La futura Ley de Cambio Climático iniciará el proceso de consulta pública las próximas semanas

Posted by aclimaadmin | 14/06/2017 | Noticias del Sector

Tras la reciente celebración de las jornadas de debate de alto nivel, con una amplia participación de los diferentes sectores y agentes de la sociedad, y cuyas conclusiones serán publicadas en breve en el portal web del Ministerio.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, compareció ayer en la Comisión para el estudio del cambio climático del Congreso, donde ha detallado las medidas del Gobierno para hacer frente a los efectos del cambio climático y ha destacado los trabajos para elaborar el anteproyecto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la apertura en las próximas semanas de un proceso de consulta público previo a su redacción.

García Rodríguez ha resaltado la “gran participación” de todos los sectores en las recientes jornadas de debate de alto nivel organizadas en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para abordar la futura Ley, que “tiene que ser el instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en cambio climático, con el menor coste posible, aprovechando las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico”.

La celebración de estas jornadas, en las que unos 400 expertos abordaron, durante dos días y en diferentes áreas, su conocimiento y experiencia para llevar a cabo una reflexión sobre los elementos necesarios para establecer este nuevo marco, fueron el segundo gran hito en los trabajos previos a la redacción de la norma,  tras la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial.

COMPROMISO CON EL ACUERDO DE PARÍS

Durante su comparecencia, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha resaltado que, tras la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París, la Unión Europea ha asumido el liderazgo para la consecución de los objetivos que establece, comprometiéndose a reducir al menos en un 40% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Ha remarcado el compromiso de España con este Acuerdo, que “ni tiene marcha atrás ni es negociable”, ha dicho.

“Además, estamos convencidos de que la transición hacia una economía baja en carbono supone también una clara oportunidad para todos nuestros sectores, tanto administración, como sector privado y sociedad civil; aquellos países que se sitúen a la cabeza de esta transformación contarán con una clara ventaja competitiva y España no puede quedarse atrás”, ha añadido.

OBJETIVOS DE LEGISLATURA

Sobre el compromiso del Ministerio en materia de cambio climático en esta Legislatura, María García Rodríguez ha explicado que, en los próximos cuatro años, desde este Ministerio “seguiremos poniendo en marcha iniciativas que, mediante el diálogo y la sensibilización, permitan alcanzar nuestros compromisos para descarbonizar los principales sectores productivos, de manera compatible con el crecimiento económico y el empleo; y minimizar los impactos del cambio climático en nuestros sectores, ecosistemas y población más vulnerables”.

En esta Legislatura, “debemos avanzar aún más para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado”, ha señalado. España, en principio, debe reducir en un 26% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos para el año 2030, lo que supone casi triplicar el esfuerzo actual.

Para alcanzar estas metas, el Ministerio, junto a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, trabaja en la elaboración el Plan Nacional de Energía y Clima; preparará la hoja de ruta de los sectores difusos a 2030 y definirá una estrategia para la descarbonización de nuestra economía a 2050.

Además, en esta Legislatura, se profundizará en la estrategia de incentivos puesta en marcha en la X Legislatura; se elaborará el paquete de medidas en torno a la huella de carbono, su cálculo, reducción y compensación; se aprobará el segundo plan de contratación verde, y se potenciarán las actuaciones de adaptación al cambio climático.

CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD

La secretaria de Estado, además, ha hecho hincapié en la necesidad de continuar trabajando en la concienciación de los ciudadanos para involucrarlos en la lucha contra el cambio climático: “Tenemos que seguir trabajando para que la sociedad española conozca y entienda qué consecuencias tienen nuestros actos cotidianos en la generación de emisiones de CO2; hay que poner en relación directa nuestras acciones y sus resultados, ya que se traducen en emisiones de gases de efecto invernadero”, ha apuntado.

Durante la X Legislatura ya se dieron pasos en este sentido, con la campaña “Un millón de compromisos por el clima” y la creación del “Grupo Español de Crecimiento Verde”, promovido desde el Ministerio y en el que se han involucrado algunas de las mayores empresas de nuestro país.

“Se trata de una línea de actuación a la que queremos dar continuidad en esta Legislatura –ha proseguido García Rodríguez–, y ya puedo anunciarles que el Ministerio y una amplia representación de nuestro sector empresarial estamos trabajando para presentar una iniciativa conjunta en la próxima cumbre del clima COP 23: la Plataforma Nacional Española para la Acción Climática”, ha informado.

Esta Plataforma pretende alinear los esfuerzos de lucha contra el cambio climático del sector privado español, con los que viene haciendo el Gobierno en sus distintos ámbitos de competencia. “La Plataforma debe fomentar el trabajo conjunto, con el objetivo de compartir e incorporar mejores prácticas en los ámbitos de mitigación y adaptación, acelerando la acción climática; también persigue dar seguimiento a las actuaciones y medir su efecto en términos de reducciones de emisiones para traslada al resto de la sociedad los resultados alcanzados”, ha detallado.

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

Por último, la secretaria de Estado ha destacado, en cuanto a financiación climática, que España está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, movilizando 1.400 millones durante el periodo 2012-2015 e incrementando su contribución a países en desarrollo para alcanzar en 2020 los 900 millones de euros anuales.

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