{"id":56016,"date":"2026-01-09T08:00:24","date_gmt":"2026-01-09T07:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/aclima.eus\/?p=56016"},"modified":"2026-01-09T08:31:29","modified_gmt":"2026-01-09T07:31:29","slug":"europa-adopta-nuevas-reglas-simplificadas-sobre-sostenibilidad-y-diligencia-debida-de-las-empresas-para-reforzar-su-competitividad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aclima.eus\/eu\/europa-adopta-nuevas-reglas-simplificadas-sobre-sostenibilidad-y-diligencia-debida-de-las-empresas-para-reforzar-su-competitividad\/","title":{"rendered":"Europa adopta nuevas reglas simplificadas sobre sostenibilidad y diligencia debida de las empresas para reforzar su competitividad"},"content":{"rendered":"

Recientemente el Parlamento Europeo aprob\u00f3 el octavo paquete \u00f3mnibus<\/strong><\/a>, esta vez orientado a simplificar la normativa medioambiental<\/strong> con una serie de ajustes destinados a reducir burocracia<\/strong> y reforzar la competitividad<\/strong>, sin rebajar las exigencias ecol\u00f3gicas comunitarias. La intenci\u00f3n es que genere una reducci\u00f3n de costes de aproximadamente 1.000 millones de euros al a\u00f1o<\/strong> para las empresas, que adem\u00e1s contar\u00e1n con menos exigencias administrativas. As\u00ed, los informes sobre sostenibilidad<\/strong> ser\u00e1n obligatorios solo para las empresas de m\u00e1s de 1.000 empleados y facturaci\u00f3n anual neta superior a 450 millones de euros<\/strong>, y la diligencia debida<\/strong> quedar\u00e1 limitada a las compa\u00f1\u00edas con m\u00e1s de 5.000 empleados y un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n

Las principales normas afectadas son la CSRD<\/strong> (Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa) y la CSDDD<\/strong> (Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa). A partir de ahora en los informes de sostenibilidad se adopta un nuevo enfoque basado en voluntariedad<\/strong>, ya que con los cambios no ser\u00e1 obligatorio presentarlos para muchas empresas, pero las autoridades comunitarias quieren convertir el reporte en ESG en un factor de peso para acceder a financiaci\u00f3n y a las cadenas de suministro<\/strong>. Respecto a la CSDDD, se elimina la obligaci\u00f3n de las empresas de adoptar un\u00a0plan de transici\u00f3n<\/strong>\u00a0para la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico, y se adopta un enfoque de diligencia debida basado en riesgos<\/strong>, es decir, ya no se exigir\u00e1 un\u00a0mapeo exhaustivo\u00a0de la cadena de suministro, sino un ejercicio de alcance m\u00e1s general basado en la informaci\u00f3n disponible, centr\u00e1ndose en las \u00e1reas de actividades donde es m\u00e1s probable que ocurran impactos ambientales adversos reales y potenciales. Estas medidas son necesarias para que las empresas puedan disponer de certeza<\/strong> jur\u00eddica<\/strong> y plazos<\/strong> concretos de sus obligaciones legales.<\/p>\n

Se espera que el paquete normativo facilite el ahorro de unos 1.000 millones de euros anuales<\/strong> para las empresas, y en total todas las medidas \u00f3mnibus y otras iniciativas de simplificaci\u00f3n impulsadas por la CE elevar\u00edan el ahorro hasta casi 11.000 millones de euros al a\u00f1o<\/strong>. Hay que recordar que el ejecutivo comunitario anunci\u00f3 su intenci\u00f3n de alcanzar un ahorro anual de 37.500 millones de euros<\/strong> en costes administrativos para el final del mandato en 2029.<\/p>\n

Las normas actualizadas forman parte del octavo paquete \u00f3mnibus<\/a>, y se enmarcan en el esfuerzo de la Comisi\u00f3n para\u00a0simplificar las normas de la UE<\/a>\u00a0y hacer que su econom\u00eda sea m\u00e1s competitiva mediante la reducci\u00f3n de al menos el 25% de las cargas administrativas<\/strong>, y de al menos el 35% para las pymes<\/strong>, hasta finales de 2029. Sus objetivos se alinean con la Br\u00fajula de Competitividad de la UE<\/a>, y anteriormente ya se presentaron los siguientes conjuntos normativos:<\/p>\n

