La Comisión Europea ha adoptado formalmente la revisión de las normas para ayudas de Estado destinados a proyectos verdes. Con ello, quieren flexibilizar el marco común y adaptarlo a los objetivos climáticos de la Unión Europea. Así, facilitarán inversiones en proyectos «verdes» que contribuyan a la transición ecológica, prioritaria para la UE.
Bruselas considera que la UE necesitará un gran volumen de inversiones sostenibles. Además, aunque cuente en gran medida con el sector privado, los servicios comunitarios quieren que las ayudas públicas contribuyan a acelerar la transición.
La modificación ha entrado en vigor el jueves 27 de enero, tras realizarse la propuesta en diciembre. Entre otras cosas, facilitará las inversiones de los Estados miembro en
energías renovables para acelerar la consecución del Pacto Verde de manera sostenible.
Así, según Europa Press, los países podrán subvencionar proyectos diseñados para la protección del medio ambiente. Eso incluye la generación de energía renovable, así como otras secciones que apoyen la descarbonización de la economía.
Además, Bruselas contempla otras iniciativas en el sector de las energías renovables; medidas de eficiencia energética; ayudas a la movilidad limpia; infraestructuras; economía circular; reducción de la contaminación; protección y restauración de la biodiversidad; así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético.
Bruselas espera la participación de las comunidades
Desde Bruselas, también se espera que las directrices faciliten la participación de comunidades de energías renovables y pymes, como motores importantes de la transición ecológica.
Entre los cambios introducidos por los servicios comunitarios para hacer posible esta flexibilización figura: ampliar las categorías de inversiones y tecnologías. En esa línea, se crea una única dedicada a la reducción y la prevención de las emisiones de gases de efecto invernadero. Facilitará la evaluación de las medidas de apoyo a la descarbonización.
Así, se permitirán importes de ayuda de hasta el 100% del déficit de financiación. Especialmente, cuando las ayudas se concedan después de una licitación pública. Además, se introducen nuevos instrumentos de ayuda. Entre ellos, los contratos por diferencia para el carbono para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades de ecologización de la industria.
Igualmente, la normativa abarca proyectos para la prevención o reducción de la contaminación distinta a la provocada por los gases de efecto invernadero. Como ejemplos: medidas contra la contaminación acústica, ayudas a la eficiencia y a la economía circular y apoyos a acciones de reparación de daños medioambientales.
Finalmente, habrá secciones específicas para aquellas ayudas que incentiven las inversiones en ámbitos emblemáticos. Como ejemplo, la eficiencia energética de los edificios y la movilidad limpia, en todos los modos de transporte.
La revisión introduce asimismo cambios en las normas vigentes sobre reducciones de determinados gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía.
Fuente: Energynews