Esta semana se ha presentado el Pacto Industrial Limpio, una de las medidas más importantes con las que Europa pretende subsanar la pérdida de competitividad de su economía, puesta de relieve por el informe Draghi. Tras el adelanto de la Brújula para la Competitividad, hoja de ruta para el desarrollo económico sustentado en la innovación y la descarbonización, el Clean Industrial Deal constituye el primer paso decidido para definir el futuro del continente, manteniendo la apuesta por la neutralidad climática, que implicará que la próxima Ley Europea del Clima haga legalmente vinculante el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 90% para 2040. El propósito es que la descarbonización funcione como palanca para la competitividad de la industria de la UE, aplicando soluciones y tecnologías limpias transversales para todos los sectores que reduzcan los costes energéticos y faciliten el uso de materias primas sostenibles
Hace dos años se adoptaba el Plan Industrial Verde, orientado a mejorar la competitividad de la industria europea a la vez que impulsaba la neutralidad climática, propiciando la capacidad de fabricación de tecnologías y productos con cero emisiones netas. Posteriormente, los informes realizados por Enrico Letta y Mario Draghi pusieron sobre la palestra que Europa tiene un problema de competitividad. La Comisión Europea se ha puesto en marcha para atajarlo mediante medidas y estímulos que aborden las principales deficiencias detectadas en cada área. Eso sí, a través de reforzar su apuesta por la descarbonización, la economía circular y la transición verde y digital, tal y como comparten los principales industriales europeos que suscribieron la Declaración de Amberes.
La presentación de la Brújula para la Competitividad fue la antesala de una serie de acciones, entre las que el Pacto Industrial Limpio supone la primera y una de las más importantes. En general, se pretende profundizar en la descarbonización, impulsar la innovación en tecnologías limpias y aumentar la flexibilidad normativa para simplificar las cargas administrativas para las empresas, al menos un 25% para todas las compañías europeas y un 35% en el caso de las pymes, tal y como se recoge en un paquete ómnibus, que se ha presentado a la vez que el Pacto Industrial Limpio.
Además del Plan Industrial Limpio se han anunciado otras próximas iniciativas, como la ya citada Ley Europea del Clima, un Plan de Acción para una Energía Asequible, un Plan de acción para la electrificación y redes eléctricas, una nueva Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial, un Plan de acción para el acero y los metales y un paquete de medidas para la industria química, un Plan de inversiones en transporte sostenible, otro para ferrocarriles de alta velocidad, otro de puertos y sendas estrategias para la industria marítima y la automovilística, la Revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, un Fondo Europeo de Competitividad para invertir en tecnologías limpias y estratégicas y una Nueva Ley de Economía Circular, prevista para el año que viene y cuyo objetivo será establecer un mercado único para los residuos y los materiales secundarios y reutilizables, especialmente en relación con las materias primas críticas. Los expertos estiman quue,, gracias a las medidas de esta nueva normativa, el sector de los residuos pueda incrementar su volumen desde los actuales los 31.000 millones de euros hasta los 100.000 millones para 2030.
Pacto Industrial Limpio
Se trata de un acuerdo que tiene por objetivo descarbonizar y reindustrializar simultáneamente la economía europea, garantizando el acceso a suministros energéticos asequibles y a materias primas sostenibles. Para ello, adopta una serie de medidas transversales, pero diferenciando su aplicación según los distintos sectores o procesos industriales implicados. Se trata de iniciativas relacionadas con requisitos de sostenibilidad y resiliencia, así como criterios de preferencia europea para la contratación pública en la UE.
A pesar de que sitúa la descarbonización como el elemento diferencial para asegurar la competitividad de la industria del continente, se asume que su principal reto consiste en los elevados costes energéticos. Europa mantiene una dependencia del suministro de energía, particularmente gas, desde terceros países, lo que lastra la economía y la hace vulnerable. Por ello, buena parte de las medidas anunciadas se basan en tratar de reducir el coste de la electricidad para la industria, mediante mejoras en la fiscalidad y flexibilidad económica, aumento en inversiones en redes y equipamiento para el almacenamiento energético, promoción de las energías renovables, contratos bilaterales de energía y otros acuerdos para la compra conjunta de energía.
