El Consejo ha alcanzado hoy un acuerdo («orientación general») sobre una propuesta para revisar la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La directiva revisada es uno de los resultados clave del plan de acción de contaminación cero de la UE.
Si bien la directiva actual ha demostrado ser muy eficaz para reducir la contaminación del agua y mejorar el tratamiento de los vertidos de aguas residuales durante las últimas tres décadas, esta revisión tiene como objetivo actualizar la directiva ampliando su alcance y alineándola con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
El enfoque general servirá como mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final de la legislación.
Hoy hemos alcanzado un importante acuerdo para mejorar la ya eficaz recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas en la UE. Nos acerca un paso más al objetivo de contaminación cero que nos fijamos para Europa. La contribución de este sector a nuestros objetivos climáticos es crucial y las nuevas normas nos ayudarán aún más a proteger el medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos.
El texto del Consejo logra un equilibrio entre mantener la ambición principal de la revisión propuesta de mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas y ofrecer flexibilidad a los Estados miembros en la aplicación de la directiva, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. .
Los objetivos de la directiva se ampliaron, tal como propuso la Comisión, más allá de la protección del medio ambiente, para incluir también la protección de la salud humana y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Para abordar la contaminación procedente de las pequeñas aglomeraciones, el Consejo amplió el ámbito de aplicación de la directiva para incluir todas las aglomeraciones de 1.250 equivalentes de población (pe) o más, frente a los 2.000 pe de la directiva actual. A efectos de la presente Directiva, el equivalente de población es un parámetro utilizado para definir las cantidades de aguas residuales en términos de la carga potencial de contaminación del agua causada por una persona al día, siendo «un equivalente de población» la carga orgánica biodegradable diaria que tiene una duración bioquímica de cinco días. Demanda de oxígeno de 60 g de oxígeno por día.
El Consejo acordó que la obligación de instalar sistemas de recogida de aguas residuales urbanas debería ampliarse a todas las aglomeraciones de 1.250 habitantes o más. También pospuso el plazo para el cumplimiento de esta obligación de 2030 a 2035, con algunas derogaciones disponibles para aglomeraciones más pequeñas y aquellos estados miembros que se adhirieron más recientemente a la UE. Por ejemplo, a los Estados miembros que se adhirieron después de 2004 o 2006 se les pueden extender los plazos de cumplimiento por ocho o doce años, respectivamente, ya que ya han tenido que realizar inversiones significativas más recientes para implementar la directiva.
Si el establecimiento de un sistema colector no está justificado, es factible o rentable, los Estados miembros pueden utilizar sistemas individuales para recoger y tratar las aguas residuales urbanas.
El texto fija plazos para que los Estados miembros establezcan un plan integrado de gestión de aguas residuales urbanas que abarque aglomeraciones de más de 100.000 pe de aquí a 2035, y aglomeraciones de entre 10.000 y 100.000 pe de aquí a 2040. Dichos planes de gestión integrada se revisarán al menos cada seis años.
El Consejo amplió la obligación de aplicar un tratamiento secundario (es decir, la eliminación de materia orgánica biodegradable) a las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente a todas las aglomeraciones de 1 250 hab o más de aquí a 2035. Se aplican excepciones a las aglomeraciones más pequeñas y a los Estados miembros que se han incorporado recientemente a la UE.
Para 2045, los Estados miembros tendrán que garantizar la aplicación del tratamiento terciario (es decir, la eliminación de nitrógeno y fósforo) en plantas de mayor tamaño, de 150.000 pe o más. El tratamiento terciario será obligatorio en aglomeraciones más pequeñas situadas en zonas con riesgo de eutrofización. Los Estados miembros introdujeron una excepción a este requisito cuando las aguas residuales urbanas tratadas se reutilizan para riego agrícola, siempre que no existan riesgos medioambientales y sanitarios. Un tratamiento adicional que elimine un amplio espectro de microcontaminantes («tratamiento cuaternario») será obligatorio para todas las instalaciones de más de 200 000 pe de aquí a 2045, con objetivos intermedios en 2035 y 2040.
Para cubrir los costes adicionales que implica el tratamiento cuaternario y de conformidad con el principio de «quien contamina paga», los productores de productos farmacéuticos y cosméticos que provocan la contaminación de las aguas residuales urbanas por microcontaminantes tendrían que contribuir a los costes de este tratamiento adicional, a través de un productor ampliado esquema de responsabilidad (EPR). El Consejo acordó que la EPR debería aplicarse a cualquier producto comercializado, en cualquier país y por cualquier medio. Las exenciones del EPR no deben representar una carga administrativa desproporcionada para el productor.
Los Estados miembros coincidieron en que el sector del tratamiento de aguas residuales urbanas podría desempeñar un papel importante a la hora de reducir significativamente las emisiones de GEI y ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de neutralidad climática. Introdujeron un objetivo de neutralidad energética , lo que significa que para 2045 las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas tendrán que producir la energía que consumen, con objetivos intermedios progresivos. Esta energía se puede producir dentro o fuera del sitio, y hasta el 30% de la energía se puede comprar de fuentes externas.
Las nuevas reglas introducen obligaciones para los estados miembros de monitorear los parámetros de salud en las aguas residuales urbanas para rastrear la presencia de patógenos responsables de enfermedades humanas y pandemias, como el virus SARS-CoV-2 (coronavirus), la poliovirus y el virus de la influenza.
Además, los Estados miembros deben evaluar los riesgos para el medio ambiente y la salud humana causados por los vertidos de aguas residuales urbanas y, cuando sea necesario, tomar medidas adicionales además de los requisitos mínimos establecidos en la directiva para abordar estos riesgos.
La orientación general servirá como mandato del Consejo para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final de la legislación. El resultado de las negociaciones deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento.
La directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas se adoptó en 1991. El objetivo de esta directiva es «proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales de fuentes urbanas e industrias específicas». Según la directiva actual, los estados miembros deben garantizar que las aguas residuales de todas las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes se recojan y traten de acuerdo con los estándares mínimos de la UE. Los Estados miembros también tienen que designar zonas sensibles, según los criterios incluidos en la Directiva, para las que se aplican normas y plazos más estrictos.
La Comisión llevó a cabo una evaluación de la directiva en 2019. Esta evaluación confirmó que la implementación de la directiva ha dado lugar a una reducción significativa de las emisiones contaminantes. Una de las razones clave de la eficacia de la directiva reside en la simplicidad de sus requisitos, que permiten una aplicación sencilla. Hoy en día, el 98 % de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92 % se tratan adecuadamente.
Sin embargo, la evaluación mostró que todavía hay fuentes de contaminación que las normas actuales aún no abordan adecuadamente. Estos incluyen la contaminación proveniente de aglomeraciones más pequeñas, desbordamientos de aguas pluviales y microcontaminantes que dañan el medio ambiente. Además, la evaluación destacó el sector de aguas residuales urbanas como uno de los mayores consumidores de energía del sector público. Las nuevas normas pretenden abordar estas cuestiones pendientes y mejorar la contribución del sector a la consecución de los objetivos climáticos de la UE.
Fuente: Consejo Europeo