{"id":58870,"date":"2026-05-22T09:37:08","date_gmt":"2026-05-22T07:37:08","guid":{"rendered":"https:\/\/aclima.eus\/?p=58870"},"modified":"2026-05-22T12:44:13","modified_gmt":"2026-05-22T10:44:13","slug":"una-autoridad-independiente-supervisora-para-regular-la-responsabilidad-social-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aclima.eus\/en\/una-autoridad-independiente-supervisora-para-regular-la-responsabilidad-social-empresarial\/","title":{"rendered":"Una autoridad independiente supervisora para regular la Responsabilidad Social Empresarial"},"content":{"rendered":"

Recientemente se ha presentado el informe Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial<\/strong><\/a>, elaborado por una comisi\u00f3n de expertos a petici\u00f3n del Ministerio de Trabajo y Econom\u00eda Social. Los \u00e1mbitos que abarca son los derechos sociolaborales y medioambientales<\/strong> en las empresas y constituye un conjunto de propuestas<\/strong> para la negociaci\u00f3n con los agentes sociales y poder impulsar una reforma legislativa. La intenci\u00f3n ser\u00eda llevar a cabo una trasposici\u00f3n m\u00e1s ambiciosa de la Directiva europea de diligencia debida<\/a>, que incluya un r\u00e9gimen sancionador<\/strong> y una autoridad reguladora<\/strong> competente en la materia.<\/p>\n

El Ministerio de Trabajo y Econom\u00eda Social encarg\u00f3 el a\u00f1o pasado a un grupo de expertos que elaborara un informe sobre el marco normativo de la responsabilidad social de las empresas. El resultado es el informe que recientemente se ha hecho p\u00fablico<\/a> y en el que se detallan cien propuestas de mejora. Sin embargo, para poder convertirse en norma debe se acordado con los representantes de las empresas<\/strong> y aprobado en ambas c\u00e1maras legislativas, por lo que de momento se trata tan solo de una declaraci\u00f3n pol\u00edtica de intenciones.<\/p>\n

En esta misma l\u00ednea, el mes pasado se reactiv\u00f3<\/a> el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas<\/strong> (CERSE) tras m\u00e1s de diez a\u00f1os inactivo, con la intenci\u00f3n de convertirlo en el observatorio de la RSE en Espa\u00f1a, y se inform\u00f3 de la futura creaci\u00f3n de un Sello de Empresa Socialmente Responsable. El objetivo final de todas estas iniciativas ser\u00eda el desarrollo de la futura nueva Estrategia Espa\u00f1ola de Responsabilidad Social de las Empresas<\/strong>.<\/p>\n

El informe defiende que la RSE es un elemento estructural de la gesti\u00f3n corporativa y no una pr\u00e1ctica meramente voluntaria<\/strong>. Para ello aboga porque las empresas asuman una responsabilidad efectiva sobre los impactos sociales, laborales, ambientales y de derechos humanos derivados de toda su actividad, incluidas sus cadenas globales de suministro. Se pondera a la empresa como un agente clave del desarrollo sostenible<\/strong>, integrada en la Agenda 2030 y en los nuevos marcos regulatorios europeos sobre sostenibilidad y gobernanza corporativa. De esta forma, quiere promover un modelo de \u201cdiligencia debida\u201d obligatorio<\/strong>, alineado con las nuevas directivas europeas, que exija a las empresas identificar, prevenir y reparar impactos negativos en el medio ambiente, la discriminaci\u00f3n, los derechos laborales o humanos.<\/p>\n

