En un entorno político y económico inestable, con continuas perturbaciones macroeconómicas y un conflicto a las puertas de la Unión Europea con la invasión rusa de Ucrania; una crisis energética y una inflación desatada, el desafío para hacer frente al calentamiento de la Tierra es que los objetivos de descarbonización de la economía no se relajen por las circunstancias globales.
Los Acuerdos de París, firmados en 2015, establecen limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los dos grados centígrados, tomando como referencia los niveles preindustriales, y redoblar esfuerzos para que este incremento no sea superior a 1,5 grados centígrados. Además, la Unión Europea y otros países del resto del mundo se han comprometido a descarbonizar todas sus actividades económicas y ser neutros en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050.
Para conocer los últimos avances en materia de sostenibilidad, El Confidencial y Acciona organizaron el debate ‘El impacto económico de la lucha contra el cambio climático’, que forma parte del ciclo de conferencias ‘Descarbonizar las ciudades’, con la intención de analizar los retos asociados a la lucha contra el cambio climático en diferentes sectores económicos. En esta mesa redonda participaron María Peñahora García, consejera de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en España; José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de Acciona; Ricardo Pedraz, consultor del área de Finanzas Públicas de AFI, y Burçak Inel, directora de Crecimiento Financiero de la Federación Bancaria Europea. También contó con la apertura institucional de Gonzalo García Andrés, secretario de Economía y Apoyo a la Empresa, que inauguró el debate.
Para financiar esta transición energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevén movilizar 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030. De esta cifra, está previsto que el sector privado aporte el 80% de las inversiones totales, mientras que el 20% restante, unos 47.000 millones de euros, serán aportaciones de las distintas administraciones públicas respaldadas, en parte, por los fondos europeos Next Generation.
“El plan español ha tenido hasta un 40% de inversiones dedicado a la transición verde, superando la exigencia mínima fijada por la Unión Europea. Desde que llevamos ejecutando el plan, se han alcanzado hitos significativos tanto de reforma como de inversiones”, dijo el secretario de Economía y Apoyo a la Empresa al abrir el acto.
“El plan español ha tenido hasta un 40% de inversiones para la transición verde, superando la exigencia mínima de la UE” (García Andrés)
En este sentido, García Andrés enumeró todas las iniciativas aprobadas en el segundo semestre de 2021, como la hoja de ruta para la eólica marina, la estrategia para la movilidad sostenible, la de autoconsumo y para la economía circular. “Estas hojas de ruta se unen a la Ley de Cambio Climático y a la aprobación de dos Perte; uno para las renovables, almacenamiento e hidrógeno, y otro para la economía circular”, añadió sobre estos planes de inversión público-privada.
El secretario de Economía también destacó las “convocatorias en el primer semestre de este año para políticas públicas para la transición energética por un importe de 7.400 millones de euros, y de movilidad sostenible por 7.200 millones, además de 1.500 millones en subvenciones a ayuntamientos y 900 millones a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar actuaciones de mejora de la calidad del aire e impulso a la descarbonización en la movilidad urbana”.
Dentro del ámbito de finanzas sostenibles, García Andrés señaló “los esfuerzos de la Unión Europea para crear un mercado de capitales integrado y verde”. Y, en el ámbito nacional, “la creación del marco para bonos verdes, que fue el primer paso para que el Tesoro hiciera su primera emisión de este tipo de deuda, y va a formar parte de uno de los elementos regulares de la política de financiación de la deuda del Estado”.
Además de la financiación, el debate abordó las profundas implicaciones y cambios que se producirán en el mercado laboral. La consejera de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en España destacó que “en esta transición hacia una economía verde se perderán cerca de seis millones de empleos, pero se crearán unos 24 millones de puestos de trabajo por la reconversión de sectores económicos. El número de empleos asociados a la economía verde crecerá desde los 10 millones que se estima había en 2010 hasta 30 millones de puestos de trabajo en 2030”.
En mercados con mayor volatilidad e incertidumbre económica y sucesos disruptivos e imprevistos, como la pandemia y ahora el conflicto en Ucrania, el director de Sostenibilidad de Acciona llamó a aprovechar las oportunidades sobre las únicas certidumbres que todavía existen en la economía.
