El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado un nuevo análisis que pone el foco en las dificultades persistentes de numerosos Estados miembros para cumplir los objetivos de reutilización y reciclado de residuos municipales, así como en la dependencia aún elevada del vertedero. El informe señala limitaciones financieras, insuficiencias en los planes de gestión de residuos y tarifas que no cubren los costes reales del servicio como factores que frenan el avance de la economía circular.
“El reciclaje solo será viable si la UE crea las condiciones para que exista un mercado sólido”, subraya Stef Blok, miembro del Tribunal responsable de la auditoría.
Según añade, los incentivos fiscales y los sistemas de “pago por generación” pueden desempeñar un papel clave para aumentar la separación en origen y reducir la generación de residuos.
Un mercado del reciclaje tensionado y con riesgos de cierre
El informe advierte de que la industria europea del reciclaje atraviesa un momento crítico. En algunos Estados miembros, la falta de instalaciones suficientes o su baja rentabilidad compromete el cumplimiento de objetivos, especialmente en el caso del plástico.
El Tribunal alerta de que varias plantas de reciclaje están en riesgo de clausura, debido al incremento de costes, la escasa demanda de materiales reciclados y la competencia de productos plásticos vírgenes más baratos importados de terceros países.
El Tribunal alerta de que varias plantas de reciclaje están en riesgo de clausura, debido al incremento de costes o la escasa demanda de materiales reciclados, entre otros factores.
Ante esta situación, los auditores reclaman una respuesta europea coordinada para reforzar la viabilidad económica del sector, identificando los obstáculos tanto de oferta como de demanda y garantizando que el mercado único funcione adecuadamente para los productos circulares y las materias primas secundarias.
Retrasos, sobrecostes y baja eficacia en los proyectos nacionales
El análisis incorpora además una revisión de proyectos cofinanciados por la UE en Grecia, Polonia, Portugal y Rumanía. En todos los casos se detectan retrasos en la ejecución, sobrecostes y una aplicación insuficiente de instrumentos económicos clave para mejorar la gestión de residuos municipales.
Los auditores subrayan tres carencias recurrentes:
– Financiación pública insuficiente para desplegar sistemas modernos de recogida.
– Escasa implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).
– Tarifas de residuos que no reflejan el volumen o peso generado, lo que limita el principio de “pago por generación”.
Además, denuncian que los impuestos sobre vertedero varían enormemente entre países, generando situaciones en las que los residuos pueden trasladarse por motivos económicos. El Tribunal recomienda evaluar la armonización de los impuestos sobre vertido e incineración a escala europea para evitar estas distorsiones.
Una brecha creciente entre objetivos europeos y avances reales
Pese a que la UE prioriza desde hace más de una década la prevención, reutilización y reciclaje, el cumplimiento varía de forma notable entre países. En algunos Estados miembros, el avance es escaso o incluso nulo, y los procedimientos de infracción por incumplimiento no empezaron a activarse hasta 2024.
La Comisión Europea prepara una nueva Ley de Economía Circular para 2026, destinada a abordar las debilidades del mercado, impulsar la demanda de materiales reciclados y facilitar el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y reducción de vertido para 2030.
Mientras tanto, los auditores insisten: una gestión eficaz de los residuos municipales exige recogida separada robusta, infraestructura adecuada y un mercado capaz de absorber los materiales reciclados. Sin estas tres condiciones, la UE seguirá lejos de sus metas de circularidad.
Fuente: Retema