La sostenibilidad también es esto, más allá de los números (cuánto cuesta). La nueva ley de residuos, aprobada en el Congreso a finales del pasado mes de marzo, y su segunda parte, el real decreto sobre retorno y reciclado de envases, aún en tramitación, siguen dando que hablar entre los sectores más afectados económicamente por la nueva normativa. Hosteleros y gran consumo llevan meses haciendo papelería para evitar que el impulso legislativos de la ministra del ramo, Teresa Ribera, estrangule sus balances.
A pesar de la corriente ESG, está costando que las grandes compañías afectadas por la medida (bebidas refrescantes, aguas minerales, cervezas, zumos y otros subsectores del sector alimentario) abracen el contenido del real decreto sin observaciones. Ni siquiera después de que la titular de la cartera de Transición Energética diera un paso atrás en una parte de la legislación sobre envases. De hecho, el borrador perseguía que el 50% desapareciera de supermercados, hostelería y hogares en cinco años, aunque se redujo al 20%.
Aunque resulta imposible rebatir la potencial bondad de los objetivos que persigue el nuevo marco regulatorio, los afectados por el cambio legislativo han puesto en manos de la firma de consultoría y formación financiera Afi el impacto de esta decisión. La reutilización obligatoria de envases, en lugar de su destrucción y reciclado (modelo que explota Ecoembes), generaría una factura de casi 5.000 millones, importe que recaería en las empresas, que consideran esa carga una merma relevante en su competitividad.
¿Por qué afecta esa factura del retorno de envases a la competitividad? En opinión de los afectados, la exigencia excede las directivas europeas, por lo que las empresas españolas estarán en desventaja respecto a sus competidores del resto de Europa, obligando a las compañías españolas a asumir costes e inversiones que no asumirían en otros países, con los correspondientes riesgos sobre la supervivencia de algunas de las más de 2.000 empresas del sector (particularmente en peligro las pymes) y el empleo en la España interior.
El trabajo de Afi cuantifica hasta en 25.000 empleos el posible impacto negativo de la normativa de retorno de envases, con mayor impacto en Cataluña y Andalucía. Aunque más allá de estas magnitudes, lo que peor ha sentado en los actores afectados es que el equipo de Ribera pidió diálogo y solicitó transparencia en la tramitación, pero el sector conoció el texto final propuesto por Bruselas después de que el ministerio lo enviase a la Comisión Europea bajo el procedimiento TRIS (utilizado para comunicar normas técnicas por los Estados).
Fuente: El Confidencial