Las instituciones europeas acordaron recientemente endurecer los límites de concentración en el aire de los principales contaminantes. Supone en varios casos rebajar a la mitad los máximos respecto a lo permitido hasta ahora. Los países de la Unión Europea tendrán que ponerse al día en los próximos seis años, porque serán de obligado cumplimiento a partir de 2030. Y, a la vista de los datos actuales, España no será una excepción. De hecho, ninguna de las 20 ciudades más pobladas del país cumple en estos momentos los nuevos límites anuales para dos de los principales contaminantes: el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas PM₂,₅ (las de un diámetro menor a 2,5 micras), que están detrás de decenas de miles de muertes prematuras al año en España. Partiendo de los datos de 2022, ninguna de estas dos decenas de urbes cumpliría con el nuevo tope legal de las PM₂,₅ (que pasará de los 20 microgramos por metro cúbico actuales a 10) y solo cuatro —Las Palmas, Alicante, Vitoria y Elche— respetarían la nueva concentración establecida para el NO₂ (que pasa de 40 microgramos por metro cúbico a 20).
Miguel Ceballos, experto en contaminación, advierte de que los nuevos límites “deben cumplirse en 2030 como tarde, por lo que han de ponerse en marcha ya las políticas” para mejorar la calidad de aire. Y lo primero es “cumplir de manera rigurosa con las medidas que ya contempla la legislación vigente”. Ceballos, que radiografía desde hace años para Ecologistas en Acción la calidad del aire en España, se refiere a las zonas de bajas emisiones, que las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían haber puesto en marcha el 1 de enero de 2023. Pero más de un año después la inobservancia sigue siendo masiva: solo 7 de las 20 ciudades más pobladas del país tienen vigente su zona de bajas emisiones, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
La puesta en marcha de estas zonas es solo una de las medidas de las que se deben tomar para cumplir con los nuevos topes europeos, que se plasmarán en una directiva que se aprobará este semestre. Bajar hasta los nuevos límites será complejo en algunos casos y con algunos compuestos, como las partículas de menos de 2,5 micras, advierte Xavier Querol, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC. Porque su formación no depende solo del tráfico o el humo que sale de las chimeneas, sino que también influyen las condiciones atmosféricas.
Desde finales de los años noventa del siglo pasado, la Unión Europea cuenta con normas para controlar la contaminación del aire en las que se fijan límites para la concentración de las principales sustancias nocivas para el ser humano, entre las que están las PM₂,₅ y el NO₂. Los Estados deben controlar la polución a través de su red de estaciones de medición y reportar los datos a Bruselas. El país se divide en 131 “aglomeraciones” que cubren todo el territorio y que en la mayoría de casos están formadas por más de un municipio.
Los mayores problemas los ha tenido España hasta ahora con este contaminante, muy vinculado en las grandes ciudades a los coches diésel. De hecho, el país fue condenado por incumplir de forma sistemática los límites de NO₂ durante una década en Madrid y el área metropolitana de Barcelona. Debían cumplirse desde 2010, pero en ambos casos no ocurrió hasta principios de esta década. “Si no se ponen en marcha ya medidas como el impulso a la electrificación del transporte y la movilidad peatonal y ciclista, nos veremos abocados a lo que ya nos sucedió con Barcelona y Madrid”, advierte Ceballos.
Este experto habla de la “obligación moral” de luchar contra una contaminación que tiene unos “costes humanos y económicos inasumibles”. “No es admisible esperar a 2030, hay que tomar medidas ya”, añade Ceballos con la mirada puesta en las negativas de muchos alcaldes a poner en marcha las zonas de bajas emisiones, áreas de tráfico en las que se restringe el paso a los vehículos más contaminantes. Pese a que la Ley de Cambio Climático obliga a las 151 urbes de más de 50.000 habitantes del país a contar con una desde hace más de un año, solo una veintena las tienen activas, informa Miguel Ángel Medina. La gran mayoría se encuentran en trámites para instalarlas, aunque en general con poca ambición (en zonas pequeñas y con pocas restricciones), como advierte también Ceballos.
Además, al menos seis ayuntamientos que el pasado mayo estrenaron gobiernos locales de derechas (en su mayoría, de PP y Vox) anunciaron su intención de reducir o retrasar la entrada en vigor de estas áreas. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes envió a finales de 2023 una carta a los alcaldes para advertirles de que les retirarían los fondos europeos si frenaban sus zonas de bajas emisiones o daban marcha atrás en otras medidas de movilidad sostenible. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió además de que podría llevar ante la justicia a los incumplidores, mientras el Defensor del Pueblo abrió una actuación de oficio para consultar a los regidores por qué se están retrasando tanto en la aplicación de la ley.
En el caso de las partículas finas, la situación con los nuevos límites europeos será más complicada y es previsible que suponga un problema que hasta ahora no había tenido España. En 78 de las 131 aglomeraciones del país se estaría en situación de incumplimiento si entraran en este momento en vigor los nuevos máximos anuales para las PM₂,₅. Y en todas las grandes ciudades se sobrepasan los topes establecidos ahora por las instituciones comunitarias.
Querol recuerda que España cumplió con la legislación europea sobre partículas sin muchos esfuerzos a partir de 2010. “Y las medidas se centraron más en frenar el dióxido de nitrógeno”, añade. Además, en el caso de las PM₂,₅ las fuentes están más dispersas. En el caso de las grandes ciudades, Querol señala que solo el 30% de estas partículas procede del tráfico. Otro 10% viene de las obras, un 10% de los puertos en el caso de que sea una urbe costera, entre un 10% y un 15% de la industria… Además, también “depende de las condiciones atmosféricas que pueden favorecer o impedir que se formen las partículas”.
Fuente: Gestores de Residuos