Impuestos y gestión del plástico desatan controversia en el anteproyecto de Ley de Residuos

Posted by aclimaadmin | junio 11, 2021 | Noticias del Sector

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada recientemente en Consejo de Ministros, acaba de entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria. Nada más conocerse el texto, está siendo sometido a un intenso fuego cruzado entre los que la califican como poco ambiciosa y los que agitan el impacto que las nuevas tasas que incorpora van a tener en subidas de precios y destrucción de empleo en la industria.

En medio de ese fragor están los ayuntamientos, que, recordemos, son los responsables por ley de la recogida de residuos. Estos contemplan la norma con un sentimiento encontrado. Por una parte, la ven como una decisión valiente, resultado de la suma de la nueva fiscalidad ambiental más la ampliación de la responsabilidad del productor en la recogida de residuos. Y, por otra, con la inquietud propia de prever las importantes inversiones que van a tener que acometer los próximos años para adecuar sus sistemas de recogida. La UE calcula esta exigencia de más gasto en 2.500 millones hasta 2035.

Desde Esplásticos, la plataforma que aglutina al sector se valora así la tasa: “Se trata de un IVA encubierto disfrazado de impuesto medioambiental contra los plásticos, que como es un material demonizado, la gente no va a protestar”, afirma Isabel Goyena, una de sus portavoces, quien defiende a su sector con datos: España es el segundo país de la UE en reciclado de envase total con un 50,7% en 2019 y un 51,5% en 2020, según Eurostat. Los envases de plástico doméstico solo representan un 4% de los 22 millones de toneladas de residuos recogidos en 2018.

El canon supondrá para Goyena un incremento de los envases a nivel comercial y logístico. Esto repercutirá “en el consumidor de clase media, con una subida de un 2%, como mínimo, en la cesta de la compra”. También “restará competitividad a la economía española”, dice. Solo Italia ha aprobado un impuesto similar en la UE, aunque ha retrasado su aplicación. Reino Unido, que ya no es país comunitario, tiene otro, pero es la mitad que el español.

En las antípodas están los ecologistas. Julio Barea, experto en gestión de residuos y portavoz de Greenpeace, define la ley como “poco ambiciosa” y advierte de que, “si queremos solucionar el problema tenemos que apretar mucho más”. Dice que con ella no se logra “el final para el usar y tirar”. Por eso tacha el gravamen como “irrisorio” y defiende su mejora para que sea “desincentivador”. Barea tilda, además, de “muy timoratos” los niveles de reducción de residuos, y recuerda que en 2020 España incumplió la obligación de la UE de reciclar el 50% de estos. El INE, con datos de 2018, lo sitúa en un 35%.

En un diagnóstico semejante coincide Alberto Vizcaíno, consultor ambiental: “La ley no es eficaz a la hora de resolver el problema que tenemos de contaminación por plásticos”, expone. Vizcaíno considera que los envases “son el problema gordo y lo que está condicionando todo el sistema de recogida”. Augura que, a pesar de las prohibiciones que introduce la norma, “estas son fácilmente salvables por los distribuidores”.

Para conseguir el cambio de enfoque de la norma y alcanzar las metas en el reciclado “son vitales los instrumentos económicos y sería razonable que los nuevos impuestos, que son ambientales, tengan un carácter finalista y se destinen a financiar los nuevos servicios que tienen que acometer los ayuntamientos”, manifiesta Juan José Pernas, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña.

Los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes tendrán que hacer frente desde el 1 de enero de 2022 a la recogida separada de nuevos materiales, como los biorresiduos domésticos. Y desde 2025, a textiles, aceites de cocina usados, domésticos peligrosos y voluminosos. Esto supone aumentar los sistemas de recogida y la inversión en infraestructuras, con el correspondiente impacto que este coste tendrá en unas economías muy ajustadas.

La nueva tasa sobre depósito en vertedero e incineración también puede influir negativamente, a pesar de su carácter desincentivador. El profesor estima en un 50% lo que en la actualidad no se elimina en España y se lleva a vertedero o a quemar. Pone el ejemplo del Ayuntamiento de A Coruña, que paga ahora 40 euros por tonelada. Con el nuevo impuesto, este coste se puede doblar.

Más dinero, en concreto 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, es lo que pide al Gobierno la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente (ASELIP), destinados a inversiones en infraestructuras y nuevas tecnologías con los que poder cumplir los nuevos objetivos de reciclaje de la ley y de la UE.

Fuente: Gestores de Residuos 

 

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