En el Plan se identifican seis factores impulsores de la actividad industrial en Europa: energía barata, mercados líderes, financiación, circularidad y acceso a materiales, mercados globales y competencias. Para acelerarlos se describen distintas medias y acciones, entre las que están:
–Reducir y agilizar los procesos administrativos: se quiere flexibilizar los trámites para las empresas, además de simplificar las normas sobre ayudas estatales y los impuestos sobre el carbono. Todo esto se desarrolla más en el paquete ómnibus que se ha presentado a la vez que el Pacto Industrial Limpio. Como elementos más destacados, el ámbito de aplicación de la CSRD se centrará en las empresas más grandes, dejando fuera aproximadamente al 80% de las compañías, además se garantizará que los requisitos de presentación de informes de sostenibilidad para las grandes empresas no supongan una carga para las más pequeñas, en el mismo sentido, incluso se limitará la obligación de presentar informes de la taxonomía a las empresas grandes.
Se espera que las medidas de simplificación propuestas generen un ahorro de 350 millones de euros en costes, y se traduzcan en movilizar alrededor de 50.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas adicionales.
–Descarbonización y eficiencia energética: promover la transformación de las industrias con uso intensivo de energía mediante la aplicación de tecnologías limpias, reduciendo los procesos de planificación y obtención de permisos. También se plantea flexibilizar los objetivos actuales de almacenamiento de gas. El BEI (Banco Europeo de Inversión) financiará la modernización de las redes energéticas, y la futura Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial movilizará inversiones para apoyar la transición verde. Se pretende aumentar la tasa de electrificación de la economía europea desde 23% actual al 32% para 2030, desplegando 100 GW de energías renovables anualmente.
–Economía circular y materias primas críticas: Se promoverá el uso sostenible de materiales, el reciclaje y la economía circular. Además, se subraya la necesidad de garantizar el suministro de las materias primas necesarias para la producción de tecnología limpia. Con este Pacto se refuerza el papel central de la circularidad en la estrategia europea de descarbonización. La futura Nueva Ley de Economía Circular buscará impulsar la transición desde un modelo lineal con el objetivo de que el 24% de los materiales sean circulares en Europa para 2030. En este sentido, se prevé la creación de un mecanismo para que las empresas europeas gestionen su demanda de materias primas críticas y puedan comprar conjuntamente estos materiales escasos, reduciendo así la inversión necesaria.
–Marco de ayudas estatales: se facilitará que los Estados miembros dirijan ayudas para acelerar la fabricación y la ampliación de tecnologías limpias, sometidas a la capacidad de los proyectos financiados de reducir emisiones u optimizar la eficiencia energética. Para ello se tratará de movilizar recursos privados, complementados con fondos públicos, y para facilitar la entrada de capital privado se propone que los Estados miembros puedan incentivar a los inversores con medidas como la reducción del riesgo de las inversiones en los proyectos considerados estratégicos. También se añade que los Estados pueden emplear otros instrumentos, como subvenciones, préstamos subsidiados o ventajas fiscales. Para no distorsionar la competencia las ayudas descritas no podrán ser superiores al 50% para inversiones en equipos o maquinaria que utilicen hidrógeno, ni del 30% para inversiones en equipos de captura de carbono. Tampoco podrán superar el 35% las ayudas para inversiones en equipos para la producción de energía renovable o para el almacenamiento de energía, ni el 20% para todas las demás tecnologías. Hay que recordar que se espera que el año que viene se presente una propuesta de revisión del Marco de Contratación Pública de la UE, que también puede estar sometido a modificaciones en consonancia con las expuestas.
–Energía asequible: se incluyen iniciativas para contener el coste de la energía, tanto para las empresas como para los ciudadanos. De hecho, en el texto se solicita que los Estados miembros reduzcan los impuestos sobre la electricidad a los umbrales mínimos legales, aunque además de los gravámenes pueden verse afectadas las regulaciones del mercado. Se anuncia que próximamente el BEI lanzará un plan para que las empresas más pequeñas firmen acuerdos de compra de energía, ayudándolas a asegurar el suministro de generadores de electricidad renovable, con precios predecibles. La entidad bancaria también facilitará la modernización y ampliación de las redes eléctricas de los países europeos.
–Inversión: El texto plantea la creación de un Fondo Europeo de Competitividad dentro del próximo presupuesto plurianual, cuya misión será atraer financiación privada para la innovación y el desarrollo en tecnologías estratégicas, entre las que están las renovables, sobre todo enfocadas en las industrias con intenso consumo energético.
–Asociaciones comerciales limpias: otra meta es el fomento y fortalecimiento de las asociaciones con terceros países para asegurar el acceso a energía y tecnologías limpias, siguiendo siempre los criterios climáticos y ambientales de la UE. Además, se anuncia la publicación de una guía para impulsar los contratos bilaterales de energía, y de otra para incentivar la flexibilidad de la demanda energética. En 2026 se publicará también un Paquete de Medidas de Red Europea para acelerar la concesión de permisos y mejorar la planificación de la red transfronteriza.