-\u00d3mnibus I \u2013 26\/02\/2025 – Primer paquete \u00d3mnibus sobre sostenibilidad<\/strong><\/a>.
\n-\u00d3mnibus II \u2013 26\/02\/2025 – Segundo \u00d3mnibus sobre simplificaci\u00f3n de inversiones<\/strong><\/a>.
\n-\u00d3mnibus III \u2013 14\/05\/2025 \u2013 Tercer paquete \u00d3mnibus sobre simplificaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Agraria Com\u00fan<\/strong><\/a>.
\n-\u00d3mnibus IV \u2013 21\/05\/2025 – Cuarto paquete \u00d3mnibus. Ampliaci\u00f3n de determinadas medidas de mitigaci\u00f3n<\/strong> disponibles para las peque\u00f1as empresas de mediana capitalizaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n<\/strong><\/a> y retraso de las obligaciones de diligencia debida relacionadas con las pilas o bater\u00edas<\/a>.
\n-\u00d3mnibus V \u2013 17\/06\/2025 – Quinto paquete \u00f3mnibus sobre preparaci\u00f3n para la defensa<\/strong><\/a>.
\n-\u00d3mnibus VI \u2013 08\/07\/2025 – Sexto paquete \u00f3mnibus sobre productos qu\u00edmicos<\/strong><\/a>.
\n-\u00d3mnibus VII \u2013 19\/11\/2025 – S\u00e9ptimo paquete \u00f3mnibus para simplificar el marco legislativo digital<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n

Este octavo paquete \u00f3mnibus<\/a> entrar\u00e1 en vigor veinte d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial, y los Estados miembros tendr\u00e1n 12 meses para transponer la CSRD y hasta el 26 de julio de 2028<\/strong> para la CSDDD. La directiva sobre diligencia debida solo se aplicar\u00e1 a partir del 26 de julio de 2029<\/strong> a todas las empresas concernidas.<\/p>\n

Tramitaci\u00f3n m\u00e1s simple<\/u><\/strong><\/p>\n

Se busca que las evaluaciones medioambientales <\/strong>se tramiten de manera m\u00e1s \u00e1gil, y con ello se espera un ahorro de 180 millones de euros<\/strong>. Se pretende que funcione una \u201cventanilla \u00fanica\u201d <\/strong>para los distintos permisos requeridos, y que estos avancen en paralelo. Adem\u00e1s, se limitar\u00e1n los plazos en los que se pueden presentar alegaciones en contra de los planes. Esto va en sinton\u00eda con otro\u00a0<\/strong>paquete legislativo para reforzar y mejorar las redes el\u00e9ctricas<\/strong>\u00a0<\/a>que tambi\u00e9n busca acelerar los permisos para proyectos energ\u00e9ticos.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n propone\u00a0agilizar las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos considerados estrat\u00e9gicos. <\/strong>Para ello, se implementar\u00e1n procedimientos simplificados y acelerados, con una mayor digitalizaci\u00f3n. De igual manera, a los sectores estrat\u00e9gicos y proyectos que contribuyan a la descarbonizaci\u00f3n o la eficiencia de los recursos se les aplicar\u00e1n medidas adicionales de aceleraci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Reducir la burocracia<\/u><\/strong><\/p>\n

El conjunto normativo revisa y afecta a seis directivas y reglamentos para minimizar la obligatoriedad de los informes, con medidas como armonizar la forma de recoger y procesar datos, as\u00ed como\u00a0limitar los informes sobre emisiones<\/strong>\u00a0que deben presentar algunas empresas, a las que ahora se les pedir\u00e1 que reporten por toda la compa\u00f1\u00eda y no por cada planta que explotan.<\/p>\n

De igual manera, se busca evitar duplicidades en inspecciones<\/strong>\u00a0que transcurren en paralelo y simplificar las obligaciones de informaci\u00f3n para algunos subsectores. En la misma l\u00ednea, se quiere ahorrar que las empresas tengan que informar sobre datos que pueden proporcionar directamente los Estados miembros<\/strong>. De la misma manera, se estandarizan categor\u00edas referidas a temas similares en diferentes normativas horizontales.<\/p>\n

Cambios en la CSRD<\/u><\/strong><\/p>\n

La intenci\u00f3n general es facilitar la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre sostenibilidad, por lo que tan solo las empresas de la UE con m\u00e1s de 1.000 empleados de media y un volumen de negocios anual neto superior a 450 millones de euros<\/strong> deber\u00e1n elaborar\u00a0informes sociales y medioambientales<\/a>. Asimismo, las normas se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n a las empresas de terceros pa\u00edses con una facturaci\u00f3n en la UE superior a 450 millones, y a sus filiales y sucursales que generen m\u00e1s de 200 millones en la UE. La intenci\u00f3n es armonizar la CSRD con otras regulaciones como la Taxonom\u00eda de la UE<\/a>.<\/p>\n

Los requisitos se simplificar\u00e1n de forma significativa y los informes de sostenibilidad corporativa pasar\u00e1n a ser voluntarios<\/strong> para muchas empresas, pero, a su vez, las autoridades comunitarias quieren que se valore la presentaci\u00f3n de los mismos tanto a la hora de acceder a financiaci\u00f3n como en los acuerdos con otros agentes de las cadenas de suministro<\/strong>. En cualquier forma, se reduce la cantidad de datos exigidos, permitiendo exclusiones temporales y desarrollando est\u00e1ndares voluntarios para peque\u00f1as empresas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se garantiza que las empresas sujetas a obligaciones de informaci\u00f3n no podr\u00e1n transferir esta responsabilidad<\/strong> a socios comerciales de menor tama\u00f1o. As\u00ed, las compa\u00f1\u00edas con menos de 1.000 empleados no tendr\u00e1n que facilitar informaci\u00f3n adicional a socios de mayor tama\u00f1o, m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto en las normas voluntarias.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la CE prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un portal digital con orientaciones e informaci\u00f3n pr\u00e1ctica sobre los requisitos nacionales y europeos.<\/p>\n

