El desarrollo de la economía verde movilizará un importante montante de capital y estimulará la actividad
En medio de una crisis sanitaria y económica de magnitudes históricas, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el objetivo de regular el cumplimiento de los compromisos medioambientales que España debe asumir en los próximos años, pero con la vista puesta también en el proceso de recuperación de la actividad que debe afrontar la economía. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, recalcaba en su comparecencia el importante montante de inversión que la norma pretende movilizar –más de 200.000 millones de euros entre 2021 y 2030, el 70% del cual será privado– y el impulso al empleo que presumiblemente traerá consigo, entre 250.000 y 350.000 puestos a lo largo de la próxima década.
La tramitación de la futura ley arranca en una coyuntura compleja, pero en la que confluyen dos circunstancias que pueden favorecer su puesta en marcha. Por un lado, la constatación sobre el terreno, aunque de forma obligada y por razones sanitarias dramáticas, de que es posible reducir la contaminación en las ciudades, tal y como ha sucedido debido al confinamiento de la población y la paralización de la actividad. Pero también por la reactivación del debate sobre la necesaria reforma del modelo productivo español, un proyecto en el que la descarbonización y la transición energética ocupan un lugar ineludible.
El desarrollo de la economía verde movilizará un importante montante de capital y estimulará la actividad, lo que resulta fundamental en la grave coyuntura en que están inmersas la economía española y la economía global, pero también traerá consigo requerimientos que pueden suponer serias cargas para las empresas y obstaculizar la recuperación. Precisamente por ello, resulta clave que la primera fase de puesta en marcha de la ley se lleve a cabo de forma inteligente, pragmática y económicamente racional, adaptando su hoja de ruta al escenario de recesión que afronta el país y poniendo el acento en las inversiones productivas, al tiempo que se extrema la sensibilidad en la aplicación de las políticas más restrictivas y que pueden perjudicar en mayor medida a los diferentes sectores de actividad.
La actividad legislativa se desarrolla siempre en torno a unos objetivos definidos, que en este caso incluyen la progresiva descarbonización de la economía y la lucha contra la contaminación medioambiental, pero su génesis no puede desvincularse nunca del escenario económico y social. El reto que afronta el Gobierno con la tramitación de esta ley es defender los compromisos irrenunciables, pero adaptar su exigencia a la coyuntura y necesidades que afronta en este momento el país.
Fuente: CINCO DÍAS