Las empresas catalogadas con el nivel de prioridad 3 deben determinar la cuantía y las medidas de prevención para afrontar la reparación de posibles daños medioambientales
El lunes 12 comenzó la cuenta atrás para que las empresas cuya actividad profesional esté catalogada como altamente contaminante, de prioridad 3, implementen la garantía financiera medioambiental con la que cubrirían su impacto medioambiental. Según la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, disponen de menos de un año para que les sea exigible la constitución de un fondo financiero y una serie de medidas de prevención para hacer frente a los riesgos medioambientales. Previamente, ya ha finalizado el plazo para las empresas de prioridad 1 y 2.
Entre las empresas que reciben esta catalogación, recogidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, figuran instalaciones de combustión como la producción de carbón, la producción y transformación de metales, industrias minerales y químicas, gestión de residuos, producción de derivados de la madera y su conservación, producción de cuero, industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas, consumo de disolventes orgánicos, industria del carbono, tratamiento de aguas y captura de CO2, entre otras. A excepción de las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos, que deberán disponer de dicha garantía en el plazo de tres años, hasta el 16 de octubre de 2022.
A la hora de calcular la cuantía de la garantía financiera entran en juego distintas variables. “En primer lugar se han de identificar los posibles escenarios accidentales que puedan incurrir y la probabilidad de que estos ocurran. Posteriormente, se establece la magnitud del daño en cada caso (IDM o índice de daño medioambiental), que está relacionada con sus costes de su reparación. El tercer paso consiste en calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el IDM. De entre los distintos escenarios con menor IDM que agrupen el 95% del riesgo total, se selecciona como referencia el que tenga un IDM mayor y, finalmente, se cuantifica y monetiza su daño medioambiental”, según explica Jordi Espinar, consultor de Seguridad Industrial de TÜV SÜD España.
Entre los daños medioambientales se encuentran “aquellos que puedan tener afectación sobre las especies silvestres y los hábitats, las aguas, la ribera del mar, las rías y el suelo”. Para prevenirlos, el experto recuerda que es “importante conocer los riesgos medioambientales de la actividad. Esto permite dar soporte a la toma de decisiones con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia y el valor de los daños asociados a los hipotéticos escenarios accidentales, a través de la identificación y el diseño de medidas preventivas o de evitación de nuevos daños”.
En esta línea, TÜV SÜD cuenta con el servicio de Análisis del Riesgo Medioambiental (ARMA), “una herramienta indispensable para cuantificar el riesgo de un establecimiento y a partir de ahí, establecer la cuantía de la garantía financiera”. Gestionar y cuantificar el riesgo medioambiental e incluir prácticas sostenibles en la filosofía de la compañía “beneficia tanto a las empresas como al conjunto de la sociedad. A las empresas porque el reconocimiento de los riesgos ambientales y el compromiso de actuar sobre ellos representa una mejora de la imagen corporativa con efectos sobre los clientes, proveedores, compañías de seguros y administraciones. Y a la sociedad por que las medidas destinadas a que los daños ambientales se produzcan con menor frecuencia o con menor gravedad se traducen en una mejora del medio natural y de la calidad de vida de las personas».
Fuente: corresponsables