La contribución del Parlamento Europeo a la reforma de las obligaciones de informes de sostenibilidad para la industria, para que encajen con los objetivos del Acuerdo Verde de la UE, ha despegado y llegó a la etapa de comité el lunes.
Con la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) a la cabeza, y no menos de seis comisiones más involucradas en la redacción de dictámenes, el ponente de JURI, Pascal Durand (FR, Renovar), marcó la pauta al advertir que no sería fácil llegar a un acuerdo en el Parlamento sobre la dossier, ya que había “dos posiciones contradictorias”:
“Algunos quieren reducir el alcance [de las empresas e industrias afectadas] como establece la propuesta de la Comisión Europea y, por otro lado, hay quienes quieren una gran ampliación de ese alcance”.
La Propuesta de Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) reemplazará a la actual Directiva de Informes No Financieros (NFRD), y sugiere ampliar el alcance de la NFRD de las grandes empresas de interés público con más de 500 empleados a todas las grandes empresas y todas las empresas que cotizan en mercados regulados excepto microempresas cotizadas.
La división sobre el alcance dominó el primer debate del lunes en la comisión. La sombra de JURI del Grupo PPE, Daniel Buda (RO), argumentó que “proteger la industria europea en estos tiempos difíciles” era de suma importancia.
Sin embargo, hizo hincapié en que, en su opinión, era esencial que las PYME y las pequeñas empresas estuvieran cubiertas por el reglamento, al tiempo que se aseguraba de que no sufrieran una carga excesiva.
“Algunos quieren reducir el alcance [de las empresas e industrias afectadas] tal como establece la propuesta de la Comisión Europea y, por otro lado, hay quienes quieren una amplia ampliación de ese alcance”, el ponente principal de la Comisión JURI, Pascal Durand (FR, Renew )
Para asegurarse de que no lo sean, Buda recomendó “suficiente apoyo y capacitación para que puedan encontrar el camino a través de esto”.
La sombra del Grupo ID, Gilles Lebreton (FR), no estuvo de acuerdo con la inclusión de las PYME, o al menos “ciertamente no en primera instancia”, ya que implicaría “demasiados peligros” para ellas.
Recibió el apoyo de la miembro suplente de JURI y veterana de Industria, Investigación y Energía (ITRE), Angelika Niebler (DE), quien también pidió una exención, al menos inicial, de las empresas con menos de 500 empleados.
La redactora de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), Jessica Polfjärd (SE, PPE), advirtió que la Unión no debe regular en contra de las tendencias globales.
Refiriéndose a propuestas regulatorias similares que se están redactando actualmente fuera de la UE, particularmente en los EE. UU. y en China, instó al ponente a tomar en consideración la alineación con los esfuerzos internacionales. Angelika Niebler (DE, EPP) comentó que sería un resultado desagradable simplemente crear “otro auge para las principales firmas de auditoría”, que realizarían ejercicios de informes, sobre la espalda de “nuestras PYME que ya están financieramente estiradas”.
Polfjärd describió el objetivo de la regulación como permitir que “los inversores y otros usuarios de datos vean cómo una empresa sostenible en realidad no sobrecarga a las empresas con trámites burocráticos y costos”.
La sombra de JURI del Grupo S&D, Tiemo Wölken (DE), dio la vuelta al argumento económico y pidió la inclusión de las pymes en el alcance de la propuesta CSRD, porque crearía un “campo de juego nivelado” y “acceso a la inversión”.
La vicepresidenta del Grupo Verde/ALE y la sombra de JURI, Marie Toussaint (FR), estuvieron de acuerdo y pidieron la inclusión de las “PYME de ‘alto riesgo'”, cuya definición se encuentra en sus enmiendas y en las de otros grupos.
Karin Karlsbro (SE, Renew), ponente de la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET), consideró que la Comisión había hecho bien en “caminar por el límite entre la necesidad de informar para el mayor número posible de empresas activas en la UE y no suponer demasiada carga para las empresas”.
Pero también pidió la introducción adicional de un enfoque basado en el riesgo y la inclusión de “PYME no cotizadas en sectores de ‘alto riesgo'”.
La redactora del dictamen del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), Lídia Pereira (PT, EPP), recordó a sus colegas que su trabajo en la CSRD está “estrechamente vinculado con el resto de la legislación y obligaciones de la Unión que recaen sobre las empresas, los inversores y otros mercados financieros, en particular bajo el Reglamento de Taxonomía y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles”. Sin embargo, se debe evitar la superposición innecesaria entre ellos, advirtió Pereira.
El ponente y sus sombras en JURI tendrán una primera reunión para reducir las más de 500 enmiendas acordando el mayor número de acuerdos transaccionales el jueves.
Fuente: The Parliament Magazine