Cambios en la CSDDD<\/u><\/strong><\/p>\n

En definitiva, menos empresas tendr\u00e1n que ejercer la\u00a0diligencia debida<\/a>\u00a0respecto a su impacto ambiental y en la salud de las personas. Esta obligaci\u00f3n quedar\u00e1 limitada a las grandes empresas, o sea, aquellas con m\u00e1s de 5.000 empleados<\/strong> y un volumen de negocios anual neto superior a 1.500 millones de euros. <\/strong>Tambi\u00e9n afectar\u00e1 a las compa\u00f1\u00edas de terceros pa\u00edses<\/strong> que superen el mismo umbral y operen en el territorio comunitario.<\/p>\n

Las empresas concernidas deber\u00e1n realizar ejercicios de delimitaci\u00f3n de alcance para detectar riesgos en su cadena de actividades y solo podr\u00e1n solicitar informaci\u00f3n a socios comerciales con menos de 5.000 empleados cuando no puedan obtenerla de otra manera. En definitiva, se limita principalmente a\u00a0proveedores directos<\/strong>, eliminando la evaluaci\u00f3n obligatoria de toda la cadena de valor indirecta, excepto si hay riesgos claros. As\u00ed, se restringe la informaci\u00f3n que las grandes empresas pueden exigir a peque\u00f1as y medianas empresas.<\/p>\n

Las compa\u00f1\u00edas responder\u00e1n ante las autoridades nacionales en caso de incumplimiento y podr\u00e1n enfrentarse a multas de hasta el 3% de su volumen de negocios neto. Los planes de transici\u00f3n para garantizar la compatibilidad del modelo de negocio con la transici\u00f3n hacia una econom\u00eda sostenible dejar\u00e1n de ser obligatorios<\/strong>.<\/p>\n

Aspectos m\u00e1s controvertidos<\/u><\/strong><\/p>\n

Aunque el cambio normativo apuesta por la flexibilizaci\u00f3n, las empresas aun tendr\u00e1n que afrontar cargas burocr\u00e1ticas que a veces provocar\u00e1n duplicaci\u00f3n normativa y, adem\u00e1s, muchas empresas ya han invertido para preparar los sistemas de cumplimiento <\/strong>que se exig\u00edan, y que ahora han variado, por lo que han incurrido en gastos in\u00fatiles.<\/p>\n

Otra variaci\u00f3n que puede ser discutible es la limitaci\u00f3n de la CSDDD a los proveedores directos<\/strong>, ya que los impactos ambientales pocas veces se concentran en ese eslab\u00f3n, siendo m\u00e1s normal que se produzcan en escalones anteriores. Adem\u00e1s, como se obliga a que las a filiales europeas de grupos no comunitarios que superen ciertos umbrales de facturaci\u00f3n o plantilla cumplan la CSDDD se les obliga a que, en la pr\u00e1ctica, deba estar informada de toda la cadena global de su compa\u00f1\u00eda matriz, lo que resulta poco pr\u00e1ctico y dif\u00edcil de conseguir.<\/p>\n

Suprimir la obligaci\u00f3n de realizar planes de transici\u00f3n clim\u00e1tica, y apostar por simplemente informes sobre impactos ambientales puede provocar que el cumplimiento formal sea alto, pero en cambio no lleve aparejadas transformaciones reales en la gesti\u00f3n ambiental<\/strong> de las compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el European Environmental Bureau (EEB)<\/strong>, la mayor red europea de organizaciones medioambientales, ha mostrado su preocupaci\u00f3n por este cambio normativo<\/a>, ya que consideran que supone un retroceso en normas que fueron negociadas durante a\u00f1os y que afectan tanto a la prevenci\u00f3n de residuos<\/strong>, la reducci\u00f3n de sustancias peligrosas<\/strong>, la trazabilidad qu\u00edmica<\/strong> y la responsabilidad de los productores<\/strong>. Por ejemplo, echan de menos avances en la responsabilidad ampliada del productor (RAP)<\/strong>, de la cual dependen en gran medida la financiaci\u00f3n de sistemas de recogida de residuos. En su opini\u00f3n existe el riesgo de que las reformas impliquen incertidumbre regulatoria, en un contexto en el que la transici\u00f3n hacia una econom\u00eda circular se encuentra en un punto inestable, ya que el \u00faltimo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente<\/a>\u00a0afirma que la UE no est\u00e1 en el camino de cumplir la mayor\u00eda de los\u00a0objetivos ambientales marcados para 2030<\/strong>, incluidos los relacionados con residuos y uso eficiente de los recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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