“En 2030 y en 2050, seremos más digitales y más sostenibles. El mercado europeo y la economía española están perdiendo el terreno de la transformación digital frente a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China. La única ventaja competitiva de Europa es la economía verde, con el Green Deal de la UE y el apoyo de los fondos Next Generation, que suponen una gran oportunidad para reindustrializar Europa y promover un nuevo modelo de desarrollo”, dijo Blasco.
“Nadie nos ha enseñado a vivir en una economía descarbonizada, y nos estamos enfrentando a este desafío ahora. Este salto podría suponer entre un 4-5% del PIB, pero la inacción de no hacer nada se calcula que nos costará el 20% del PIB”, añadió el directivo de Acciona.
En la jerga económica, este coste para reducir las emisiones de gases contaminantes se conoce como ‘green inflation’, o la presión sobre el índice de los precios derivada de la transición hacia una economía verde. Frente a este término económico, el consultor del área de Finanzas Públicas de AFI pidió poner el foco de atención en otro mucho menos extendido: ‘climate inflation’. “Los riesgos asociados a continuar con una economía dependiente de las industrias fósiles son mucho peores de lo que tenemos. Es un mensaje en el que el supervisor europeo está de acuerdo, y es el incremento de los precios por los desastres naturales, la escasez de agua, las inundaciones, incendios, etcétera”, explicó Pedraz.
El impacto que tiene una sequía sobre el precio y el suministro de los alimentos; los cambios en la estacionalidad de la siembra y recogida de las cosechas por el calentamiento de la tierra, o la subida del nivel del mar, que afectará a las zonas más turísticas del litoral, fueron algunos de los ejemplos de ‘climate inflation’ descritos en el evento. “Entre los sectores económicos más perjudicados por esta transición energética están la industria, la energía y el transporte, y los más beneficiados serán la industria, la energía y el transporte. Son estos sectores los que, principalmente, se tienen que transformar”, añadió el consultor del área de Finanzas Públicas de AFI.
Si en el ámbito nacional el Gobierno prevé financiar con 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030 esta transición, la movilización de recursos en toda la Unión Europea será de trees billones de euros, explicó la directora de Crecimiento Financiero de la Federación Bancaria Europea. “Para lograr sus objetivos de descarbonización, la UE invertirá cerca del 30% de su presupuesto 2021-2028 y de los Fondos Next Generation een el Green Deal europeo”, dijo Inel.
Además del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) aprobado en marzo de 2021 por la UE, el sector financiero contará con los criterios establecidos por la taxonomía verde, con la que la Comisión Europea espera hacer más claras y transparentes la inversión y la financiación en determinadas actividades consideradas como sostenibles, como las que ayudan a reducir el cambio climático, su mitigación y adaptación; economía circular; la protección de los recursos marinos e hídricos, y la biodiversidad y el control de la contaminación.
“La taxonomía establece tres tipos de inversión verde: los activos que contribuyen directamente a reducir los objetivos de emisión —como un parque eólico o solar—; financiar sectores o actividades asociadas a la transición ecológica, como sistemas de almacenamiento de electricidad o de hidrógeno, y tercero, aquellas actividades que no son completamente sostenibles, pero que contribuyen a reducir un nivel de emisiones fijado para el sector, como una cementera con mejoras en sus procesos o las plantas de ciclo combinado de gas o energía nuclear que cumplan con unos requisitos”, explicó la directora de Crecimiento Financiero de la Federación Bancaria Europea.
Esta transición energética, tanto en España como a nivel global, es un “proceso complejo y contradictorio”, añadió la consejera de la OIT. En nuestro país, “hay poblaciones muy afectadas por el cierre de minas o centrales térmicas y, a lo mejor, el empleo no se crea en esas mismas zonas. Por esta razón son importantes los modelos de transición justa”, dijo Peñahora.
En comparación con otros países, Blasco destacó que España “no va a sufrir tanto en la parte de mitigación, como India, Brasil o China, que deben acelerar muchísimo, pero sí hay retos en adaptación”. El responsable de Sostenibilidad de Acciona añadió que a nivel global la transición energética y el cambio climático provocarán también una “mayor participación de los países del norte por su tecnología, además de mucha litigación sobre quién causó los daños”, y puso como ejemplo la demanda interpuesta por grupos activistas medioambientales contra la petrolera Shell en los juzgados de Holanda.
Fuente: El Confidencial