La Ley de Cambio Climático es el primer paso hacia los objetivos sostenibles de la Unión Europea
La crisis del coronavirus ha precipitado todavía más el debate sobre la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la transición hacia un modelo económico más sostenible. En los últimos meses, multitud de dirigentes políticos y expertos han insistido en esta idea aprovechando la coyuntura provocada por el Covid-19, que ha evidenciado la estrecha relación entre la economía y las emisiones de CO2. De hecho, en el mismo mes de mayo el Gobierno de España remitió a las Cortes el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética y aprobó la Estrategia Española de Economía Circular junto al anteproyecto de la Ley de Residuos.
Todo ello se produjo al tiempo que la Comisión Europea (CE) planteaba exigir la implantación de políticas verdes como contrapartida a los países que quieran recibir financiación comunitaria para paliar la crisis del coronavirus, como es el caso de España. En concreto, la CE propuso la creación de un fondo de reconstrucción europeo, que en el caso de que salga adelante, otorgará ayudas a los estados que presenten un plan de inversiones y reformas, entre ellas, las dirigidas a la creación de empleos vinculados a la descarbonización y las energías renovables o al apoyo a pymes relacionadas con la transición ecológica.
Estos incentivos propiciarían una salida de la crisis más sostenible, evitando el camino optado por países como Estados Unidos o China, que durante la pandemia flexibilizaron el cumplimiento de las normas medioambientales para sus empresas. Así lo lamenta el presidente de la Comisión parlamentaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, que subraya que “incluso aquí las comunidades autónomas están modificando las leyes que afectan al urbanismo para facilitar otra vez una salida a través del ladrillo”, en referencia a la nueva ley de suelo que impulsó hace unas semanas la Junta de Andalucía. Frente a ello, en declaraciones a este diario, señala la necesidad de que se busque una salida a la crisis sin caer en lo que ha venido siendo tradicional, sobre todo en el caso de España, que “es uno de los estados de la UE que va con más retraso en legislar contra el cambio climático”.
En este sentido, López de Uralde, que fue presidente de Greenpeace durante diez años, ve positivos los incentivos comunitarios y destaca la adopción de medidas de inversión pública que atraigan la producción de automóviles eléctricos como una de las actuaciones que podría reclamar la UE para acceder a determinados fondos de ayudas. Asimismo, subraya la necesidad de poner el foco en el uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, dado que, según el experto, en el 95% de los casos se realiza por carretera, que es más contaminante e insostenible. Junto a ello, señala las actuaciones relacionadas con la rehabilitación energética de edificios y la prioridad de “obligar a las ciudades a establecer zonas de bajas emisiones”, algo que se contempla en la Ley de Cambio Climático, al igual que las medidas orientadas a la descarbonización.
“Estas son el tipo de políticas que más fácilmente pueden conseguir financiación de la Unión Europea porque están en línea con los directivos y con el pensamiento de cómo se debe salir de la crisis desde el punto de vista de la mayor parte de Europa”, asegura el experto, afirmando que “si se aprueba la Ley de Cambio Climático será un gran avance y tendremos mucho camino recorrido, ya que muchas medidas están ahí concentradas”.
Sin embargo, no todas las opiniones sobre esta orden son totalmente positivas. El director del think tank Observatorio de Sostenibilidad (OS), Fernando Prieto, considera que la misma es importante pero que se queda “muy corta” con respecto a la previsión anual de reducción de emisiones, considerándola “poco ambiciosa”. Además, afirma que España sigue rezagada con respecto a otros países en el proceso de descarbonización, que debe hacerse “cuanto antes”, y aboga por que la reconstrucción del país tras la crisis se centre en favorecer a sectores económicos como el agroalimentario o el turístico, pero reduciendo su impacto ambiental.
Por su parte, el director de EsadeGeo, Ángel Saz-Carranza, ve las clausulas verdes que impone la UE como una “oportunidad” de redirigir el sistema energético español a uno más renovable. El experto apunta a que España podría apostar más por dos tecnologías, una, la captura de carbono, “aprovechando la gran infraestructura gasística que tiene el país”, y otra dirigida a “obtener hidrógeno con energías renovables”, que podría usarse como combustible y ser la clave de un futuro sostenible. “Eso de alguna manera podría mitigar el efecto negativo que pueden tener las políticas medioambientales a corto plazo en la industria, por quitarle competitividad y subir los costes energéticos”, explica el experto.
Sin embargo, Saz-Carranza también asegura que esas exigencias de la UE para acceder a determinados fondos de ayudas, incluidos el Pacto Verde Europeo o al Mecanismo para una Transición Justa, entrarán en “conflicto” cuando se enfrenten una “prioridad medioambiental y una laboral”, lo que puede dificultar el proceso de recuperación del empleo “con la rapidez que se necesita”.
“Los paises que quieran acceder a cualquier fondo van a tener que justificar que van alineados con el objetivo de la UE de llegar a la neutralidad de emisiones. Eso va a ser muy difícil porque en muchos casos los nuevos sectores requieren de menos empleo y el objetivo de los gobiernos nacionales va a ser recuperar el empleo cuanto antes”, dice, y pone de ejemplo el sector del automóvil, puesto que “la generación de un coche eléctrico requiere de un tercio de los empleos que la fabricación de uno normal”. Además, con respecto a este sector, el experto señala que “el mayor reto que tiene España es retener empleo en sus fábricas de automóviles con dos dificultades: una, que no tiene fabricantes nacionales, y otra, que será difícil alcanzar la neutralidad de emisiones y a la vez competir en el comercio internacional”.
Fuente: CINCO DÍAS