Colombia: Agua y saneamiento, los retos regionales

Posted by aclimaadmin | 21/01/2020 | Sektoreari buruzko albisteak

La excesiva presencia de los prestadores de estos servicios ha conducido a la pérdida de economías de escala

A la par con el inicio de las nuevas administraciones regionales en los órdenes departamental y municipal es muy importante poner de presente una serie de importantes recomendaciones para que las necesidades y propósitos de mayor y mejor cobertura en el renglón agua y saneamiento lleguen a feliz término.

Para comenzar, y frente a la coyuntura global que se nos plantea, Colombia, que aporta solo el 0,4% al calentamiento global, es uno de los países más afectados por el cambio y la variabilidad climática, dada su ubicación en el trópico. Esta situación indica que se deben tomar decisiones muy acertadas para la adaptación al cambio climático y para garantizar de manera equitativa el acceso al recurso hídrico para la producción agrícola e industrial y para el consumo humano.

En materia de recursos forestales, el papel de los alcaldes y gobernadores es fundamental, como quiera que su tarea diaria en territorio les facilita controlar la deforestación de manera más eficaz que a las propias autoridades regionales y nacionales. Colombia, en 2018 se ubicó como el cuarto país del mundo y el segundo en Latinoamérica donde más se deforestó.

Sobre el cuidado de los recursos naturales y en particular de las fuentes hídricas, la gestión integral del riesgo para atender con eficacia las amenazas y desastres naturales, los gobernadores y alcaldes tienen mucho por planificar y ejecutar.

Allí, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), constituyen la herramienta fundamental y deben contener aspectos como: control a la expansión urbana sobre las reservas forestales y fuentes de agua, vigilancia a los asentamientos ilegales en zonas de alto riesgo y reubicación de la población ya asentada en los márgenes de ríos y quebradas y zonas de riesgo sísmico y remoción en masa, definición de zonas para reforestación de sus zonas urbanas y rurales, reserva de sitios para rellenos sanitarios y parques de reciclaje y aprovechamiento en el marco de la política pública de Economía Circular entre otras actuaciones dirigidas a la adaptación al cambio y la variabilidad climática.

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico se encuentra descentralizada por norma constitucional lo que ha permitido empoderar a los alcaldes en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo en consonancia con las demandas de sus administrados. Sin embargo, la excesiva presencia de prestadores de estos servicios en mercados pequeños y dispersos, ha conducido a la pérdida de economías de escala y a acrecentar conflictos por acceso a las fuentes de agua.

Frente a la pérdida de economías de escala y conflictos por diferencias en el acceso al recurso hídrico, los administradores territoriales cuentan con instrumentos en la Constitución Nacional, la Ley 142 de 1994 y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, o Ley 1454 de 2011, para organizar la prestación de estos servicios bajo esquemas regionales sobre la base de acuerdos entre municipios.

De otra parte, frente a la brecha campo-ciudad que se manifiesta en un rezago del 25% de cobertura en las zonas rurales, en comparación con la de los centros urbanos, es necesario contar con el compromiso de las alcaldías y de manera subsidiaria con las gobernaciones para lograr la equidad para los habitantes del campo.

La integralidad en esta gestión comienza por reducir la producción de basura, pasa por estimular el reúso de los residuos y se concreta en la oferta de infraestructuras para el aprovechamiento mediante el alistamiento y la transformación de residuos en nuevos productos.

Acodal llama a los alcaldes y gobernadores a tomar medidas para que los procesos de contratación de diseño y construcción de infraestructura y para la adjudicación de la operación y administración de los sistemas de agua potable y saneamiento básico y ambiental. Y, muy respetuosamente, deja a su consideración las siguientes diez propuestas:

  1. Planes de Ordenamiento Territorial –POT- para la adaptación y la gestión territorial del riesgo rural y urbano.
  2. Planes de ordenamiento territorial para la protección forestal, la reforestación, la protección de cuencas y la oferta equitativa del recurso hídrico.
  3. Planes de asociaciones de municipios y departamentales de agua y saneamiento para el aprovechamiento de economías de escala en la operación de sistemas.
  4. Planes de reducción de basura y reciclaje y, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos.
  5. Planes maestros de acueducto y saneamiento básico como carta de navegación para lograr planear en el corto y mediano plazo las inversiones.
  6. Adopción de Pliegos Tipo para la transparencia en la contratación de obras de infraestructura de agua y saneamiento básico que garanticen eficiencia y eficacia de la inversión
  7. Acuerdos regionales y subregionales para el tratamiento de aguas residuales.
  8. Definición de metas de reducción del consumo del recurso hídrico y del agua potable para aumentar su productividad.
  9. Fomentar la concertación de políticas y recursos financieros y humanos con el sector privado y las comunidades locales para mejorar la gobernabilidad y aumentar la conciencia ciudadana.
  10. Definir los planes de agua potable y saneamiento básico rural para superar el rezago en calidad y cobertura en estas zonas, fortalecer el proceso de paz, la equidad y el emprendimiento entre la población campesina.

Todo lo anterior, desde luego, entendiendo que las diversidades geográficas, climáticas y socioeconómicas de las regiones colombianas, son determinantes en estos procesos estructurales, adecuar e implementar las acciones pertinentes podrán garantizar gestiones exitosas en cuanto a cobertura, suministro y calidad en los servicios de agua y saneamiento.

Fuente: ACODAL

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