Una de las medidas más innovadoras del anteproyecto es la obligación legal de reparar determinados bienes incluso tras expirar la garantía legal, siempre que:

• El producto esté incluido en el anexo europeo que exige criterios objetivos de reparabilidad (por ejemplo, electrodomésticos grandes, teléfonos móviles y otros bienes que la UE considere reparables).
• La reparación sea técnicamente viable y económicamente proporcionada.

Esto implica que los fabricantes y responsables del producto deberán ofrecer servicios de reparación y garantizar la disponibilidad de piezas de recambio durante un plazo mínimo extendido más allá de la garantía convencional, reduciendo así la obsolescencia y la generación prematura de residuos.

Para facilitar la ejecución práctica de estas obligaciones, la ley introduce:

• Un formulario europeo estandarizado de información sobre reparación, que detalla precio, plazos y condiciones de cada intervención.
• La sección nacional de la plataforma europea de reparaciones en línea, que conectará consumidores con servicios de reparación certificados, vendedores de bienes reacondicionados y proyectos de reparación comunitarios.
• Un sistema de cofinanciación de reparaciones, por el que fabricantes, importadores o distribuidores asumirán una parte del coste de las reparaciones fuera de garantía, decreciendo con el tiempo (por ejemplo, 20 % en los dos primeros años, 10 % y luego 5 %).

Estas medidas pretenden corregir la lógica económica que favorece el reemplazo de bienes sobre su reparación y crear incentivos para que los consumidores opten por alargar la vida útil de sus productos.

El anteproyecto también aborda aspectos complementarios como:

• La obligación de proporcionar información veraz y clara sobre la durabilidad, reparabilidad y disponibilidad de piezas antes de la compra.
• Etiquetas armonizadas que identifiquen productos con garantía comercial de durabilidad superior al mínimo legal.
• Medidas para combatir prácticas como la reduflación (reducción del contenido sin ajuste de precio) cuando no se informa adecuadamente al consumidor.

Impactos esperados en residuos y economía circular

La ampliación del derecho a reparar se considera una herramienta clave para reducir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otros bienes duraderos, ya que prolonga su vida útil y disminuye la frecuencia de su desecho. Esta política se integra en un enfoque de gestión sostenible de residuos, fomentando la reparación y reutilización como alternativas al consumo de nuevos productos.

Además, la obligación de mantener repuestos disponibles durante años y reforzar los servicios técnicos puede impulsar la creación de empleo en el sector de la reparación y dinamizar economías locales de servicios posventa.

El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible representa un paso significativo hacia un modelo de consumo más sostenible en España, al obligar a que ciertos productos sean reparados incluso tras el fin de la garantía legal, apoyando tanto al consumidor como a un mercado de reparación más robusto. Estas reformas, impulsadas por mandatos europeos, buscan reducir el impacto ambiental del consumo masivo, promover la economía circular y disminuir la producción de residuos a través de una mayor durabilidad y reparabilidad de los bienes.