Principales propuestas<\/u><\/strong><\/p>\n

El informe defiende una trasposici\u00f3n \u201camplia\u201d\u00a0<\/strong>de la Directiva europea de Diligencia Debida\u00a0de las empresas en materia de sostenibilidad<\/strong><\/a>, con medidas como la obligatoriedad de coordinar la prevenci\u00f3n de riesgos laborales con la sostenibilidad ambiental<\/strong>, activar sistemas de alerta interna en las compa\u00f1\u00edas o negociar protocolos de acoso laboral en los convenios. Esta amplitud ir\u00eda en contra de los paquetes de simplificaci\u00f3n<\/strong> adoptados por la UE, que en la opini\u00f3n de la ministra suponen una rebaja de las exigencias a las empresas<\/strong>, por lo que aboga por que Espa\u00f1a cuente con una autoridad independiente<\/strong> que supervise el cumplimiento de las obligaciones en RSE, y un r\u00e9gimen sancionador<\/strong> proporcional al da\u00f1o causado y a la capacidad econ\u00f3mica de la empresa. En definitiva, se plantea un modelo en el que la RSE deje de ser voluntaria para estar regulada desde las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n

Se plantean subvenciones p\u00fablicas para ayudar a las peque\u00f1as y medianas empresas <\/strong>en el cumplimiento de las futuras exigencias, entre ellas el lanzamiento de un Kit de Sostenibilidad<\/strong>,\u00a0similar al Kit Digital, que financie la capacitaci\u00f3n y la puesta en marcha de acciones clave en materia de responsabilidad social, as\u00ed como de planes de transici\u00f3n y de mejora ambiental. Tambi\u00e9n existir\u00edan otros instrumentos como l\u00edneas de cr\u00e9dito blandas, avales o garant\u00edas para las pymes que acrediten su cumplimiento de los est\u00e1ndares en RSE.<\/p>\n

En lo referente a las cadenas de valor<\/strong>, se aboga por una transposici\u00f3n plena de la normativa europea, as\u00ed como promover procesos complementarios de responsabilidad social voluntaria para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y laborales en todos los pasos de los procesos de producci\u00f3n, suministro o transporte de las empresas y sus asociadas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se pretende fortalecer los sistemas p\u00fablicos de verificaci\u00f3n para evitar pr\u00e1cticas de greenwashing<\/em>, y aumentar las exigencias en la contrataci\u00f3n p\u00fablica <\/strong>para hacer obligatorio el cumplimiento de los preceptos sociales y ambientales, y de esta forma excluir de los procesos de licitaci\u00f3n<\/strong> p\u00fablica a las empresas que hayan sido sancionadas por infracci\u00f3n grave<\/strong>.<\/p>\n

Europa apuesta por la simplificaci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n

La UE adopt\u00f3 dos normas clave respecto a la RSE. La Directiva sobre Informaci\u00f3n Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD)<\/strong><\/a> aprobada a finales de 2022, y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD)<\/strong><\/a>, en 2024. Sin embargo, los problemas de competitividad expuestos en el Informe Draghi<\/strong><\/a> llevaron a las autoridades comunitarias a plantearse la necesidad de simplificar los procesos administrativos para impulsar la eficiencia empresarial, favoreciendo que la transici\u00f3n hacia una econom\u00eda sostenible sea m\u00e1s accesible y rentable para las compa\u00f1\u00edas. La realidad es que las exigencias en RSE de la UE provocan un volumen de tr\u00e1mites administrativos que desincentivan la actividad empresarial, y desde Francia y Alemania se argumenta que el 40% de las empresas manufactureras europeas pierden contratos frente a competidores asi\u00e1ticos\u00a0con menores exigencias<\/a>.<\/p>\n

As\u00ed, se impulsaron los llamados paquete \u00f3mnibus<\/strong>, que buscan simplificar las normas de la UE para mejorar la competitividad reduciendo al menos el 25% de las cargas administrativas<\/strong> (el 35% para las pymes<\/strong>) de aqu\u00ed a finales de 2029. Entre ellos hay varios que se refieren concretamente a la sostenibilidad, como el primero<\/a> o el octavo<\/a>. Todo este esfuerzo deriv\u00f3 en la entrada en vigor en marzo de este a\u00f1o de la Directiva 2026\/470\/UE<\/strong><\/a>, conocida como “Directiva \u00d3mnibus I<\/strong>“, que modifica sustancialmente el marco normativo europeo en materia de\u00a0sostenibilidad corporativa <\/strong>y reduce la carga administrativa para las empresas<\/strong>\u00a0sin vulnerar los objetivos de sostenibilidad y competitividad.\u00a0En la pr\u00e1ctica supone que m\u00e1s del 90% de las empresas europeas ya no est\u00e1n obligadas a reportar sobre sostenibilidad<\/a>, rebajando los requisitos sobre todo para peque\u00f1as y medianas empresas.<\/p>\n

