Luis Palomino lleva 13 años como secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre), que cuenta entre sus 41 miembros a firmas como FCC, Ferrovial, Suez, Veolia o Sertego, capaces de gestionar anualmente cinco millones de toneladas de residuos industriales, incluidos los peligrosos, con unos 3.000 trabajadores repartidos por todo el territorio nacional. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Escuela de Organización Industrial, recibe a elEconomista en las oficinas de la entidad en Madrid.
¿Qué opina del nuevo impuesto a los residuos que quiere aprobar el Gobierno el año que viene?
Desconocemos esa propuesta del Gobierno; la única noticia que tenemos, al margen de lo revelado por su periódico, es la partida de 861 millones que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, a partir de un impuesto para la eliminación de residuos en vertedero. No ha habido una consulta pública, por lo que no conocemos un texto de este posible impuesto, y es algo que nos extraña considerablemente.
¿No han tenido ningún tipo de interlocución con el Gobierno?
Tenemos relación con el Ministerio para la Transición Ecológica, por supuesto, pero esto no ha salido a información pública.
Pero por lo que conocen tendrán una estimación de su impacto, ¿no?
No sabemos cuándo se va a empezar a aplicar, pero a los productores de residuos, la gestión se les va a incrementar más del doble, tanto por el nuevo impuesto como por la aplicación de un nuevo decreto de depósito en vertedero que se aprobó hace unos meses, con nuevas cargas por la mejora del control.
¿Es apropiado el tipo que se baraja, de 40 euros por tonelada?
Con las cantidades que se manejan, los 40 euros por tonelada es excesivo, muy elevado y las autoridades deberían explicarnos cómo han llegado a esa cantidad. Además, alrededor del 50% de los residuos que recogen nuestros asociados van a tratamientos de valorización: reciclaje de materiales y producción de combustibles, principalmente. Si el impuesto se aplica rápidamente, no va a dar tiempo a hacer tratamientos de valorización, y tendrá un efecto recaudatorio en vez de mejorar el tratamiento de los residuos, que además seguramente empeorará.
¿Empeorará? ¿Por qué?
Si no se da tiempo para la adaptación, es muy posibles que aparezcan soluciones que no sean ambientalmente rigurosas y entremos en el campo de las valorizaciones milagrosas, por llamarlas de alguna forma, que son las capaces de convertir el plomo en oro. Las alternativas al vertedero deben ser auténticas valorizaciones.
¿Aumentará el vertido ilegal?
Nos gustaría que una parte de la recaudación de este impuesto, y de los autonómicos, se dedicase al control de la gestión y a la lucha contra todas las operaciones ilegales.
¿Cuánto tiempo se necesitaría para evitar esos efectos perversos?
Que un gestor desarrolle una estación para un tratamiento de valorización necesita tres o cuatro años, por lo que el nuevo impuesto tendría que aplicarse de una forma gradual, en cuatro o cinco años, para dar tiempo al sector a adaptarse.
¿Qué efecto tendrá sobre la industria productora de residuos?
No hay objetivos europeos de depósito en vertedero para los residuos industriales; no se dice que no puedes llevar más de un 10% en 2030, como sí lo hay para otros residuos. Por lo tanto, nos llama la atención que haya tanto interés en regular estos residuos, y más aún en el caso de los peligrosos, que muchas veces no tienen otras posibilidades de gestión y lo que interesa es hacerlos desaparecer.
¿Y no hay un caos fiscal con los tributos autonómicos?
Tenemos impuestos de distinta intensidad que tienen un efecto ambiental totalmente contrario al que deberían, porque no incentivan la mejora en el tratamiento de los residuos y su valorización, sino su transporte de una comunidad a otra, buscando los territorios con una presión fiscal más reducida, incrementando con ello el impacto ambiental.
¿Qué solución tiene el problema?
Establecer criterios de ámbito nacional y que las comunidades autónomas los respeten y los apliquen. Debe haber unidad de criterio en toda España y se tiene que exigir la misma calidad ambiental.
El impuesto irá dentro de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados. ¿Qué le parece?
Es muy amplia y compleja. Valoramos especialmente la introducción de corresponsabilidad entre el productor y el gestor del residuo, porque hasta ahora la responsabilidad se delegaba en el gestor junto con el residuo. Con la Ley el productor mantendrá cierta responsabilidad, entre otras cosas porque las características del residuo sólo las conocer el productor. El cambio, por otro lado, premiará a los gestores que busquen las excelencia.
¿Cómo le está afectando la pandemia al sector de los residuos?
Depende del residuo. Nosotros estamos muy ligados a la actividad industrial y hay una importante caída; en 2021 habrá una evolución parecida, así que la Administración debería tenerlo en cuenta con vistas a la aplicación del impuesto.
¿Nos sancionará la UE por la gestión de los vertederos?
No por los residuos industriales.
Fuente: El Economista