Representantes de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) exigieron este viernes al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar en la presente legislatura la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Debida Diligencia en las Actividades Empresariales Transnacionales.
Integrada por más de 100 organizaciones y con una base social de cuatro millones de personas, la plataforma reúne a entidades como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace, Comisiones Obreras, USO, Manos Unidas o Entreculturas.
El Gobierno incluyó esta iniciativa, que busca que las empresas españolas respeten los derechos humanos y el medioambiente, en el Plan Normativo Anual de 2022 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
Según la plataforma, existe un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, pero no se ha avanzado en los trámites. Tal situación, a su juicio, » pone en riesgo real la aprobación de la ley» en la presente legislatura.
Preocupadas por esta inacción, las organizaciones se concentraron hoy ante el Palacio de la Moncloa, donde entregaron una carta dirigida al presidente del Gobierno y a las vicepresidentas y ministerios proponentes y coproponentes. En concreto, se dirigen al presidente, Pedro Sánchez; a las ministras Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y Ione Belarra, y al ministro Alberto Garzón.
En la carta, exigen que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Los activistas desplegaron una pancarta con el lema ‘Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA’, en señal de descontento.
MANIFIESTO
Leyeron también un manifiesto en el que urgen a España a aprobar esta ley, para «exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medioambiente en cualquier lugar del mundo». «La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias», agrega.
Según la plataforma, cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo.
Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas», concluye el texto.
Fuente: La Vanguardia