La nueva Ley de Administración Ambiental, un marco jurídico actualizado para la protección del medio ambiente en Euskadi

Posted by aclimaadmin | 16/12/2021 | Blog Aclima

Recientemente, el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, una norma orientada a promover las iniciativas sobre estrategia ambiental sostenible, e integrar y actualizar la legislación existente en esta materia. Está pendiente su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco a partir de la cual se iniciará su vigencia.

Gracias a esta ley se clarifican las competencias relacionadas con el medio ambiente que corresponden a las diferentes Administraciones públicas de la CAPV. La Ley de Administración Ambiental quiere agilizar y simplificar  la tramitación de los procedimientos de intervención ambiental, estableciendo un nuevo nivel, la autorización Ambiental Única.

Para facilitar la implantación de proyectos ambientales de carácter estratégico incluye la articulación de los llamados Proyectos de Interés Público, una figura que faculta al Gobierno Vasco a aprobar por sí mismo aquellos proyectos que se consideren de interés para el conjunto de la ciudadanía vasca. Esta norma defiende el beneficio general mediante un mecanismo jurídico que permite al Gobierno Vasco impulsar la implantación de una infraestructura considerada de interés público, por encima de las posturas de otros agentes, como los municipios.

De esta manera, se acortan los tiempos de la activación de los proyectos de interés y necesidad para el conjunto de la sociedad vasca, bajo una perspectiva de simplificar y unificar los procedimientos necesarios, integrando requisitos, y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades, manteniendo el rigor en la aplicación de los normativas de carácter ambiental y otros que aseguran la minimización y el  control del impacto de dichas instalaciones.

Pretende impulsar la colaboración público-privada en la protección del medio ambiente, lo que supone una oportunidad para mejorar el sector ambiental y la calidad de vida de la ciudadanía.

Aborda de forma integral los distintos procedimientos de intervención administrativa de carácter general, esto es la evaluación de impacto o estratégica, las autorizaciones ambientales, licencias y comunicación previa dependiendo de los posibles impactos de las actividades pudieran generar.

En este sentido, integra en una sola norma el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y las autorizaciones de funcionamiento, evitando regular áreas ambientales concretas que tendrán su apoyo en la normativa sectorial de aire, ruido, suelos y residuos, agua, entre otras. Se trata por tanto de una norma general que deberá ser completada con las profusas normas especificadas de cada sector ambiental.

Asimismo menciona cuestiones de gran trascendencia y de asignatura pendiente en la CAPV como son la fiscalidad ambiental o los instrumentos de impulso de la mejora ambiental, así como la compra pública verde

Pretende asimismo, retomar y regular la figura de la Entidades de Colaboración Ambiental como instrumentos de apoyo al control ambiental.

Regula un procedimiento de restauración de la legalidad y de responsabilidad por daños ambientales que permita la legalización de actividades en funcionamiento.

Independientemente a este procedimiento se establece un régimen sancionador que pretende desincentivar la comisión de infracciones de carácter ambiental.

 

 

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