Las empresas españolas han emitido ya 5.625 millones en bonos sostenibles en lo que llevamos de año, con datos hasta mediados de abril. La cifra más que duplica la del mismo periodo de 2020, un año en el que el 10% de la financiación total en España ya tuvo formato responsable, según los datos de Ofiso, el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (la media global está en el 5%).
A pesar de que todavía no se ha producido la megacolocación que lo cambiará todo, la del primer bono verde del Tesoro español (prevista para el segundo semestre), este país ya es uno de los que más dinero piden bajo el paraguas de la financiación verde. En 2020 fue el quinto colocador de la UE y el noveno del mundo, según la Climate Bonds Initiative. Ese puesto podría cambiar tras el debut del Tesoro.
A nivel global también avanzan sin freno estas colocaciones, que en 2020 alcanzaron los 269.000 millones de dólares (en euros, 224.000 millones). El dato superó solo en un 1,1% el del año anterior, pero el mercado de deuda verde venía de crecer un 55% entre 2018 y 2019. Se suman nuevos emisores: la UE anunciaba el 15 de abril que emitirá 250.000 millones en bonos verdes hasta 2026.
“Este tipo de activo ofrece estabilidad y te permite tomar riesgo en otras partes de la cartera”, explica Jorge González, de Tressis
Todo apunta a un 2021 más verde que social. “En el primer trimestre no se ha producido ninguna emisión social en España”, apunta Julián Romero, presidente de Ofiso, y existen “más proyectos financiables” relacionados con el medio ambiente. 2020 supuso el estallido de la financiación social, pero en el marco de las excepcionales necesidades generadas por la pandemia.
Los bonos sostenibles (verdes, sociales o los propiamente denominados sostenibles, que combinan características de los dos anteriores) ofrecen rentabilidades a vencimiento más bajas que las de los bonos tradicionales. Si nos ceñimos a la deuda verde, el índice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond ofrece un 0,58%, lejos del 1,11% que permite atrapar la deuda global tradicional (el Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Aún así, los gestores los quieren en sus carteras. ¿Por qué?
“Lo que aporta un bono verde en las carteras es estabilidad”, explica Jorge González, director de análisis de Tressis. “Los emisores son solventes y es un mercado menos líquido, con muchos menos movimientos en el precio. Esa menor volatilidad la aprecias mucho, especialmente en años como el pasado, de gran movimiento en el mercado de renta fija. Y pagas esa prima porque te permiten asumir riesgo en otras partes de la cartera”, añade.
La expresión greenium -mezcla de green y premium, que alude a la prima en el precio de los activos verdes- ha ido utilizándose más y más en los últimos meses. Julián Romero explica: “Desde finales 2020 esa greenium empieza a ser mas patente”. No siempre la hay, pero la tendencia es que se ponga más de manifiesto. Hasta ahora, “los grandes institucionales se habían mostrado reacios a pagar un extra de precio, pero estamos viendo una mayor aceptación de esa prima, en gran medida por la regulación”, añade Romero.
En ello tiene mucho que ver la escasez de papel. ¿Cuándo se equilibrarán oferta y demanda? El presidente de Ofiso estima que probablemente la descompensación durará años, ya que el acelerón en las emisiones -propiciado por la propia greenium– no será tan fuerte como el de la demanda.
Respecto a los motivos para meter este activo en cartera, Carlos Magán, socio de Afi, alude a dos principales puntos de vista: “Por un lado, el de aquellos inversores, institucionales y no institucionales, que simplemente quieren conseguir con su inversión algún tipo de impacto medioambiental o social. Sitúan la rentabilidad financiera en segundo lugar”. La otra perspectiva es la de los inversores que piensan que, teniendo en cuenta todos los flujos que se van a dirigir a estos bonos durante los próximos años, su TIR irá cediendo, lo que para ellos se traducirá en una ganancia, en una plusvalía.
“De aquí a un año, todos los inversores responderán a sus entidades si quieren realizar inversiones sostenibles”, explica Carlos Magán, de Afi
Los flujos parecen asegurados, teniendo en cuenta el entramado regulatorio que ya ha puesto en marcha la Comisión Europea bajo su Plan de acción de finanzas sostenibles, que, sin obligarlas, sí empuja a las gestoras a ofrecer este tipo de productos. “Vamos a vivir 2 años en que los flujos por la parte del inversor van a experimentar un crecimiento exponencial, algo que no veo tanto por la parte del emisor”, comenta Magán. “Debemos pensar que de aquí a un año tendremos a todos los inversores a nivel europeo respondiendo a sus entidades, a través de un test, si quieren realizar inversiones sostenibles, algo a lo que previsiblemente contestarán que sí, y la entidad deberá satisfacer esas necesidades”. Se refiere a la modificación de la directiva MiFID II, que obligará a las entidades a preguntar a sus clientes por sus “preferencias en materia de sostenibilidad” en el test de idoneidad (y a ofrecerles productos ajustados a las mismas). “Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg”, señala Magán.
Esos productos sostenibles deberán ser, además, realmente sostenibles. Hasta ahora, podían denominarse de este modo sin pasar un filtro que verificase que lo son. Esto cambia con la entrada en vigor, el pasado 10 de marzo, del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad. Gracias a él, la industria cuenta con 2 artículos -el 8 y el 9, concretamente- que establecen unos requisitos normativos mínimos para identificar a los productos financieros sostenibles.
Esta normativa combatirá el greenwashing (lavado de cara verde), después de que, tal y como pone de relieve Luis Buceta, director de Inversiones en España de Creand AM y vicepresidente de CFA Society Spain, “en muy poco tiempo, todo se haya convertido en sostenible”. Buceta apunta a uno de los grandes problemas con los que se está encontrando la inversión responsable: la disparidad de los ratings ASG -aquellos que califican a las compañías en cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno- entre unos y otros proveedores para una misma compañía. En esta misma línea, desde Fidelity International señalan que los inversores “a menudo pagan una prima significativa por el valor medioambiental, porque demasiado capital persigue muy pocos proyectos. Y hay mucho greenwashing, no es verde todo lo que reluce. Para evitarlo, hay que evaluar las empresas en su conjunto”, advierten.
Aunque en las emisiones sostenibles predominen los emisores con grado de inversión, el high yield (los llamados bonos basura) ya ha puesto una pica en este mercado. “Ya el año pasado vimos nombres como Telecom Italia o Volvo, que emitió este tipo de deuda para financiar sus proyectos de vehículo eléctrico, y estamos empezando a ver cada vez más compañías de este segmento aprovechando la oportunidad que ofrece este tipo de deuda”, explica Guillermo Uriol, gestor de inversiones de Ibercaja Gestión. ¿Podemos esperar un aluvión de emisiones de high yield sostenible? “No creo, porque emitir un bono verde lleva una serie de costes asociados que quizá muchas empresas de este tipo no pueden afrontar”, explica Uriol. Con él está de acuerdo Julián Romero: no veremos un aluvión, “pero esto es imparable, y de forma progresiva veremos operaciones de este tipo; en particular me consta que, en el mercado latinoamericano, que es un mundo bastante high yield, veremos operaciones este año”, avanza.
Carlos Magán advierte que en estas colocaciones, los inversores menos cualificados pueden estar perdiendo de vista el riesgo emisor, y que se están emitiendo bonos high yield con unas TIRes más bajas de lo que les correspondería. “El sector, en cuanto hay una emisión verde, se lanza a comprarla, pero cuidado: es necesario realizar un análisis de crédito como con cualquier bono”, advierte.
Fuente: El Economista