Los plásticos de un solo uso, omnipresentes en la vida cotidiana, se resisten a desaparecer, pese a que están en el centro de la diana de la Comisión Europea. El pasado día 3 de julio entró en vigor la directiva comunitaria del 2019 para prohibir, reducir o exigir el marcado de una docena de estos plásticos con fuerte impacto ambiental. Pero diversos obstáculos están retrasando su retirada de circulación. Los diez plásticos objeto de regulación representan el 86% de los artículos de plástico de un solo uso y el 43% de los residuos que suelen hallarse en las playas eu-ropeas.
La directiva europea prohíbe la entrada en el mercado de estos productos cuando haya alternativas disponibles y asequibles. La prohibición afecta a las pajitas de bebidas, bastoncillos de algodón, la cubertería (platos, cubiertos), agitadores de bebidas y los palitos de globos de plástico, que deberán estar fabricados con materiales alternativos. Además, quedan prohibidos los recipientes para alimentos hechos de poliestireno expandido (corcho blanco), usado para contener alimentos de consumo inmediato (como cajas de hamburguesas de restaurantes fast food ) y los vasos de ese mismo material. Igualmente, se prohíben los productos hechos con plástico oxodegradable (que se deshace en trocitos, pero no se degrada).
Alguien podría pensar que a partir del pasado 3 de julio estos productos dejarían de estar en bares, restaurantes, tiendas o bazares chinos. Pero no es así. El Gobierno no ha traspuesto a tiempo la citada directiva europea, pues decidió adaptarla con la aprobación de la futura ley de Residuos; pero esta se encuentra en trámite parlamentario y no se espera que se apruebe hasta dentro de meses; tal vez, a principios del 2022.
Sabedor del vacío y de sus consecuencias legales, el Ministerio para la Transición Ecológica hizo una consulta a los servicios jurídicos europeos tras lo cual difundió una nota informativa en la que señala que “no se debería introducir en el mercado ningún producto de plástico” (como los aludidos) después del 3 de julio: una frase en la que es relevante el uso del condicional y no el imperativo, prueba de la frágil legalidad actual.
“La directiva establece obligaciones claras y las empresas, en muchos casos, ya se están adaptando a estas circunstancias, pues comercializan sus productos en toda la UE”, señalan fuentes del ministerio. La misma nota añade que la prohibición de “introducir en el mercado un producto” se refiere a importadores o fabricantes. Por lo tanto, se podrán seguir vendiendo “las unidades que se encontraban en el canal de distribución antes del 3 de julio”, se afirma. “Se prohíbe que estos productos entren en el mercado, pero los stocks que tengan los distribuidores o los mayoristas se pueden liquidar hasta que acaben las existencias”, precisa Ángela Osma, directora técnica de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip). No está definido hasta cuándo puede completarse la venta de esas existencias.
“Creemos que la exigencia de prohibir estos productos no rige en España, al no haberse traspuesto la directiva. El Gobierno ha hecho una nota informativa más exculpatoria que aclaratoria. Se pone la venda antes de la herida para cubrirse las espaldas ante la Comisión Europea, pues este incumplimiento puede dar lugar a un nuevo procedimiento de infracción contra España por incumplir las directivas europeas sobre residuos”, señala Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.
Toda esta situación no impedirá, en cambio, que sí sea de obligado cumplimiento otra previsión de la directiva europea a partir del 3 de julio: la exigencia de marcar e identificar algunos plásticos que, por su fuerte impacto ambiental, deben incorporar mensajes para sensibilizar al ciudadano de la necesidad de un manejo correcto. En concreto, toallitas húmedas, compresas, vasos y colillas de tabaco (materiales que contienen plásticos) deben llevar pictogramas y mensajes (grabados o pegatinas) de alerta, en el producto o en el envase, para que no sean abandonados indebidamente. Esto es algo que ocurre a veces con las toallitas húmedas, cuando se arrojan al váter. En este caso hay un reglamento europeo que respalda esta obligación sin necesidad de trasponer la directiva. “No obstante, será posible el consumo de estos productos hasta la liquidación de las existencias”, vuelve a aclarar Ángela Osma.
Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, sostiene que el retraso en la trasposición también demorará los planes para reducir el volumen de otros plásticos que deben ser restringidos: vasos monouso y recipientes para comida para llevar. La UE no fija unos objetivos concretos para reducir estos plásticos; lo deja en manos de los estados; pero el proyecto de ley de Residuos sí establece una disminución de 50% en el 2026 y el 70% en el 2020 respecto al 2022.
Y en este punto, los fabricantes discrepan: “El objetivo de reducción que nos propone el Gobierno nos parece desproporcionado; es más lógico el porcentaje del 30% fijado en Portugal”, alegan. Ángela Osma (Anaip) aduce que el consumo de materiales alternativos al plástico de un solo uso puede dar lugar al abandono de estos otros residuos en el suelo y, además, “están aumentando las alertas alimentarias por el uso inadecuado de materiales diferentes al plástico empleados en estas aplicaciones”, sostiene citando a la CU.
Los fabricantes resaltan que eliminar y sustituir algunos plásticos de un solo uso comporta para la industria “una reconversión que exige tiempo, inversión económica y asumir muchos riesgos. Eso no es fácil y, a veces, no es posible”.
Ángela Osma arguye que entrada en vigor de la directiva ha trastocado los planes empresariales. “Ha habido casos de inversiones de capital nacional y extranjero paralizadas y que finalmente se debieron cancelar o cierres de líneas de producción de otras empresas”. “Nos parece injusto que, pese a que el Gobierno no haya cumplido su plazo para trasponer la directiva europea, sí obligue a la industria a cumplirla”, se queja Ángela Osma.
En este contexto, surgen dudas sobre quién controlará el incumplimiento de las restricciones de estos plásticos. El ministerio dice que las competencias sobre comercio, consumo y residuos son autonómicas. Y desde la Generalitat, por su parte, se responde: “No podemos sancionar porque el Gobierno español no ha hecho la transposición de la directiva y cualquier sanción podría quedar en papel mojado y tumbada en los tribunales”.
La futura ley también deberá concretar de qué manera los fabricantes de tabaco asumen la responsabilidad de la recogida de las colillas de tabaco mientras que espera una norma europea que mantenga unidos los tapones a las botellas (como ya empieza a verse en Europa) para prevenir que las botellas contaminen doblemente el medio natural. El retraso en la transposición de la directiva es criticado por Rosa García, directora de la fundación Rezero dedicada a prevenir los residuos: “El Estado español, desgraciadamente, como siempre en asuntos ambientales, llega tarde, y parte de un incumplimiento absoluto”.
Fuente: La vanguardia