Los conceptos asociados al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental son los más repetidos – hasta dieciocho veces- a lo largo de los 26 folios de los que consta el documento suscrito este sábado entre las fuerzas políticas que se disponen a sustentar el próximo gobierno de Canarias. Y, efectivamente, tal y como se llega a afirmar en uno de los puntos del pacto, la lucha contra el cambio climático será “una preocupación trasversal” para la legislatura 2019-2023.
Entre otras medidas novedosas, el Gobierno tendrá entre sus prioridades la elaboración de un plan integral de lucha contra el cambio climático en el que se incluirá la primer objetivo la expansión de las energías renovables, la movilidad sostenible (con facilidades para los vehículos eléctricos), un plan de tratamiento de residuos sólidos que incluya la “drástica reducción del uso de los plásticos” y una nueva política de aguas que permite recuperar los mermados acuíferos de Canarias mediante el ahorro, la desalinización y la reutilización de este recurso.
Pero la medida estrella a la que hasta ahora se han venido oponiendo los sucesivos gobiernos de Canarias y las patronales turísticas es la de la imposición de una tasa ambiental con carácter finalista destinada a hacer frente a ese plan integral de lucha contra el cambio climático. La tasa será cobrada a los turistas por cada día de pernoctación en el Archipiélago al modo que ya opera en otros destinos turísticos como Catalunya o Baleares, y en una docena de ciudades europeas como Lisboa, París, Praga o Amsterdam.
Cada turista habrá de pagar una tasa por pernoctación que variará en función del lugar en el que se encuentre su establecimiento, la categoría que tenga y la temporada turística en la que se produzca.
Un referente
La trasversalidad de las medidas ambientales ya se aprecian desde los primeros párrafos del acuerdo: “Este programa de progreso tendrá como eje vertebrador alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030, para que Canarias sea un referente en sostenibilidad social, económica y medioambiental, y mejorar así la vida de las personas”.
Las medidas también afectarán a la agricultura, a la que se pretende aplicar medidas que mejoren “nuestro nivel de autoabastecimiento de productos alimenticios y la producción de calidad y ecológica”; a la pesca, con apoyo especial a “aquellas pesquerías más sostenibles y de carácter artesanal”, y al sector industrial, con un plan de tratamiento de residuos sólidos y de extensión del autoconsumo energético, y a las infraestructuras, primando las inversiones públicas que contribuyan a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático en el fomento de las energías renovables, la depuración de aguas, la movilidad sostenible y la rehabilitación de viviendas para fomentar la eficiencia energética.
Fuente: El Diario