Atraídas por el potencial para almacenar carbono que tienen las salinas y, en especial, las marismas, empresas fósiles y constructoras como Cepsa, Red Eléctrica y Navantia están acudiendo a la Bahía de Cádiz. Llegan invitadas por la Junta de Andalucía para financiar proyectos de restauración que les ayuden a compensar sus huellas de carbono. El objetivo de la administración pública, así como del Parque Natural de la bahía, es comercializar los terrenos de marismas y salinas –la mayoría de dominio público– en el incipiente mercado de carbono azul para evitar su degradación, tal y como explica Rafael Martín, director conservador del Parque. A principios de 2022, la Junta lanzó un primer proyecto piloto. Mientras tanto, organizaciones como Ecologistas en Acción y científicos independientes advierten del riesgo de especulación y de la falta de datos.
El Parque Natural alberga el mayor humedal mareal de España, con 10.500 hectáreas (ha) de salinas y marismas por las que corretean aves y en las que algunos pocos trabajadores aún cosechan sal marina virgen como hace miles de años. Se estima que en las últimas décadas Andalucía ha perdido más de 120 de sus humedales, tanto costeros como continentales –aproximadamente un 50% del total–. Para frenar este declive, en los últimos años han surgido varios proyectos de restauración, impulsados por entidades como Salarte, la Universidad de Cádiz o Ecologistas en Acción. Además de servir como hábitat a especies vulnerables como el chorlitejo patinegro, lo que más despierta interés últimamente es lo que ocurre debajo del agua.
En el suelo barroso y en las fanerógamas (plantas marinas) de las marismas se almacenan miles de toneladas de carbono orgánico. Se trata de uno de los más importantes sumideros y almacenes de carbono orgánico del mundo. Las praderas marinas, por ejemplo, son capaces de absorber más de 32.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, emisiones que equivaldrían a más de 7.100 turismos de gasolina circulando durante un año. En cambio, las marismas mareales superan por diez la capacidad de capturar carbono de los árboles, una capacidad de absorción a la que solo le hace sombra los manglares.
La conservación y restauración de sumideros de carbono como las marismas se enmarca dentro de las «soluciones basadas en la naturaleza» fomentadas por la Unión Europea para mitigar los gases de efecto invernadero. Dichas «soluciones» están atrayendo cada vez más atención por parte de empresas como Iberdrola, que recientemente ha lanzado Carbon2Nature, una empresa dedicada a reducir su huella de carbono mediante este método.
El interés hacia el carbono azul que almacenan estos ecosistemas marítimos se disparó en 2021, recuerda Ignacio Hernández Carrero. El catedrático de Ecología en la Universidad de Cádiz (UCA) forma parte del equipo de la Junta que está desarrollando un estándar andaluz de carbono azul, uno de los primeros de Europa. «Se trata de un documento metodológico. Estipula los procedimientos a seguir por los promotores, estableciendo un reglamento para medir, verificar y tratar con créditos de carbono azul», explica Hernández. «También hemos desarrollado los cálculos para que los promotores lo tengan más fácil».
Los cálculos permiten estimar el número de toneladas de carbono almacenadas en un lugar concreto, así como el número de toneladas que podrían ser absorbidas a lo largo de los siguientes 50 años. Una vez hechas las estimaciones, el procedimiento es simple, por lo menos en la parte teórica: por cada tonelada de CO2 almacenado, una empresa puede comprar un crédito equivalente a esa tonelada. Los créditos certifican que la misma cantidad de carbono que la empresa haya emitido por un lado, ha sido secuestrada y almacenada por otro lado. Compensando las toneladas de CO2 emitidas por un número equivalente de créditos, las empresas llegan a la supuesta neutralidad climática. En el terreno, el dinero ganado con la venta de créditos de compensación se invertiría en la restauración y mantenimiento de las marismas.
Los créditos de carbono mueven al año miles de millones de euros en un mercado global. En 2022, su valor se calculó en 331.800 millones de dólares estadounidenses, y se espera que alcance un valor de 1,6 billones de dólares estadounidenses en los próximos 5 años. Precisamente, se prevé que el mayor mercado de compensación durante este periodo sea Europa, que cuenta con el mayor sistema de comercio de emisiones del mundo. A nivel andaluz, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, regulado por la ley climática andaluza, permite al sector empresarial compensar su huella de carbono a través de proyectos voluntarios.
