Bruselas apremia a España a adoptar la normativa comunitaria sobre contaminación atmosférica

Posted by aclimaadmin | 13/11/2020 | Noticias del Sector
La Comisión Europea ha apremiado a España a transponer completamente en la legislación nacional la normativa europea sobre reducción de contaminantes atmosféricos, en especial sobre la necesidad de llevar a cabo consultas transfronterizas al diseñar planes nacionales, según ha informado la institución en un comunicado.
Bruselas ha especificado que el Gobierno español no ha trasladado a la legislación nacional la disposición que obliga a los Estados miembros a realizar consultas transfronterizas cuando sea necesario en el proceso de diseño, adopción y aplicación de programas nacionales para combatir la contaminación atmosférica.
“España hace análisis de impacto en países vecinos pero no recoge específicamente la posibilidad de llevar a cabo consultas transfronterizas”, ha explicado el Ejecutivo comunitario. En consecuencia, la Comisión Europea ha mandado a las autoridades españolas una carta de emplazamiento, el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia y si persiste el incumplimiento, podría llevar a España ante la Justicia europea. Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha enviado otra carta de emplazamiento a España con respecto a la legislación nacional sobre análisis de impacto medioambiental y las excepciones que recoge.
Las normas europeas obligan a los Estados miembros a evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de cualquier proyecto por su propia naturaleza, tamaño o localización. “Sin embargo, la ley española que transpone la directiva establece algunos criterios de exclusión que eximen a proyectos de algunas categorías de los análisis de impacto únicamente teniendo en cuenta su tamaño”, explican las autoridades europeas.
Bruselas ha decidido enviar una segunda carta a España sobre esta cuestión al considerar que la gobernanza medioambiental “juega un papel clave” para garantizar un funcionamiento adecuado de las diferentes reglas europeas. Como en el caso anterior, el Gobierno dispone ahora de un plazo de dos meses para resolver las dudas de la Comisión Europea antes de que la institución dé un paso más en el procedimiento de infracción.

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