El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un nuevo marco regulatorio para impulsar en España las redes urbanas de calefacción y refrigeración, una tecnología todavía incipiente en el país pero llamada a ganar peso en la descarbonización de edificios, polígonos industriales, hospitales, campus universitarios y grandes complejos terciarios. El proyecto de real decreto regula por primera vez de forma específica estos sistemas, fija criterios para que puedan ser considerados eficientes, introduce obligaciones para aprovechar el calor residual de grandes instalaciones y fuerza a los municipios de más de 45.000 habitantes a elaborar planes locales de calefacción y refrigeración.

La norma transpone al ordenamiento español parte de las obligaciones derivadas de la Directiva europea de eficiencia energética y de la revisión de la Directiva de renovables. Su objetivo es acelerar el uso de energía térmica renovable, calor residual y cogeneración de alta eficiencia en redes capaces de suministrar calefacción, refrigeración o energía térmica para procesos a varios edificios o emplazamientos desde una fuente centralizada o descentralizada.

El cambio más relevante para las administraciones locales es la obligación de planificación. Los municipios con una población igual o superior a 45.000 habitantes deberán elaborar y mantener actualizado un plan local de calefacción y refrigeración. La primera versión tendrá que estar disponible, como tarde, el 31 de diciembre de 2027. Los municipios por debajo de ese umbral podrán hacerlo de forma voluntaria, mientras que las diputaciones podrán promover planes provinciales para localidades de menor tamaño.

Estos planes deberán identificar la demanda térmica, las posibilidades de conexión a redes urbanas eficientes, el potencial de calor residual y las oportunidades para sustituir soluciones individuales por infraestructuras colectivas más eficientes. Además, antes de su aprobación, los borradores tendrán que someterse a información y participación pública. El Ministerio prevé apoyar a las entidades locales con guías metodológicas, asistencia técnica y mecanismos financieros para facilitar su elaboración.

El real decreto también establece una senda progresiva para que una red de calefacción y refrigeración pueda ser considerada eficiente. Hasta finales de 2027 bastará con que el sistema utilice al menos un 50% de energías renovables, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estas fuentes. A partir de 2028 se endurecen los requisitos y, desde 2050, solo serán eficientes los sistemas alimentados exclusivamente con energía renovable, calor residual o una combinación de ambas.

Los sistemas eficientes deberán contar con un certificado anual que acredite el cumplimiento de esos criterios. La tramitación corresponderá, con carácter general, a las comunidades autónomas, y los gestores tendrán que solicitarlo antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio analizado. Los sistemas existentes que no cumplan los requisitos y superen los 5 MW estarán obligados a presentar un plan quinquenal para mejorar su eficiencia, reducir pérdidas y aumentar la participación de renovables.

La regulación introduce además un registro nacional de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, de carácter público y gratuito, gestionado por el Ministerio. Todos los gestores deberán remitir información técnica anual antes del 10 de abril, lo que permitirá disponer de un censo actualizado y facilitará a las administraciones la evaluación de cada sistema.

Otro de los pilares del texto es el aprovechamiento del calor residual. La norma apunta directamente a grandes instalaciones industriales, de servicios y termoeléctricas que generan calor que hoy se pierde sin uso energético. En concreto, el proyecto afecta a instalaciones industriales con potencia superior a 8 MW, instalaciones de servicios por encima de 7 MW e instalaciones termoeléctricas de más de 10 MW, que deberán facilitar información sobre el calor disponible y someterse, en los casos previstos, a análisis de costes y beneficios para evaluar su posible aprovechamiento.

El Gobierno quiere que ese calor residual pueda integrarse en redes urbanas próximas. La norma menciona expresamente fuentes como instalaciones termoeléctricas, industrias, estaciones depuradoras de aguas residuales, plantas de cogeneración y centros de datos. Los titulares de estas fuentes deberán colaborar con las administraciones y con los gestores de redes de calor y frío, aportando los datos técnicos y energéticos necesarios para estudiar proyectos de recuperación y cesión de calor.

El texto también prevé medidas de simplificación administrativa. Las administraciones deberán priorizar la creación de ventanillas únicas para tramitar proyectos de redes urbanas eficientes, al menos en los casos de mediana y gran escala. Además, se fomenta que el silencio administrativo sea positivo como regla general, salvo causa justificada, y se abre la puerta a procedimientos de «diálogo temprano» entre promotores y administraciones antes de la presentación formal de los proyectos.

La norma tendrá impacto en el sector inmobiliario y en la edificación. En nuevas promociones urbanísticas, las entidades locales deberán garantizar un análisis de costes y beneficios para evaluar si resulta viable implantar o conectar el desarrollo a una red urbana eficiente frente a soluciones individuales. Si el análisis concluye que la red es viable, las administraciones deberán valorar prioritariamente esta alternativa y motivar expresamente cualquier decisión en sentido contrario.

El proyecto también incorpora obligaciones de transparencia para los consumidores. Los proveedores deberán informar de la cuota de energía renovable, calor residual o cogeneración de alta eficiencia utilizada en el suministro térmico. Esa información deberá presentarse de forma accesible, con recomendación de publicarla en la web del proveedor y en las facturas.

Junto a ello, el Ministerio creará un sistema de garantías de origen para la energía térmica renovable en redes urbanas de calefacción y refrigeración. Este instrumento permitirá acreditar ante los consumidores que una cantidad determinada de energía térmica procede de fuentes renovables. El sistema deberá desarrollarse en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del real decreto.

La futura regulación refuerza, en definitiva, el papel de las redes de calor y frío como infraestructura energética local. El Ejecutivo busca convertirlas en una vía para reducir consumo de energía primaria, aprovechar excedentes térmicos industriales y terciarios, acelerar la electrificación y facilitar la integración de renovables en edificios. Para ayuntamientos, comunidades autónomas, promotores inmobiliarios, industrias y grandes consumidores térmicos, la norma abre una nueva capa de planificación obligatoria y de posibles inversiones asociadas a la descarbonización del calor.

Fuente: El Economista