La Unión Europea da un nuevo paso para reducir los tiempos de tramitación de grandes proyectos industriales, energéticos y de infraestructuras. Los Estados miembros han acordado este miércoles su posición negociadora sobre el reglamento destinado a acelerar las evaluaciones ambientales, una de las piezas centrales del denominado Omnibus VIII de simplificación regulatoria.
El objetivo es recortar cargas administrativas y hacer más predecibles los procedimientos de autorización mediante una combinación de plazos más acotados, digitalización y puntos únicos de contacto para los promotores, aunque sin modificar, según defiende el Consejo, los estándares europeos de protección ambiental.
La medida centrada en los proyectos considerados estratégicos para la UE trata de acelerar las inversiones en redes eléctricas, energías renovables, fabricación de tecnologías limpias, semiconductores y materias primas críticas. El nuevo reglamento pretende crear una suerte de “caja de herramientas” común para agilizar las evaluaciones ambientales cuando la legislación europea identifique determinados proyectos como prioritarios.
El Consejo también plantea armonizar y simplificar las disposiciones ambientales que actualmente aparecen repartidas en diferentes normas sectoriales. Entre ellas figuran el Reglamento de Industria de Cero Emisiones Netas —Net Zero Industry Act—, la Ley Europea de Chips y el Reglamento de Materias Primas Críticas, tres de las piezas regulatorias con las que la UE intenta reducir su dependencia tecnológica y energética exterior.
Una de las diferencias respecto a la propuesta inicial de la Comisión afecta a los plazos. Los Estados miembros han decidido ampliarlos respecto al texto presentado por Bruselas en diciembre de 2025 para garantizar que las administraciones puedan completar todas las fases exigidas por la legislación ambiental.
El Consejo ha introducido además modificaciones para garantizar la compatibilidad del reglamento con el Convenio de Aarhus, que protege los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia.
También amplía el ámbito de aplicación de determinadas disposiciones vinculadas a las directivas de Hábitats y Aves para incluir actividades recurrentes claramente definidas, como determinadas actuaciones forestales o de mantenimiento de cauces. El texto incorpora al mismo tiempo salvaguardas adicionales para evitar impactos negativos sobre las poblaciones animales y vegetales.
Una ventanilla única para los permisos
Otro de los pilares del futuro sistema será la creación de puntos únicos de contacto para los promotores. La intención es evitar que las empresas tengan que tramitar por separado procedimientos ante diferentes organismos y administraciones.
El Consejo, no obstante, ha introducido flexibilidad para los Estados con estructuras administrativas descentralizadas y reclama que el nuevo sistema no provoque una proliferación de ventanillas distintas a las ya creadas en otras normas europeas.
El reglamento forma parte del Omnibus VIII presentado por la Comisión en diciembre de 2025 para simplificar la legislación ambiental europea. El paquete afecta a seis actos legislativos e incluye, además de la aceleración de las evaluaciones ambientales, modificaciones en materia de emisiones industriales, economía circular, intercambio de datos geoespaciales y responsabilidad ampliada del productor.
Los Estados miembros ya habían fijado el pasado 24 de junio sus posiciones sobre otras partes del paquete, entre ellas la simplificación de obligaciones relacionadas con emisiones industriales, baterías y residuos, así como la modernización de la directiva INSPIRE sobre información geográfica.
En paralelo, el Consejo ha pedido buscar una solución específica para las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor previstas en el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, ante el riesgo de que determinadas exigencias generen una carga desproporcionada para los pequeños productores.
El acuerdo alcanzado este miércoles permite a la presidencia irlandesa iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo en cuanto la Eurocámara cierre su propia posición. El objetivo político es alcanzar un acuerdo provisional antes de final de año.
La iniciativa se integra en la ofensiva de simplificación regulatoria lanzada por las instituciones europeas tras los informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre el mercado único y la competitividad. Desde febrero de 2025, la Comisión ha presentado sucesivos paquetes Omnibus con los que pretende reducir costes administrativos y acelerar inversiones en sectores considerados estratégicos para la economía europea.
Fuente: El Economista