Las empresas públicas juegan también un papel estratégico en la transición hacia una economía más sostenible. La agenda ESG (ambiental, social y de gobierno) de las compañías participadas por el Estado, como contribuyentes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha puesto el foco especialmente en promover la salud y el bienestar de sus empleados, junto a la meta de alcanzar la neutralidad climática.
El informe Clima y bienestar: En el foco de la agenda ESG de las empresas públicas españolas, elaborado en el marco del Grupo de Acción de Sostenibilidad y RSE en las Empresas Públicas, liderado por Forética y formado por 31 entidades, identifica algunas de las iniciativas que llevan a cabo para contribuir a esos objetivos. El Grupo de Acción está encabezado por el ICO e Informa D&B, y de él forman parte grupos, entre otros, como Adif, Aena, Cesce, Emasesa, Enaire, Enresa, Enusa, Tragsa, Icex, Ineco, Metro de Madrid, Navantia, Paradores, Renfe, RTVE o Senasa.
En los últimos años, las empresas se han enfrentado al riesgo asociado a la falta de gestión de la salud y el bienestar en sus grupos de interés. Un riesgo que lleva al ámbito empresarial a apostar por la creación de una cultura de bienestar enfocada no solo al ámbito físico, sino también al bienestar financiero, social y emocional, teniendo en cuenta, además, que las personas pasan un 30% de su vida en el puesto de trabajo.
Cinco dimensiones
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (Wbcsd) identifica cinco dimensiones de la salud y el bienestar que las empresas tienen que abordar: ocupacional (salud y seguridad), física, mental social y financiera. El 81% de las empresas públicas del Grupo de Acción cuenta con una estrategia o programa específico para cuidar la salud y el bienestar de sus equipos; el 89% implementa medidas para la flexibilidad laboral y la conciliación; el 85% promociona acciones para un estilo de vida y hábitos saludables; el 44% garantiza la desconexión digital; y el 26% les ofrece apoyo psicológico y emocional.
Grupos como Tragsa y Giahsa son ejemplo. Tragsa, especializada en obras y servicios en el medio rural y conservación de la naturaleza, lleva a cabo proyectos de I+D+i para la implantación y uso de nuevas tecnologías enfocadas a preservar y mejorar la seguridad y salud de sus profesionales. Como el Proyecto Humif, sobre el humo en los incendios forestales, con mediciones para analizar y conocer la exposición a la que las personas que trabajan en la extinción de incendios forestales pueden estar expuestas por contaminantes químicos.
La empresa de gestión de servicios Giahsa elaborará el plan estratégico que le ha encomendado el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva para mejorar las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión municipal, articulándose un mecanismo para invertir en aquellas infraestructuras afectas a la prestación del ciclo integral del agua en 36 municipios.
Junto a la salud laboral, las empresas públicas deben avanzar en la descarbonización para llegar a la meta de las cero emisiones, siguiendo así la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta señala que antes de 2050 España debe alcanzar la neutralidad climática para cumplir con los compromisos internacionales, mientras que el sistema eléctrico debe estar basado sólo en fuentes de origen renovable.
Estrategia climática
El 79% de las compañías del Grupo de Acción ya tiene una estrategia de acción climática con acciones de descarbonización, incluyendo medidas de eficiencia energética, electrificación y consumo de energías renovables. Asimismo, para el 67% de ellas, la colaboración y el trabajo con la cadena de suministro para su descarbonización es clave de cara a lograr las cero emisiones; y para el 71% los grandes motivos para la neutralidad climática son contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y mitigar la exposición a los riesgos ambientales.
Las empresas públicas son activas también en iniciativas. El ICO, por ejemplo, es un emisor de referencia con el lanzamiento de trece emisiones de bonos sostenibles por valor de 6.550 millones de euros. Cuatro de estas emisiones son bonos verdes, que han impulsado 30 proyectos de energías renovables y transporte limpio de grupos españoles, y nueve sociales. El ICO lanzó en 2020 la primera emisión pública de un Bono Social Covid, y ha dirigido parte de la financiación de sus últimas emisiones, entre otras, a construir de hospitales o proyectos de vivienda social.
Navantia ha desarrollado la iniciativa Ecosistema Navantia, basado en la compensación de emisiones. Con esta finalidad tiene un proyecto de reforestación con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) para la absorción de dióxido de carbono. También se está preparando para planes de secuestro de carbono azul, para realizar la compensación de emisiones con proyectos asociados a ecosistemas marinos y costeros, apoyando su conservación.