Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes negociar la renovación de la actual directiva que persigue los delitos contra el medioambiente, con más tipos penales para estos crímenes y una armonización de los niveles de penas para las personas físicas y los jurídicas, si bien las ONG creen que no es lo suficientemente ambiciosa.
Los ministros de Justicia de los Veintisiete consensuaron la postura que les permitirá negociar con el Parlamento Europeo para actualizar una directiva que, aunque está en vigor desde 2008, ha tenido según Bruselas un impacto «limitado», con sanciones demasiado bajas como para ser disuasorias y escasa cooperación entre los países.
La nueva propuesta de Bruselas, que salió a la luz hace ahora un año, busca definir con más precisión y añade más tipos de delitos en este ámbito, de nueve a veinte para incluir el tráfico de madera, una de las principales causas de deforestación en algunas partes del mundo, o el reciclado ilegal de componentes contaminantes de los buques, informó el Consejo en un comunicado.
Penas máximas de prisión
Los perpetradores de estos delitos que sean personas físicas podrían enfrentar penas máximas de prisión de al menos diez años en el caso de un delito doloso que cause la muerte de una persona, o un máximo de al menos cinco años si se trata de una negligencia grave la que cause un fallecimiento con estos delitos.
Para el resto de delitos, la pena máxima de cárcel sería de al menos tres años.
En el caso de las personas jurídicas, se plantean multas máximas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial total o, alternativamente, 40 millones de euros, en el caso de los delitos más graves, o, para el resto, al menos el 3 % del volumen de negocios o alternativamente 24 millones de euros.
La directiva permitiría también medidas adicionales, como excluir a los perpetradores de ayudas públicas, retirarles permisos u obligar a compensar el daño al medioambiente.
Formar a quienes investigan los delitos
El Consejo, que califica este tipo de delitos de «muy lucrativo, pero difícil de detectar, perseguir y castigar», también añade previsiones para formar a quienes emprenden la tarea de investigar los delitos y darles los recursos adecuados, así como de asistir a quienes denuncian los crímenes y a quienes los sufren.
Una coalición de organizaciones medioambientales, con WWF entre otras, lamentó tras el acuerdo que, pese a que se haya duplicado la lista de delitos respecto a los penados anteriormente, se han rebajado las penas y sanciones a sus perpetradores respecto a lo que proponía la Comisión y se han quedado fuera las infracciones contra la pesca ilegal o la polución acústica subacuática.
Las penas máximas de prisión, consideran, son «demasiado bajas para disuadir y evitar crímenes ambientales», mientras que las sanciones bajas «llevan a que en las investigaciones no se prioricen estos delitos y se le dediquen recursos insuficientes».
La forma final de la legislación debe aún ser negociada por los países de la UE con el Parlamento Europeo.
Fuente: EFE Verde