El despilfarro de alimentos es un problema global que es necesario atajar. Según la FAO alrededor de un tercio de los alimentos del mundo se desperdician cada año, con pérdidas en todas las fases de la cadena de valor. El desperdicio alimentario perjudica al conjunto de la sociedad, porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos y aumenta los residuos y el impacto ambiental. Así, la ONU estima que el desperdicio alimentario global supone entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO2 del planeta, pero otros estudios calculan que los gases de efecto invernadero derivados de la industria alimentaria pueden ser hasta un tercio de las emisiones globales.

El coste de tirar comida va mucho más allá del valor del producto desechado, ya que incorpora también costes de compra, preparación, personal y energía, lastrando la eficiencia del sector productivo y su competitividad. La FAO calcula que en el mundo se desperdician unos 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos, pero las pérdidas y el desperdicio alimentario no se producen en un único punto. El 60% del derroche alimentario sucede en los hogares, el 28% corresponde a los proveedores de servicios alimentarios y el 12% al comercio minorista.

En lo que respecta a España, los últimos datos de 2024 anuncian que se desperdiciaron 1.125 millones de kilos o litros, con una mejora del 4,4% respecto al año anterior y una reducción acumulada de casi un 20% desde 2020. Sin embargo, aún queda margen de mejora, y en 2025 se aprobó la Ley de Desperdicio Alimentario, que busca impulsar un sistema de producción de alimentos más eficiente, enmarcado en los principios de la Economía Circular.

Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Esta norma obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria en España a minimizar el descarte de comida mediante planes de prevención, donaciones obligatorias de excedentes y la obligación para restaurantes de facilitar envases para llevar las sobras. La regulación también introduce obligaciones de formación para el personal que manipula o gestiona productos alimentarios.

En la ley se establece una jerarquía de prioridades centrada en la prevención y el aprovechamiento de los alimentos, y su objetivo es prevenir y reducir las pérdidas y el despilfarro de alimentos en todas las etapas, desde la producción hasta el consumo final. De esta forma, la prioridad máxima es el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos. Para la donación de los excedentes, los agentes de la cadena deben suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Estas entidades tienen que garantizar la trazabilidad de los productos donados y asegurarse de que solo se destinen a la donación, y no a ser comercializados de nuevo.

La segunda escala en el orden de prioridades es la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en productos como zumos o mermeladas, entre otros. Por último, en tercer orden se establece que el destino de los alimentos debe ser, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.

Además, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer tuppers, envases reutilizables o fácilmente reciclables, para que los clientes puedan llevarse las sobras de sus comidas. También deben informar en sus cartas sobre la posibilidad de elegir el tamaño de las raciones para ajustar la cantidad al apetito del consumidor.

Esta disposición no solo garantiza que los alimentos sobrantes puedan ser aprovechados, sino que impulsa asimismo una mayor concienciación sobre el impacto ambiental del desperdicio de alimentos y el uso de materiales no reciclables.

Dimensión ambiental y climática del desperdicio alimentario

Aunque las implicaciones sociales del despilfarro de alimentos son notables, no son las únicas consecuencias, ya que un informe publicado por la ONU revela que constituye a entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Para visibilizar mejor la magnitud de este problema hay que considerar que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería la tercera nación con más emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, sólo detrás de China y Estados Unidos.

También un estudio de la la revista científica Nature Food analiza el impacto climático de la industria alimentaria, y expone que los gases de efecto invernadero derivados de su actividad pueden ser hasta un tercio de las emisiones globales. Por su parte, Greenpeace estima que el desperdicio alimentario representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo alimentario en España, unos 21,4 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Además, hay que considerar que el desperdicio de alimentos implica también un gran un impacto ecológico debido sobre todo al derroche de recursos naturales. Se calcula que tirar comida equivale a desperdiciar aproximadamente el 20% del consumo global de agua dulce, y que el despilfarro equivale a destinar 28% de toda el área agrícola del mundo para cultivar alimentos que terminan en la basura. En total, el World Bank calcula que la pérdida y el desperdicio de alimentos provoca un coste aproximado de 1 billón de dólares a la economía mundial.

Otro aspecto importante es la desforestación producida por destinar cada vez más tierras a labores agrícolas o ganaderas. La pérdida de biodiversidad derivada contribuye a la inestabilidad del clima, y por tanto a la sucesión de sequías e inundaciones

Lo cierto es que el impacto climático del desperdicio alimentario suele pasar desapercibido, y hasta 2022 solo 21 países habían integrado formalmente la pérdida y reducción de desechos de alimentos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Para afrontar el desperdicio alimentario y sus consecuencias en las emisiones se requieren bases de referencia y mediciones periódicas, y en ese sentido el PNUMA y la FAO hicieron público un llamamiento para que más naciones incluyan estas medidas en las revisiones actualizadas de sus planes climáticos.

Desperdicio alimentario en Euskadi

En Euskadi, el segundo diagnóstico sobre el desperdicio alimentario en toda la cadena agroalimentaria, elaborado por ELIKA Fundazioa y publicado este 2026, ofrece una base más precisa para identificar dónde se concentran las pérdidas y orientar las medidas de prevención. El estudio estima que anualmente se generan 247.668 toneladas, equivalentes a 111,65 kilos por habitante, y señala que el 97% se concentra en los hogares, la hostelería y la distribución. Aunque los hogares continúan representando aproximadamente la mitad del total, han reducido cerca de un 11% su desperdicio respecto a 2022. También destaca la evolución de la industria alimentaria vasca, que lo ha disminuido un 70% y valoriza o reaprovecha más del 98% de sus mermas. El trabajo desarrollado por ELIKA consolida el seguimiento iniciado en Euskadi en 2018 y servirá de base para el nuevo Plan Estratégico 2026-2030, orientado a reforzar la formación, la sensibilización y la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía en el ámbito del del desperdicio alimentario.

En 2024 y en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, se impulsaron 43 iniciativas vascas para hacer frente al despilfarro alimentario. Aclima también contribuye a reducir el desperdicio alimentario y su impacto ambiental mediante iniciativas como FOODDELIVERY, orientada a fomentar modelos de distribución de alimentos más sostenibles a través de la medición de su huella ambiental y la promoción de buenas prácticas, y CIRCULAR COOKING, un proyecto que acompaña a los sectores de la restauración y la hostelería en la adopción de estrategias alineadas con los principios de la economía circular.