La nueva figura de colaboración público-privada recién aprobada por el Gobierno, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), agilizan la ejecutabilidad de los proyectos para la reconstrucción azul, verde y digital en la que los operadores del agua urbana están bien posicionados
La reconstrucción de la economía nacional y la recuperacion de las secuelas socioeconómicas que deja tras su paso la pandemia de la COVID-19 nos enfrenta al reto de ejecutar en tiempo y formas proyectos financiados con fondos europeos.
España, recibirá 140.000 millones de euros hasta 2026, de ellos 72.000 millones en transferencias los tres primeros años y, dentro de estos, 27.000 millones adelantados ya en los Presupuestos de 2021 y servirán para acometer las transformaciones pendientes durante años en materia de clima, digitalización, igualdad, cohesión social y territorial.
La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del concurso de las instituciones y administraciones públicas, y un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión.
Esto ha exigido la puesta en marcha de una reforma normativa de carácter horizontal que permita agilizar la asignación y el desarrollo de los proyectos y una simplificación de los procedimientos, manteniendo en todo caso las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
Esta reconstrucción se asienta sobre un pilar fundamental que garantizará la ejecutabilidad de todos estos proyectos: la colaboración público-privada, y en España se llevará a cabo mediante una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (los PERTE) que serán clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Si bien el régimen jurídico español cuenta con instrumentos de colaboración público- privada, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, modifica algunas cuestiones de los mismos con el fin de facilitar su formalización, toda vez que se continúan con los controles necesarios para dar cumplimiento a la normativa y garantizar la absorción de fondos europeos.
Se permite que las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación simple.
Una nueva figura que se crea con vocación de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil, y se pretende reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país.
Se permite que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar de requerir de una autorización legal.
Se facilita la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público contando con la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el principio de libre concurrencia.
Según el real Decreto publicado el pasado 31 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial del Estado se reconocerán como PERTE, aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.
La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento competente por razón de la materia , acompañada de una memoria explicativa en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados.
Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.
Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, para remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.
Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción. Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance muy grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.
Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos y que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación.
Marchena ha destacado que el Real Decreto consolida la colaboración público-privada como garaNtía de ejecutabilidad, “una herramienta esencial que arbitrará esa transversalidad que requiere la reconstrucción azul y verde y que hará del agua un nuevo motor de la economía”.
Valora especialmente que los PERTE no serán una excepcionalidad, sino que son una figura que ha llegado para quedarse, para favorecer la dimensión de esa colaboración con consorcios o mancomunidades de administraciones más pequeñas con empresas.
Además el real Decreta simplifica la carga burocrática de las contrataciones del Estado en una nueva cultura de la Administración que agilizará el flujo de los fondos europeos y avanza hacia una administración moderna y ágil, capaz de responder a los desafíos que la ejecución de proyectos, vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, plantean.
Entre otras disposiciones, figura la generación de sinergias entre los órganos administrativos que se van a encargar de la gestión de los fondos, favoreciendo mecanismos innovadores como los equipos multidisciplinares, los foros técnicos y los grupos de trabajo horizontales, maximizar las disponibilidades en materia de recursos, impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la información en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, finalmente, dotar de capacidades a la Administración para evaluar las acciones desarrolladas, identificar las desviaciones y adoptar correcciones.
Fuente: El Ágora