos disponibles garantiza que tengan un valor.Al final de cada año, las instalaciones deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones, y en caso contrario se les imponen fuertes sanciones. Si reduce sus emisiones, la instalación puede conservar sus derechos sobrantes para cubrir sus futuras necesidades o venderlos a otra instalación que no tenga suficientes.
El comercio de derechos aporta una flexibilidad que garantiza la reducción de las emisiones donde resulte más barato. Además, y según sus promotores, poner claramente precio al carbono favorece la inversión en tecnologías limpias con pocas emisiones.
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