La diversidad de los componentes de la Mesa Nacional del Agua de Chile ha permitido mirar la crisis hídrica y del cambio climático desde distintos puntos, facilitando un diagnóstico nacional común y aunando voluntades para avanzar en cuanto a lo que debe hacer el país, a fin de enfrentar coordinadamente una crisis que nos golpeará duramente.
La crisis hídrica que vive Chile hace más de una década no se detiene. Por el contrario, avanza sostenidamente, por lo que se hace urgente la concreción de una alianza de trabajo a nivel nacional, desde lo sectores más diversos, que permita no solo definir estrategias para enfocar la ruta por donde el país debe transitar a fin de ajustarse al cambio que esta crisis provoca, sino también para mitigar y retrasar su impacto en diversos ámbitos del quehacer.
Pensando en ello, es que en octubre de 2019 se creó la Mesa Nacional del Agua, cuyo objetivo es proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica, orientando su trabajo en establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo; proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo y, finalmente, definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica de largo plazo.
La Mesa Nacional del Agua está integrada por 26 miembros provenientes del congreso, sociedad civil, gremios y gobierno; es asesorada por 50 expositores nacionales e internacionales; a la fecha ha desarrollado 7 mesas de trabajo con 120 integrantes y, además, ha dado espacio a la participación ciudadana, a través de actividades online por la pandemia, las cuales han contado con la presencia de alrededor de 40 mil personas.
Todo este trabajo derivó en un primer diagnóstico común del problema que vive Chile, el cual permitió definir y avanzar en una acción común para enfrentar esta nueva realidad climática.
Alfredo Moreno Charme, ministro de Obras Públicas, quien encabeza esta Mesa Nacional del Agua, indica que “no vamos a influir en el cambio climático, pero tenemos el desafío enorme de adaptarnos, por lo que se requiere una acción decidida, sin pausa, permanente, con visión de país, pues la sequía no es solo un efecto del cambio climático. Esto requiere claridad de hacia dónde nos movemos, porque lo de lo contrario será una adaptación muy dolorosa, lenta e insuficiente para que las personas y las actividades tengan los recursos que necesitan”.
Con esa mirada en mente, es que el análisis de la Mesa permitió establecer tres desafíos y 12 ejes de trabajo para el país. El primer desafío es el de la Seguridad Hídrica, cuyos ejes son el Acceso universal al agua y saneamiento; Plan de infraestructura hídrica y nuevas fuentes y la Planificación estratégica de cuencas.
El desafío dos, Calidad de las aguas y la preservación de los ecosistemas, mientras que sus ejes son la Protección de ecosistemas; Gestión Sustentable de acuíferos y Protección de glaciares. Por último, el Marco legal e institucional bajo el cual debe regirse este nuevo momento del país, y cuyos ejes son la Reforma del Código de Aguas; Institucionalidad pública e Institucionalidad a nivel de cuencas.
Además, la Mesa Nacional del Agua definió tres ejes transversales, los cuales están presentes en países cuyo trabajo en esta misma materia ha sido exitoso, por lo decidieron replicarlos también en Chile. Éstos son Investigación e información pública; Eficiencia hídrica y Educación sobre el uso del agua, y Financiamiento.
La gran mayoría de estos ejes ya han comenzado a ser trabajados por diversos equipos y, hasta la fecha, con diversos avances. Pero, sin duda, uno de los cambios más esperados, especialmente por el alto interés que genera en la sociedad civil, es la reforma al Código de Aguas.
Esta actualización del Código, el cual se relaciona con el primer desafío sobre Seguridad Hídrica, definido como la “provisión confiable y oportuna de agua en cantidad y calidad, priorizando el consumo humano y que permita la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico”, se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución del Senado.
Ahí, según palabras del ministro Moreno Charme está terminando su tramitación, y “ha tenido un avance muy positivo, sobre todo en materia de establecer la prioridad del consumo humano, pues el código actual (antiguo) no lo tiene específicamente, pero así es como ha funcionado en la práctica. Hoy día va a quedar específicamente determinado, y también tendrá el objetivo de la preservación ecológica, pues se crean los caudales ecológicos y también se crea el concepto de la subsistencia en las áreas agrícola, no solo de consumo. Por lo tanto, hay un cambio sustantivo de lo que son los objetivos y que además quedan expresamente señalados”.
En lo concreto, esta reforma al Código de Aguas define:
Otro punto donde el Ministro de Obras Públicas enfatiza es en la reestructuración de la institucionalidad pública, toda vez que diversos organismos, como la OCDE y Banco Mundial, además de otros nacionales como Fundación Chile, han enfatizado en que Chile tiene una institucionalidad muy dispersa, en cuanto a temas de agua.
Por ello, desde la Mesa Nacional definieron una serie de medidas a fin de mejorar esta coordinación, las cuales son la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos; una nueva Unidad de información hídrica, que organice los datos dispersos en esta materia; un panel de expertos de recursos hídricos permanente; una comisión de ministros de recursos hídricos más un comité técnico y la instalación del Consejo Nacional de recursos hídricos, que institucionaliza la Mesa Nacional del agua.
A pesar de los avances en este corto plazo de instalación de la Mesa Nacional del Agua y de los presagios optimistas que realiza la autoridad ante la ruta por la cual el país comenzó a transitar, hay sectores donde aún los avances son pocos o casi nulos.
“Hay un punto donde realmente tenemos un problema en Chile, y que es el agua potable rural, la cual tiene una realidad completamente distinta a la de la zona urbana. Ahí hay 700 mil personas que no tienen un sistema formal de agua, es decir, donde no se cumple razonablemente el acceso universal al agua, y que tienen que abastecerse con un camión aljibe, un tarrito, ir a buscar agua a un sitio lejano, donde tenemos una gran deuda”, indica el ministro de Obras Públicas.
Y esto que explica, tiene que ver con lo que el Estado ha dejado de hacer por décadas en las zonas rurales, lo cual ha ido cambiando en los últimos años. Uno de estos avances es la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, en vigencia desde noviembre del 2020, la cual instala todos los servicios de agua potable rural bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas. “Antes de esta Ley un tercio de estos servicios fueron hechos por privados, por municipios y otras entidades y no tenían ni la calidad ni la resiliencia ni el acompañamiento como otros sistemas del MOP, que han tenido pocos problemas, pues a esos se les hace un mejoramiento y acompañamiento constante”, explica el ministro.
“Hoy, de acuerdo a esta nueva ley, estamos trabajando con cada uno de ellos, resolviendo sus problemas, pues son sistemas a los cuales hay que subirles la calidad. Eso se ve reflejado en la inversión que tenemos año a año en sistemas de agua potable rural, en que ya habíamos subido el año 2020 a 215 millones de dólares, este 2021 vamos en 341 millones de dólares, es decir un aumento al triple”, (2010 era 90 millones) enfatiza Moreno Charme.
Agregando que “esto es algo que debe permanecer en el tiempo y hago un llamado, porque la inversión debe continuar, ésta es una deuda que Chile no puede mantener, no puede ser que haya gente que no tiene un buen acceso al agua potable, para el estándar que Chile tiene”.
“Se trata de un compromiso que nos envuelve a todos, que es un tema que irá por muchos años; que lleva a un cambio cultural, que implica cambiar la forma en que vivimos, en cómo son nuestros parques, en cómo nos adaptamos en múltiples elementos, esto requiere un esfuerzo transversal”, finaliza el ministro.
Fuente: El Ágora