La OCDE ha publicado un informe sobre los progresos realizados en materia de agua en los últimos cinco años y destaca respecto a España los esfuerzos que deberá hacer para adaptar su infraestructura hidráulica a los crecientes efectos del cambio climático
La pandemia de covid-19 está siendo un duro recordatorio de lo crítico que es el acceso al agua potable para la salud y el progreso sostenible e inclusivo de la humanidad. Con 2.100 millones de personas sin acceso a servicios de agua potable y más de 4.400 millones sin acceso a saneamiento seguro, el mundo no está en camino de cumplir sus compromisos globales sobre el agua plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Para conseguir esta meta, en 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una Recomendación del Consejo sobre el Agua. Se trata de una norma internacional concisa y coherente que proporciona orientación política de alto nivel sobre la gestión de los recursos hídricos. Además de los principios generales transversales, se centra en mejorar la gestión, la gobernanza y la calidad del agua, mejorar la gestión de los riesgos del agua y los desastres relacionados y garantizar la financiación y la inversión en materia de agua.
Ahora, cinco años después de la publicación de estas recomendaciones, la OCDE ha elaborado un nuevo informe con el seguimiento del progreso que se ha realizado en virtud de esta hoja de ruta. En el texto, la organización destaca que desde su adopción por todos los miembros de la OCDE en diciembre de 2016, la Recomendación “ha sido reconocida y valorada como fuente de inspiración para los países que se adhirieron a ella” y ha ayudado a otros países, sociedad civil y sector privado a “pensar en la gestión del agua de manera más estratégica y holística para hacer que las políticas y las estrategias de financiación sean más coherentes respecto a otros sectores”.
La OCDE afirma que la recomendación ha proporcionado un marco analítico para los diálogos de políticas específicas de agua en cada país que fortalece la gobernanza institucional de la gestión del recurso. Como ejemplo, explica que la hoja de ruta “proporcionó la columna vertebral para los diálogos más recientes sobre políticas de agua en Argentina, Brasil, Georgia, Kazajstán, Corea, Moldavia y Perú“. En cada uno de estos países, las secciones de la Recomendación “se utilizaron para evaluar el desempeño de las políticas de agua en relación con las mejores prácticas y proporcionar orientación personalizada para mejorarlas, con miras a alinearse con la ambición y el contenido de la Recomendación”.
La norma contiene una serie de herramientas para que los países avancen en sus objetivos en materia de agua y recoge numerosas iniciativas y prácticas en vigor en los países firmantes bien alineadas con la ambición y el contenido del documento, ofreciendo ejemplos prácticos sobre cómo aplicar la Recomendación.
El nuevo informe recoge las áreas en las que los países han logrado un progreso significativo. En primer lugar destaca el establecimiento de instrumentos de planificación del agua a largo plazo que contemplan los factores, a menudo inciertos, que influyen en la demanda futura de agua, su disponibilidad y la exposición a riesgos. Todos los firmantes han adoptado medidas de eficiencia hídrica y se han realizado “importantes reformas en los regímenes de asignación de agua para adecuarlos a los desafíos futuros”.
Paralelamente, todos los países adheridos han realizado inversiones significativas para mantener o mejorar los niveles de calidad del agua, considerando los diferentes usos del agua y las preocupaciones emergentes. El informe destaca además que la mayoría de los firmantes han mejorado los marcos institucionales y regulatorios en diferentes escalas, partes interesadas y sectores.
En el informe de seguimiento de progresos, la OCDE destaca una serie de avances y buenas prácticas en materia de agua en nuestro país y, a su vez, da una serie de recomendaciones para seguir mejorando.
En primer lugar, señala la situación de España como “zona árida” que soportará en los próximos años la crudeza de los efectos del cambio climático, que incidirán en gran medida en la disponibilidad del agua y en el crecimiento de eventos climáticos extremos.
La entidad hace una serie de proyecciones a nivel país que proporcionan estimaciones sobre la financiación necesaria para satisfacer las demandas futuras de infraestructura y servicios de agua. En este sentido, la OCDE señala que España deberá gastar un 50% más para adaptar sus infraestructuras hidráulicas al cambio climático y poder cumplir con las distintas directivas europeas en materia de calidad y tratamiento del agua. Nuestro país es el séptimo europeo que más deberá gastar para conseguir poner al día sus inversiones en materia de agua.
La OCDE también recomienda que España aumente los cargos por contaminación del agua para incrementar la aportación a la financiación, incentivar la prevención de los vertidos y fomentar la máxima de ‘quien contamina, paga’.
Por otro lado, el organismo internacional pone como ejemplo a nuestro país en materia de reutilización de agua regenerada y destaca el plan DSEAR como apuesta de España para seguir avanzando en este práctica, que será muy necesaria a medida que el agua escasee. Así, pone de ejemplo la gestión del recurso en Barcelona, la calidad del agua regenerada en sus plantas depuradoras y la apuesta por la reutilización en la ciudad.
También destaca en materia de gobernanza el sistema de gestión que se hace a nivel de cuenca a través de las confederaciones hidrográficas y la redacción e implementación de planes de inundaciones y sequías, que tienen en cuenta al sector agrícola y que combinan medidas de adaptación y mitigación.
Por último, destaca en materia de transparencia la gran apuesta del sector por la digitalización y por los datos abiertos, que permiten el acceso fácil y rápido a la información, lo que permite realizar estudios en profundidad y tomar decisiones acertadas en cada momento.
Fuente: El Ágora