Uno de los asuntos clave de la 27.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) es abordar la transición energética para frenar la dependencia de los combustibles fósiles que sufre el planeta. Se trata de un reto tan difícil como necesario, ya que el carbón es la mayor fuente de emisiones de CO2 relacionadas con la energía, con 15.000 millones de toneladas en 2021. La UE ha suscrito junto a USA y otros países un acuerdo para la reducción de las emisiones procedentes de los combustibles fósiles, además de anunciar que eleva hasta el 57% la reducción de emisiones para 2030. Pero estos esfuerzos no son suficientes, los expertos consideran que con la dinámica actual es muy posible que el calentamiento global supere el límite de 1,5 ºC a fin de siglo y la financiación de la transición energética es un desafío, ya que se calcula que se necesitan casi 10 billones de dólares para sustituir al carbón como fuente de generación eléctrica para 2050.
En las conclusiones de la cumbre se fija la eliminación progresiva y racionalizada de las subvenciones a los combustibles fósiles, aunque “en consonancia con las circunstancias nacionales». También se clama por un mayor despliegue de las tecnologías energéticas limpias. Respecto a la financiación, se urge a los países desarrollados a cumplir con el objetivo de nutrir con 100.000 millones de dólares al año el Fondo Verde para el Clima y reitera el acuerdo del Pacto de Glasgow de duplicar el presupuesto del Fondo de Adaptación.
En todo el planeta hay cerca de 9.000 centrales de carbón, buena parte de ellas con menos de 15 años funcionando, por lo que plantear su cierre resulta peliagudo. Sin embargo, son las responsables de casi 15.000 millones de toneladas de CO2, tras aumentar en 2021 y 2022 la demanda mundial de carbón. El sector energético es el principal destinatario de este combustible, un 65% del total, con el que se produjo el 36% de la electricidad mundial en 2021. Estos son datos de un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que cifra en 6 billones de dólares el coste necesario para cumplir los compromisos de reducción de GEI para 2050, y en 9,5 billones si se pretende sustituir al carbón como fuente de generación eléctrica. La mayor parte de ese dinero se destinaría a implantar fuentes de energía alternativas.
El sector clave es la industria pesada, sobre todo la siderurgia y los áridos, que emplean un 30% del total del carbón mundial. En ese sentido, en la COP27 se ha presentado un plan director para acelerar la descarbonización de cinco sectores: la energía, el transporte por carretera, el acero, el hidrógeno y la agricultura. Varios países que representan más de la mitad del PIB mundial impulsarán acciones conjuntas que deberán aplicarse antes de la COP28 para abaratar y facilitar el acceso a las tecnologías limpias a nivel global. Las acciones se dirigen a sectores que representan más del 50% de las emisiones mundiales de GEI, a los que en la COP28 se unirán los de construcción y cemento.
También se ha llegado un acuerdo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles. En él participan la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Noruega, Singapur y el Reino Unido, que se han comprometido a crear un mercado internacional de energía fósil que minimice las emisiones de metano y CO2 en toda la cadena de valor, a la vez que promoverán la reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles.
Por su parte la UE ha anunciado que aumentará del 55 al 57% la reducción de emisiones para 2030, y ha alcanzado un acuerdo con Egipto para acelerar la producción de hidrógeno verde y poder avanzar en la descarbonización del sector energético. Pero todos estos esfuerzos en los territorios de los países desarrollados pueden ser insuficientes si se siguen explotando los recursos de los países en vías de desarrollo. Según un informe presentado por varias ONGs, 200 empresas están explorando o desarrollando nuevas reservas de combustibles fósiles en África. Estos proyectos abarcan 48 de las 54 naciones africanas, donde desde 2017 se han autorizado 886.000 kilómetros cuadrados para nuevas exploraciones de petróleo y gas. En este mismo sentido, Brasil, India, China y Sudáfrica han criticado el doble estándar de los países desarrollados, ya que se sigue presionando a las naciones en desarrollo para que abandonen los combustibles fósiles mientras que ellos mismos han incrementado su consumo el último año.
