3 de las enmiendas aprobadas han sido impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular, han asegurado desde esta formación, que considera que la ley “llega tarde y mal” y por ello había presentado 198 enmiendas (en total, se han tramitado 579) a esta norma que también contaba con una propuesta de veto, presentada por parte del senador de Vox José Manuel Marín Gascón.
Se trata de un proyecto de ley que
transpone las directivas europeas de residuos y de plásticos de un solo uso a la normativa estatal, sustituye la actual legislación que data de 2011 y establece
nuevos impuestos al vertido e incineración y a la fabricación de plásticos de un solo uso, además de fijar objetivos de recogida selectiva para la materia orgánica y otros residuos como los textiles y de blindar el “derecho a reparar”, entre otros cambios.
Entre las enmiendas aprobadas, el senador popular Vicente Martínez Mus ha destacado la que proponía modificar la legislación del IVA para que las donaciones que se efectúen a ONGs queden exentas de ese impuesto, algo que según Martínez Mus favorecerá la prevención de residuos al fomentar que las empresas donen excedentes en lugar de destruirlos, ha explicado.
Otra enmienda transaccional aprobada con el respaldo por buena parte de los grupos parlamentarios del senado es la que propone establecer una reserva del 50% de la contratación pública de la gestión de residuos textiles para empresas de economía social. Por otro lado, a iniciativa del grupo vasco, la ley de residuos «obligará a las empresas que producen toallitas higiénicas a cumplir con los requisitos que imponen las normas UNE si quieren etiquetarlas como biodegradables y susceptibles de ser desechadas por el inodoro», han celebrado desde EAJ-PNV.
En la sesión de la Comisión, el senador del grupo mixto Marín Gascón ha defendido su propuesta de veto, que ha sido desestimada y que algunos senadores han tachado de “negacionista”, dominada por “prejuicios ideológicos” y “falta de argumentos”. La ley “genera cambio y el cambio es incómodo”, ha recalcado en su intervención el senador del grupo de Izquierda Confederal Vicenç Vidal, que en sus enmiendas ha pedido, por ejemplo, aumentar los objetivos de recogida selectiva de la materia orgánica (propone llegar al 75% “con solo un 10% de impropios”) así como la creación de más sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), entre otras medidas. Sin embargo, esas propuestas no se han incluido en el texto, aunque todavía queda margen de negociación hasta que el proyecto de ley llegue al pleno para su votación.
“La mayoría de enmiendas aprobadas son de poco calado”, ha valorado Vidal, que ha lamentado la aspiración de algunos grupos parlamentarios de “descafeinar la ley” en lugar de hacerla más ambiciosa. Por ejemplo, ha afeado la aprobación de una enmienda que elimina la restricción al Bisfenol A, una sustancia tóxica que se emplea en la fabricación de plásticos y resinas y que las autoridades europeas reconocen como peligrosa para la salud humana.
Vidal ha criticado además, como los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes, que el proyecto de ley supone “una pisa” para la legislación autonómica, al imponer un canon a nivel estatal que se aplicará en comunidades donde ya existe ese tipo de tributo, como Cataluña. En Cataluña ya hay “un impuesto finalista que funciona”, ha insistido el senador Xavier Castellana, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, y ha asegurado que con este proyecto de ley “se cargan” ese canon.
Desde el Grupo Parlamentario Popular han lamentado también la presión fiscal que añade la ley, y sobre todo la incorporación del canon hidroeléctrico que se ha agregado en una enmienda aprobada y presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS). Este canon se aplicaría a las empresas titulares del aprovechamiento hidráulico en las cuencas hidrográficas de competencia estatal, algo que el GPP ha rechazado al considerar que esta tasa se trasladará al precio de la luz que asumen los consumidores en su factura.
Por su parte, el senador Manuel Miranda Martínez (GPS) ha matizado que la enmienda solo pretende “aplicar correctamente el canon hidráulico” que fue introducido durante la legislatura de Mariano Rajoy y por cuya aplicación incorrecta en 2021 el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a devolver cientos de millones de euros a las eléctricas.