Esta es una norma de gran importancia para los gestores de residuos porque supone una modificación importante al régimen legal existente al respecto en la Ley 22/2011, aunque está en consonancia con la futura nueva ley de residuos.
Con esta norma se busca facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de la obligación de constituir garantías financieras adecuadas para poder responder de las responsabilidades que les puedan ser exigidas por la administración, o por las personas que pudieran verse afectadas por daños o lesiones a consecuencia de accidentes ocurridos en el ejercicio de su actividad.
Se busca también dotar a las autoridades competentes de mayores facilidades para obtener la compensación que proceda en caso de un incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que les son exigibles a los productores y gestores de residuos.
Más información: texto del Real Decreto en el BOE