Lo que distingue el nuevo estándar andaluz de los anteriores es el hecho de que se centre en carbono azul en vez de carbono verde (el almacenado en ecosistemas terrestres). «El interés está subiendo», asegura Hernández, que lleva 25 años trabajando en estos ecosistemas. «El País Vasco está desarrollando su propio estándar, y desde Galicia también han contactado con nosotros», explica.
Asimismo, al contrario del caso de empresas que comercializan bonos de carbono verde –sector donde ya hay cierta burbuja–, actualmente el sistema andaluz de compensación de carbono solo prevé la autocompensación, señala Hernández. «De momento, no se puede comerciar con ese estándar, no está pensado para eso, y requerimos un compromiso mínimo de 50 años», afirma.
El secreto que permite a los ecosistemas humedales almacenar una cantidad tan potente de carbono es la materia orgánica que se deposita en su fondo. Compuesto de restos orgánicos (principalmente restos de plantas, fanerógamas marinas u microorganismos), el suelo de las marismas es su principal reservorio de carbono, explica Gloria Peralta González, experta en humedales costeros y profesora titular en la UCA. El hecho de encontrarse bajo el agua tiene varios beneficios, ya que el carbono se oxida menos y la sedimentación continuamente entierra más carbono. Además, al contrario de reservorios terrestres como los ecosistemas forestales, no hay riesgo de que un incendio oxide el carbono, convirtiéndolo en CO2.
Tanto las salinas como las marismas tienen capacidad de albergar carbono, aunque las salinas albergan una tercera parte de lo que pueden encerrar las marismas. Una de las razones por la que una salina almacena menos carbono está relacionada con la actividad salinera misma, añade Peralta. «Cuando se limpia el fondo de los esteros, o, por ejemplo, cuando se crea un estero nuevo, el sedimento que movilizas tiene muchas probabilidades de liberar el carbono enterrado. Pero aún faltan estudios para cuantificar la cantidad de carbono perdida».
Aun así, lo que cuenta para un proyecto de compensación no es tanto el número de toneladas almacenadas en el sedimento, sino el potencial de captura de carbono, dice Anthony Campbell, científico de la NASA que estudia la pérdida global de las marismas. «[Este carbono] se ha acumulado a lo largo de más de 100 años. Lo importante es saber la cifra de capacidad de secuestro actual», dice.
Por este motivo, es esencial tomar catas de humus de forma periódica, para analizar cuánto carbono adicional han acumulado en el periodo de tiempo entre una muestra y otra. Ese es el proceso que están siguiendo en los incipientes proyectos de carbono azul de la bahía, seleccionando muestras de un metro de profundidad de los sedimentos, tal y cómo explica Hernández. A partir de estas, los investigadores del proyecto de investigación Life Blue Natura han encontrado que las marismas andaluzas fijan alrededor de una tonelada de CO2 al año por hectárea.
Tal y como explica Gloria Peralta, «los datos del estándar son lo mejor que tenemos, pero el grado de incertidumbre es todavía alto y necesitamos muchos más datos». Si no, se corre el riesgo de confiar en cálculos aún insuficientes.
Anthony Campbell advierte que los ecosistemas húmedos son un arma de doble filo. Aunque se vendan como solución contra el cambio climático, estos también pueden llegar a liberar grandes cantidades de gases a efecto invernadero una vez abandonados. Al secarse, por ejemplo, la falta de inundación de la marea pone en riesgo el carbono enterrado durante centenarios, ya que el este puede oxigenarse y convertirse en CO2. «Al perderse, estos almacenes de carbono corren riesgo de convertirse en bombas de carbono», explica Peralta.
Para evitar la pérdida de más emisiones y fomentar el potencial de las marismas como sumideros, la Junta de Andalucía ha empezado a recurrir a empresas privadas, obligadas a reducir el impacto de sus operaciones e interesadas en promocionarse como empresas sostenibles.
En enero de 2022, la Junta de Andalucía anunció el lanzamiento de un primer proyecto piloto en la región, incluyendo dos proyectos en la Bahía de Cádiz y otros dos en el Cabo de Gata, lugares escogidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En la Bahía, se contemplan actuaciones en unas 200 hectáreas altamente degradadas del paraje de Las Aletas y en unas 150 hectáreas en el río Guadalete. De acuerdo a los cálculos de la Junta, su restauración supondrá la captura de más de 106.000 toneladas de CO2 durante el próximo medio siglo. Mientras, el proyecto de conservación de posidonia oceánica en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería busca restaurar áreas afectadas por bloques de hormigón utilizados para el fondeo no regulado, en el marco del citado ‘Life Blue Natura Andalucía’, financiado con fondos de la UE, así como, en parte, por CEPSA.
