Tendrá una vigencia de tres años, hasta 2019, y se revisará una vez haya finalizado este periodo para evaluar su eficacia y el grado de implementación de las medidas previstas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Plan estatal de inspección 2017/2019 en materia de traslados transfronterizos de residuos, que pretende dar cumplimiento a las exigencias introducidas por un Reglamento comunitario del 13 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.
El texto europeo tiene como objetivo principal establecer una normativa uniforme para toda la Unión Europea, con el fin de organizar y regular la vigilancia, el control y la inspección de los traslados de residuos entre los Estados miembros de la Unión Europea, y entre éstos y terceros países, así como los tránsitos por territorio español.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es el encargado de autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países, y ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados. Es competencia de cada Comunidad Autónoma ejercer las mismas funciones en lo relativo a los traslados de residuos entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea.
REVISIÓN DEL PLAN CADA TRES AÑOS
Se prevé que el Plan de inspección se revise cada tres años, como mínimo, y se actualizará cuando proceda. En la revisión se evaluará la medida en la que se hayan aplicado los objetivos y otros elementos del Plan. Ello tiene como objetivo específico configurar las bases de un marco regulatorio para garantizar una planificación periódica y coherente de las inspecciones en dicha materia, que se desarrollará a través de programas anuales, en colaboración con otras administraciones competentes.
En estos programas anuales se concretará el régimen de las inspecciones y los tipos de controles a realizar. Además, se evaluarán los dispositivos concretos de cooperación entre las autoridades que participen en las inspecciones y los recursos humanos, financieros o de otro tipo que se hayan asignados al correspondiente programa anual.
El Plan de inspección no tiene repercusión directa en coste para las administraciones públicas, ya que los instrumentos previstos serán puestos en marcha con los recursos materiales y humanos existentes.