Aestas alturas es claro que la generación de residuos supone una fuente difusa de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente debido al metano emitido en vertederos que contienen residuos biodegradables. Pero, no cabe duda, que estas emisiones se pueden reducir mediante una gestión sostenible de los residuos, lo que, a su vez, ayuda a los distintos sectores económicos a reducir sus propias emisiones y, se hace evidente, que, además, una correcta gestión de los residuos evita que estos acaben en el fondo marino. Es dable, igualmente, que el uso eficiente de recursos, necesariamente, ha de conllevar la implantación de nuevos modelos económicos circulares.
Objetivos ambiciosos que plasman un mapa marcado por grandes restos para la industria y la empresa, pero muy especialmente para las Pymes y micropymes. Resto de los que habrá que intentar obtener oportunidades.
De esta manera, se imponen, determinadas limitaciones y obligaciones relevantes, tales como, la prohibición de destruir o eliminar en vertedero los excedentes no vendidos de productos no perecederos, los que deberán dirigirse a canales de reutilización, incluyendo la donación, o la reparación para su reutilización. La obligación para determinados minoristas de alimentación de la oferta de productos sin embalaje primario. O, en relación a equipos eléctricos y electrónicos, la obligación de informar sobre su índice de reparabilidad.
Y se identifican determinados flujos de residuos, adicionales a los existentes, fijándose también la obligación de la recogida separada de biorresiduos, residuos textiles, aceites de cocina usados, los residuos domésticos peligrosos y los residuos voluminosos -muebles y enseres-, afectando la recogida separada tanto al ámbito doméstico como a los residuos comerciales e industriales, debiendo hacerse, en cualquier caso y como novedad, de manera profesional.
En definitiva, el sector industrial y manufacturero va a tener que repensar su modelo de negocio.
Ahora bien, bajo el principio “quien contamina paga” se incrementan los costes económicos que, por Responsabilidad Ampliada, deben soportar los productores, y que comienzan por los costes relativos a la adopción de medidas de sensibilización para los consumidores; y que continua por los costes de la infraestructura necesaria y su funcionamiento, para la recogida separada, y su posterior transporte y tratamiento; y también los costes de las herramientas tecnológicas para la obtención y comunicación de datos, ya que se amplían los registros electrónicos al objeto de mejorar la trazabilidad y la transparencia en la gestión de los residuos, siendo obligatoria la aportación de mayor información tanto a las Administraciones públicas, como a los consumidores, los que tenemos derecho a conocer.
En conclusión, podríamos decir, que la primera obligación del productor es la de financiar la correcta gestión del residuo, que se podrá escaladamente ampliar para afrontar toda la operativa circular.
El plástico está a la orden de día facilitando nuestras vidas, dotándonos de seguridad alimentaria por lo que su consumo ha crecido exponencialmente, o de mejora en la logística y la distribución, siendo eje en la economía. Frente a ello, la persistencia de productos elaborados con plásticos y compuestos tóxicos, que por pérdida de vida útil resultan abandonados, queda asociado a impactos negativos en el medio.
Por ello, a fin de reducir el consumo de envases de un solo uso, los establecimientos hosteleros deberán ofrecer a los consumidores, de manera gratuita, la posibilidad de consumo de agua no envasada. Y queda impulsada la venta a granel en las grandes superficies comerciales.
Y, decididamente se prohíbe, la introducción en el mercado de plástico oxodegradable, como pajitas, bastoncillos, platos o vasos.
El foco en los plásticos, además de una profunda reflexión, supone un importante reto tecnológico ante la diversa tipología de plásticos.
Instrumentos, tales, como la creación del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables; el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos; o, la obligatoriedad de una tasa no tributaria sobre la recogida, transporte y tratamiento de residuos, entre otras.
Medidas impositivas, estas, que están produciendo una inquietud no deseada, especialmente en un momento en el que la situación económica y la inflación ya suponen una gran presión para las empresas.
En definitiva, balance entre ventajas e inconvenientes de la ley que se ponen en juego, para una Ley de Residuos, que sin duda es una ley moderna y ambiciosa, pero que, presenta ciertas dificultades para su aplicación práctica, suponiendo una serie de retos tanto para el sector industria, como para el productor, y para el gestor. Pero, como decía de inicio, retos, especialmente para PYMES y Micro. Por este motivo, desde Women Action Sustainability (WAS), hemos elaborado una GUÍA PRÁCTICA PARA PYMES sobre la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, como herramienta informativa para pequeñas y medias empresas. No se trata de un documento exhaustivo, sino de un acompañamiento que destaca de manera sintética las principales novedades de la mencionada ley. Con generosidad ofrecemos nuestro trabajo, disponible en www.wasaction.com
Retos, pero también cuestiones que no se han recogido en la ley, quedándose en el tintero, y oportunidades perdidas, que, sin duda, se mantendrán en las mesas de debate, y, probablemente, darán lugar a nuevos desarrollos normativos.
Así, tendremos que estar atentos a los siguientes pasos de un presente inmediato como es el Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de envases, que esperamos pueda estar aprobado para diciembre de 2022, dado que es una pieza clave de los compromisos que tiene España para recibir la siguiente remesa de los fondos next generation.
Fuente: Economistjurist.es