Con 553 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones, el Parlamento confirmó un acuerdo alcanzado con el Consejo en diciembre de 2021 sobre el octavo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente (PAE) para orientar la política medioambiental de la UE hasta 2030 y alinearla con el Pacto Verde Europeo.
Objetivos medioambientales prioritarios del octavo PAE
En primer lugar, se debe alcanzar la mitigación del cambio climático con el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, así como una adaptación a los efectos presentes del cambio climático.
Por otro lado, se plantea el avance hacia una economía del bienestar y circular que devuelva al planeta más de lo necesario.
El siguiente objetivo es alcanzar la contaminación cero, incluso en relación con los productos químicos nocivos, y proteger, preservar y restaurar la biodiversidad.
Por último, se reducirán significativamente las presiones medioambientales clave relacionadas con la huella de carbono del consumo de la UE.
Eliminación gradual de los combustibles fósiles y otros subsidios perjudiciales para el medio ambiente
Con el fin de reforzar los incentivos positivos y poner fin gradualmente a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, la UE establecerá un marco legislativo vinculante para supervisar e informar sobre el progreso de los Estados miembros hacia la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles. También debería establecer un plazo para recortar todas las ayudas públicas a estas fuentes de energía perjudiciales para el medio ambiente, alineadas con la ambición de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
A más tardar en 2023, la Comisión presentará una metodología para identificar otras subvenciones perjudiciales para el medio ambiente con vistas a informar sobre los progresos realizados por los Estados miembros hacia su eliminación gradual.
Mejora del mecanismo de gobernanza
Por otro lado, la Comisión supervisará, evaluará e informará anualmente sobre los progresos realizados por la UE y los Estados miembros en la consecución de los objetivos medioambientales prioritarios. El texto prevé un nuevo cuadro de mando resumido e indicadores que miden el progreso «más allá del PIB», para guiar la formulación de políticas.
La evaluación será pública y tanto las acciones emprendidas como las medidas futuras previstas serán debatidas cada año por las instituciones de la UE. Si una revisión intermedia de los progresos realizados (a más tardar el 31 de marzo de 2024) determina que es necesario hacer más para alcanzar los objetivos prioritarios de aquí a 2030, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa con iniciativas adicionales.
Las autoridades de la UE, nacionales, regionales y locales también deben aplicar sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas para reducir los riesgos de incumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión Europea.
Fuente: Energynews