El mercado ha detectado una creciente demanda de inversiones medioambientalmente responsables y las etiquetas «verdes» proliferan cada vez más. Pero la Comisión Europea está convencida de que en muchos casos se trata solo de una atractiva etiqueta que oculta un producto de inversión sin apenas beneficio ecológico o, incluso, contraproducente para el medioambiente.
Bruselas quiere acabar con ese confuso y engañoso batiburrillo y este jueves ha aprobado un paquete legislativo que regulará las llamadas inversiones «verdes». Por primera vez, la CE establece los criterios que permitirán al sector financiero etiquetar como ecológico sus productos de inversión. La nueva norma fija también la información que las entidades financieras deberán ofrecer para que el inversor pueda comprobar de manera fehaciente que su cartera es medioambientalmente sostenible.
«Estas propuetas demuestran que la UE quiere que la inversión se encauce en la dirección adecuada», ha señalado el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis.
La nueva regulación afectará a un amplio número de operadores, incluidos los de fondos de inversión, capital riesgo o aseguradoras y cubre a todos sus productos o servicios financieros. La etiqueta verde requerirá el cumplimiento de al menos uno de los seis criterios establecidos por la CE, así como no perjudicar ninguno de los otros cinco.
Los criterios son: contribuir a la mitigación del cambio climático; contribuir a la adaptación al cambio climático; protección y uso sostenible de los recursos marinos; favorecer la transición a una economía circular, la prevención de residuos y el reciclado; evitar la polución; y proteger ecosistemas saludables.
Bruselas concretará más adelante los parámetros cuantitativos y cualitativos que se aplicarán en cada actividad económica para verificar que se cumplen las condiciones requeridas para merecer la etiqueta de inversión medioambiental.
La etiqueta se convertirá, probablemente, en un bien muy preciado porque Bruselas quiere reorientar una buena parte de la inversión hacia sectores limpios, que favorezcan la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 pactados a nivel internacional en el Protocolo de París.
La CE calcula que esos objetivos (recorte de 40% de las emisiones) requieren una inversión anual de 180.000 millones de euros. «Y ese volumen desborda la capacidad de las administraciones públicas por lo que el sector financiero jugará un papel clave para lograr los objetivos», señala la CE.
Índices bursátiles de CO2
La CE también propone crear dos nuevos índices bursátiles, que permitan al inversor identificar rápidamente los valores más ecológicos. Uno de los índices clasificará a las empresas en función de su nivel de emisiones en relación con el resto de las compañías de ese bloque. El otro, más exigente, estaría integrado por las que cumplan con los objetivos más ambiciosos del Protocolo de París y puedan demostrar que su huella de CO2 apenas existe.
Fuente: CINCO DÍAS