Los inversores institucionales consideran que las mejoras en los criterios ESG generan oportunidades para las empresas y reducen los riesgo, según un análisis de Georgeson y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
El mayor interés en los asuntos ESG (ambiental, social y de gobierno, por sus siglas en inglés) es una tendencia que se ha intensificado en los últimos años entre las gestoras mundiales, conscientes de la necesidad de alinear los intereses de sus clientes con los activos en los que invierten.
La quinta edición del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), presentado por Georgeson y el Club de Excelencia en Sostenibilidad incluye un análisis de las políticas de voto de los 50 grandes inversores institucionales extranjeros por volumen de activos ESG, para identificar los criterios sociales ambientales y de ética, considerados como prioritarios en su toma de decisiones.
El análisis muestra que, de los 50 inversores analizados, 45 consideran la integración de aspectos ESG, frente a los 43 del estudio anterior, correspondiente a 2014. Tras los criterios ESG, figuran las variables de engagement (44 inversores, frente a los 37 del 2014), exclusión (41 frente a 26 en 2014), screening basado en normas internacionales (36 frente a 7), best in class (33 frente a 12), inversión temática (34 frente a 33), e inversión de impacto, con 27 inversores.
La ISR sigue siendo para ellos un estilo de inversión, que ha de tener en cuenta criterios ESG y que, a su vez desarrolla formas de inversión tradicionales (como fondos de inversión o planes de pensiones) o nuevos productos como los bonos verdes.
Influencia
El análisis destaca que la ISR se está viendo muy influenciada por el efecto y alcance de grandes iniciativas internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), o el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Los inversores analizados conceden gran importancia a la gestión y al control que las compañías ejercen sobre los riesgos sociales y ambientales asociados a su actividad. En este sentido, incluyen en sus políticas de voto aquellos criterios de exclusión que son considerados como actividades prohibidas y por los cuales, no desarrollarán ningún tipo de actividad comercial.
Del Top 50 de inversores, 41 (26 en 2014) tiene una política específica en la que describen cuáles son aquellas actividades consideradas como prohibidas, incluyendo en algunos casos listados de las compañías que han sido excluidas por ejercer algún tipo de actividad que va en contra de sus políticas de exclusión.
La violación de los derechos humanos, la corrupción y las actividades que perjudican el medio ambiente y que contribuyen al cambio climático, continúan siendo los criterios más señalados. Para este informe, Georgeson ha identificado, además, 15 grandes asuntos de índole social y ética, contemplados en las políticas de inversión responsable del Top 50 de inversores.
El tema más relevante es el de derechos humanos, contemplado por el 94% de los inversores. Le siguen la salud y seguridad, (92%), el desarrollo de prácticas laborales y capital humano (90%), derechos laborales (90%), gestión de la cadena de suministro (80%), anticorrupción (80%), la promoción de la diversidad (76%) y los derechos de los niños (66%).
Adicionalmente, se han identificado nuevos asuntos sobre los que comienzan a prestar especial atención, como la transparencia fiscal, considerado por el 44%, la ciberseguridad (36%) y el consumo responsable (26%).
Del cambio climático a la diversidad de género
Los inversores son conscientes de los efectos negativos del cambio climático y, en este sentido, esperan que las empresas mejoren su actuación en este terreno. Por eso, el cambio climático es el más relevante de los 8 grandes temas ambientales que forman parte de las políticas de voto de los 50 inversores analizados. Es el más relevante para el 94%, seguido de la gestión y tratamiento del agua, (90%), emisión de gases de efecto invernadero (82%) y la gestión de residuos (76%).
Otro asunto de gran preocupación para un amplio número de ellos (22 en total) es la transparencia fiscal y por eso solicitan cada vez más informes corporativos sobre el pago de impuestos. La gestión de la diversidad, en su sentido más amplio, continúa siendo un aspecto prioritario para el 76%.
En este sentido, los cambios legislativos, como el Código de Buen Gobierno de la CNMV y la Ley sobre información no financiera y diversidad, han contribuido a que las empresas estén adoptando importantes medidas para mejorar su desempeño en materia de diversidad e inclusión, con especial foco en la composición de los consejos de administración y cargos directivos, desarrollando políticas corporativas que fijen unos estándares mínimos que permitan seguir impulsando iniciativas en este ámbito.
Fuente: EXPANSION