El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que la situación es grave y que el Gobierno está actuando en consecuencia, “con responsabilidad y empatía” y ofreciendo una respuesta coordinada a nivel europeo “basada en la unidad, la determinación y la solidaridad”.
El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.
Apoyo al tejido económico y empresarial
Nadia Calviño ha enumerado algunos de los sectores más afectados que recibirán ayudas directas. Habrá 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.
Respecto a las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos, Calviño ha explicado que los avales por 10.000 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
Por otro lado, se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondientes a los créditos COVID, de forma que ya no sea necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento. Asimismo, se habilita un periodo de carencia de 6 meses a petición de los deudores en los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
La vicepresidenta tercera ha subrayado que se actualiza el régimen especial del que disfrutan las plantas que producen energía renovable para que no reciban más recursos de los que les corresponden según la legislación vigente. Esta medida permitirá liberar 1.800 millones de euros que se destinarán a reducir la parte fija de la factura eléctrica de los hogares.
Las plantas de generación renovable podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2023, lo que facilitará una mayor liquidez de electricidad “a precios baratos razonables, para operadores industriales o comercializadores que tenga por destino el de vender electricidad a los hogares”, ha añadido.
Teresa Ribera ha resaltado que se acelerará la tramitación de los proyectos de hasta 7 megavatios de energía eólica y de hasta 150 de fotovoltaica. Además, se modificará la ley de Aguas para permitir el despliegue de la energía fotovoltaica flotante y se favorecerá el autoconsumo.
La norma contempla, asimismo, la posibilidad de instalar plantas dedicadas al almacenamiento eléctrico que funcionen solas, de forma aislada, dando flexibilidad y cobertura al sistema.
Industria electrointensiva
La vicepresidenta tercera ha explicado que el Plan contempla una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, por un importe equivalente a 250 millones de euros. Además, recoge un incremento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de CO2 a las industrias beneficiarias. También incluye ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas por producto final es particularmente alto.
Fuente: La Moncloa
Más información: Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.