Pero no son los únicos. «Actualmente hay 6 o 7 proyectos en el aire, empezando a rodar», asegura Hernández, que explica que la Unidad de carbono azul de la UCA no da a basto. «Va a mucha velocidad. Ahora mismo estamos saturados de trabajo, porque continuamente más empresas se interesan y propietarios de concesiones administrativas ven en esto una oportunidad de generar actividad económica». El asesor de la Oficina Andaluza contra el Cambio Climático ve la situación «como una diversificación para rentabilizar la restauración de salinas y que surja una nueva revolución».
En este sentido, el director conservador del Parque Natural Rafael Martín detalla que «de momento, hay un grupo de empresas que ya han solicitado una cuestión de interés para la licitación –entre las cuales está Cepsa, Navantia, Iberostar y Metro de Málaga–, y están llegando a un acuerdo de financiación para los 400.000 euros de restauración más el coste de mantenimiento anual que se requieren».
Para Juan Martín, presidente del Fondo para la Custodia y Recuperación de la Salina Marismera Salarte, la llegada de las grandes empresas supone una competencia adicional. Paseando por la recientemente restaurada salina de Balbanera, el biólogo cuenta las dificultades que desde la ONG Salarte tienen para conseguir alguna concesión. «Estábamos gestionando la transmisión de la concesión de una salina abandonada desde hace décadas, pero hemos acabado en desacuerdo con los propietarios, que han decidido esperar a conocer los rendimientos del carbono azul», explica. Como con la empresa Cultivos piscícolas marinos (CUPIMAR), a la que pertenecen más del 30% de las salinas en la bahía.
Según Ecologistas en Acción, no se trata de un caso aparte. «Con la economía de carbono azul está apareciendo mucha gente. El parque natural está intentando vender certificados de carbono, aunque [las salinas] lleven años abandonadas, y el precio de las concesiones ya es alto”, denuncia el activista Juan Clavero. Clavero no descarta una posible especulación “y eso que se trata de tierras en dominio público». Confrontado a estas críticas, el director del Parque Natural Rafael Martín anuncia categóricamente que no puede controlar los precios. La Oficina Andaluza de Cambio Climático no ha respondido a las reiteradas peticiones de entrevista realizadas por Climática.
Ecologistas en Acción también denuncia la falta de transparencia sobre los proyectos de compensación así como que la falta de participación social. «Nos han dejado de lado. No estamos involucrados», critica Daniel López, especialista en cambio climático y carbono azul de EEA en Cádiz y que se muestra reacio a confiar en el mercado de carbono azul.
No sería la primera vez que unos proyectos no compensan lo que prometen. Varias investigaciones periodísticas apuntan que entre los proyectos de compensación de carbono verde más importantes, más de la mitad no podían garantizar una reducción de emisiones adicional.
Si bien el IPCC (el mayor panel de especialistas en cambio climático) incluye los proyectos de compensación en sus modelos para llegar a los objetivos de temperatura fijados en el Acuerdo de París, Daniel López denuncia el hecho de que tanto las autoridades públicas como muchas empresas –entre ellas Iberdrola, cuya huella de carbono en 2022 equivalió a más de 55 millones de toneladas de carbono– inviertan en la compensación en vez de centrar sus esfuerzos en una reducción de las propias emisiones. «Se trata de un desvío de compromisos administrativos», denuncia López, «no es el esfuerzo fundamental que tenemos que hacer».
Pese a las críticas e incertidumbres, la dirección del Parque Natural ha decidido seguir adelante, convencida de que los beneficios superan los potenciales riesgos de greenwashing (lavado verde). «Si el primer proyecto piloto es un éxito, empezaremos a concesionar los otros dominios del parque. Nuestro objetivo es que las actividades salineras de la bahía se puedan certificar y que entren en el mercado de emisiones», dice Rafael Martín. De esa manera, asegura el director, se podrían recuperar las antiguas salinas abandonadas.
Por el momento, las marismas y salinas siguen amenazadas. «Es necesario protegerlas –señala el científico Campbell– por su belleza, su capacidad de mitigar la subida del nivel del mar y las tormentas. El carbono sólo forma una parte pequeña de su importancia».
Fuente: La Marea.com