La Eurocámara respalda excluir a las granjas ganaderas de la UE de la normativa de emisiones industriales. El pulso entre agricultura y medio ambiente toca de lleno a la ganadería intensiva española.
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI) ha adoptado por amplia mayoría su opinión sobre la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). El informe de la eurodiputada alemana Christine Singer, del grupo liberal Renew Europe, reitera una conclusión que el Parlamento Europeo ya defendió en 2023: las granjas no encajan en una directiva pensada para grandes instalaciones industriales contaminantes.
El texto propone recuperar los umbrales originales de la DEI antes de la revisión: 40.000 plazas para aves de corral, 2.000 plazas para cerdos de engorde y 750 plazas para cerdas reproductoras. También plantea procedimientos de registro más sencillos, tramitación digital y la eliminación de duplicidades cuando la información ya se ha facilitado a través de la Política Agraria Común (PAC) u otra normativa.
La Comisión de Agricultura ha aprobado además un compromiso para simplificar la norma de agregación, el mecanismo que suma las plazas de varias explotaciones cercanas para determinar si superan los umbrales. El sector agrario europeo, encabezado por Copa-Cogeca —organización en la que se integra Asaja—, lo considera un avance significativo, aunque admite que este punto todavía podría simplificarse más.
Por qué la ganadería no encaja en una directiva de chimeneas
La DEI nació para regular las emisiones de grandes complejos industriales: refinerías, centrales, acerías, plantas químicas. Su lógica de permisos, inspecciones y límites por chimenea no se adapta a a la realidad biológica y económica de una explotación de pollos o de cerdos. La opinión de la Comisión de Agricultura insiste en que los métodos de control deben adaptarse a esas particularidades, no al revés.
Si el texto llegara al final del proceso legislativo sin cambios, la DEI revisada impondría exigencias administrativas, financieras y de inversión desproporcionadas a las explotaciones familiares y a los pequeños y medianos operadores. El resultado, advierte el sector, sería una aceleración de la concentración del mercado, un debilitamiento de la capacidad productiva de la Unión Europea y un desplazamiento del consumo hacia las importaciones, sin obtener a cambio beneficios ambientales proporcionados. Justo el efecto contrario al que pretende la norma.
España es uno de los principales productores de porcino de la Unión Europea, con explotaciones intensivas repartidas por Cataluña, Aragón, Castilla y León y Murcia. El censo avícola también supera con holgura los umbrales en varias comarcas. Para el sector ganadero español, las obligaciones de la DEI revisada habrían supuesto una carga administrativa que la mayoría de las explotaciones familiares españolas tiene difícil asumir sin concentrar o abandonar la actividad.
La posición de las organizaciones agrarias españolas ha sido clara. Asaja ha difundido la opinión de la Comisión de Agricultura como un respaldo a sus tesis, y recuerda que la ganadería ya está sometida a controles ambientales estrictos a través de la PAC. Añadir otra capa con la DEI, sostienen, generaría duplicidades y costes sin una mejora ambiental medible.
El Eje del Poder Europeo
El pulso real no se libra entre Estados, sino dentro del Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura ha marcado una posición que ahora debe ser considerada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), la comisión responsable de la directiva. Los grupos ambientalistas y una parte de la izquierda europea quieren mantener un ámbito amplio para la ganadería intensiva. El PPE, Renew Europe y los eurodiputados de las zonas rurales del sur defienden el enfoque de umbrales altos y simplificación administrativa.
Es una geometría variable conocida en Bruselas. Los países con grandes densidades de ganadería intensiva —España, Países Bajos, Dinamarca, Polonia— han observado con inquietud el coste administrativo, mientras la Comisión justifica la inclusión por las emisiones de metano y amoníaco. No es la primera vez que la Eurocámara corrige a la Comisión en este expediente: el pleno ya endureció su posición en 2023 contra la aplicación automática de la directiva al sector primario.
Para España, la sensibilidad es doble. El país es receptor neto de fondos de la PAC y sostiene una ganadería intensiva que fija rentas en amplias comarcas rurales. Cualquier endurecimiento de la DEI sin compensaciones habría acelerado el abandono de explotaciones pequeñas. La gran distribución ya presiona, además, para comprar producción en terceros países con estándares ambientales más laxos.
Observamos un patrón: cada vez que la Comisión intenta ampliar la directiva industrial al sector primario, el Parlamento Europeo impone una corrección. No es ambientalismo contra negacionismo. Es una disputa sobre qué instrumento sirve. La ganadería tiene emisiones reales de amoníaco y metano, pero la DEI está diseñada para chimeneas, no para ciclos biológicos.
La próxima ventana crítica será el posicionamiento de la Comisión ENVI y, más adelante, el trílogo —la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada ley europea—. Si el informe Singer sobrevive, la ganadería europea respirará. Si cae, la factura administrativa se pagará en el campo.
Fuente: Moncloa.com