Nuevo fondo para financiar pérdidas y daños
En la COP27 se ha incluido por primera vez de manera oficial la cuestión de las indemnizaciones por daños del cambio climático, la UE y Estados Unidos rechazaron en un pricipio la creación de un fondo específico para compensar las pérdidas y daños causados por los desastres relacionados con el clima, aunque Europa ha abogado por un mosaico de medidas que articulen un mecanismo de indemnizaciones a países afectados por el cambio climático, sin descartar del todo la creación de un nuevo fondo dedicado a reparaciones climáticas, pero impulsando soluciones mientras se acuerda. Los países desarrollados argumentaban que ya existen muchos fondos disponibles en los programas de ayuda actuales, y que la prioridad es movilizar recursos, frente al impulso de un nuevo fondo de ayudas. Pero los países vulnerables no han dado su brazo a torcer y la plataforma compuesta por la asociación de países isleños, el G77, China, los países africanos y la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe han reclamado públicamente su determinación para obtener «acciones» y no «promesas» respecto al fondo de compensación climática. Por su parte, la ONU ha pedido a las partes que pacten un acuerdo «ambicioso y creíble» sobre cómo financiar a los países vulnerables por las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
Finalmente, en la COP 27 se ha aprobado la creación de un nuevo fondo para financiar pérdidas y daños en países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Este nuevo mecanismo de financiación de reparaciones en los estados más afectados por la crisis climática no está del todo definido, ya que se ha decidido que un comité de transición elabore una propuesta sobre qué países u organizaciones y cómo contribuirán al fondo de pérdidas y daños. Pese a esto, se ha acordado poner en marcha la Red de Santiago, para ofrecer asistencia técnica en pérdidas y daños a los países en desarrollo. Este mecanismo se preconfiguró durante la COP25 aunque hasta ahora no ha sido operativo.
Además, la UE ya ha anunciado que contribuirá por primera vez a financiar a los países más vulnerables por las pérdidas y daños sufridos en su territorio por los efectos del cambio climático, con un presupuesto inicial de 60 millones de euros. Esta iniciativa forma parte del paquete de inversión del Portal Global UE-África, que cuenta con programas de adaptación al cambio climático por más de 1.000 millones de euros. La UE es el mayor contribuyente a la financiación climática pública internacional, con 23.000 millones de euros en 2020 y 2021. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado que duplicará su aportación al Fondo de Adaptación, hasta los 100 millones de dólares, además de vehicular 150 millones en ayudas para acelerar el Plan de Emergencia del Presidente para la Adaptación y la Resiliencia (PREPARE) en África.
De cualquier manera, durante la conferencia se ha hecho público un informe que calcula la financiación que necesitarían los países del hemisferio sur hasta 2030 para afrontar las consecuencias de la crisis climática. Nada menos que entre 160.000 y 340.000 millones de dólares de aquí a 2030, y entre 315.000 y 565.000 de 2030 a 2050. Por eso, otra cuestión que se ha puesto sobre la mesa es la asistencia del sector privado, con el llamamiento público de la Presidencia de la COP27 a que las empresas colaboren en cubrir las necesidades económicas que los países más vulnerables requieren para reducir las emisiones y mejorar su adaptación a la crisis climática.
Los países africanos han hecho un llamamiento a las naciones desarrolladas para impulsar una transición energética global justa, aportando más dinero en ayudas para paliar las consecuencias del cambio climático y aumentar la resiliencia en el cono sur, sobre todo teniendo en cuenta que estos países suponen tan solo el 4% de las emisiones a nivel mundial. Por su parte, Colombia estima en 200.000 millones de dólares la financiación que necesita América Latina para hacer frente a la crisis climática, y ha propuesto el cambio de deuda de los países por acción climática en todo el mundo, opción con la que el vicepresidente de la CE, ha coincidido en una entrevista concedida en el transcurso de la COP27. En sus propias palabras, Frans Timmermans afirmó que se debe “estudiar la forma de tratar las deudas en el ámbito mundial”, abriendo la opción de cancelar algunas, pero también “otras formas de deuda con plazos más largos, préstamos de fácil acceso y más subvenciones en financiación climática”.
Superando el límite de 1,5ºC
El objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global preferiblemente a 1,5ºC a fin de siglo en comparación con los niveles preindustriales no tiene buenas perspectivas de cumplirse. El estudio publicado en la revista “Nature Climate Change” anuncia que las actuales promesas climáticas son insuficientes y es probable que el planeta se caliente por encima de los 1,5ºC, por lo que habría que redoblar esfuerzos para bajar después de ese nivel.
Además, los datos del Climate Change Performance Index indican que ningún país del mundo está en camino de limitar calentamiento a 1,5 °C, y que el planeta sigue siendo dependiente de los combustibles fósiles. La UE asciende tres puestos respecto al año anterior y pasa a ocupar la decimonovena posición, mientras que España se sitúa en el puesto 23. Los mayores emisores de GEI se encuentran en la cola de este índice, China ocupa el puesto 51, Estados Unidos el 52 y Rusia el 59.
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