Empresas comprometidas<\/u><\/strong><\/p>\n

Pese a esta disminuci\u00f3n de la obligatoriedad de los reportes de sostenibilidad, gran parte de las empresas tienen intenci\u00f3n de seguir haci\u00e9ndolo<\/strong>, al considerar que es una medida estrat\u00e9gica que refuerza tanto su competitividad como su reputaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed se refleja en varios estudios, como \u201cBeyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus<\/strong><\/a>\u201d, en el que se proyecta el impacto en las compa\u00f1\u00edas europeas de la simplificaci\u00f3n adoptada por la UE. La conclusi\u00f3n es que el 90% de las empresas que han quedado fuera del alcance de la CSRD mantendr\u00e1 e incluso ampliar\u00e1 su reporte de sostenibilidad<\/strong>, aunque ya no sea obligatorio, y el 86%<\/strong> manifiesta que cuentan con capacidad de reportar con est\u00e1ndares equivalentes a los de la CSRD. No solo eso, el 90%<\/strong> de las empresas afirma que el reporte de sostenibilidad ya est\u00e1 integrado total o parcialmente con sus informes financieros <\/strong>y un porcentaje similar prev\u00e9 aumentar la inversi\u00f3n en herramientas, datos y automatizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre sostenibilidad en el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Asimismo, en el Global CEO Outlook de 2023 de KPMG<\/a> se muestra que el 79% <\/strong>de las 100 empresas l\u00edderes mundiales ya informan sobre sostenibilidad. A nivel estatal, el \u00cdndice de Madurez de Assurance ESG de KPMG<\/strong><\/a> revela que el 82%<\/strong> no ha cambiado sus planes de presentaci\u00f3n de informes de sostenibilidad.<\/p>\n

RSE y ESG en Euskadi<\/u><\/strong><\/p>\n

Euskadi es un territorio avanzado en el \u00e1mbito de los reportes de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. A finales de 2025 se impuls\u00f3 la iniciativa BasquESG<\/strong><\/a> para implementar un sistema de reporte y evaluaci\u00f3n de sostenibilidad propio<\/strong>, basado en el est\u00e1ndar VSME desarrollado por EFRAG<\/strong><\/a> (entidad asesora de la Comisi\u00f3n Europea en materia de informaci\u00f3n financiera y de sostenibilidad) adapt\u00e1ndolo a la realidad de Euskadi, y as\u00ed acelerar la competitividad y sostenibilidad de las pymes vascas, facilitando que puedan anticiparse a las exigencias de la normativa europea.<\/p>\n

Por su parte, Aclima <\/strong>es una de las entidades que participaron en la elaboraci\u00f3n de la \u201cGu\u00eda pr\u00e1ctica para Organizaciones Vascas sobre c\u00f3mo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible<\/strong><\/a>\u201d, un manual orientado a las\u00a0empresas y organizaciones de Euskadi\u00a0con recomendaciones y ejemplos para la implantaci\u00f3n de la\u00a0Agenda 2030<\/a>\u00a0y optimizar el enfoque para el cumplimiento de los\u00a0ODS<\/a>. Adem\u00e1s, con la definicaci\u00f3n de su Plan Estrat\u00e9gico 2023 – 2026<\/a><\/strong> el cl\u00faster estableci\u00f3 una correlaci\u00f3n directa entre los ODS y su actividad y ejerce como referente para otros agentes en la adopci\u00f3n de una visi\u00f3n y compromiso integral para la implementaci\u00f3n de la sostenibilidad en el conjunto de las actividades econ\u00f3micas de distintos sectores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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