El Parlamento Europeo aprobará en dos semanas una nueva modificación de la directiva relativa a la reducción de emisiones nacionales de seis contaminantes atmosféricos que fijará nuevos límites para 2020 y 2030, después de concluir la negociación que Eurocámara y Consejo Europeo iniciaron en 2013.
La eurodiputada ‘tory’ Julie Girling, ponente de la nueva normativa, ha asegurado en un encuentro con la prensa en Barcelona que “los Estados están teniendo problemas para cumplir” la actual directiva, aprobada en 2003, y ha recordado que hay 17 países que no lo han logrado, entre ellos España.
La propuesta indica los nuevos límites de contaminación, pero no contempla las actuaciones concretas que los Estados deben emprender, aunque Girling ha mencionado la posibilidad de mejorar la red de transporte público eléctrico, así como la mejora de la productividad de las empresas ganaderas, que implicaría una merma en el número de animales y reduciría los gases contaminantes.
Con la modificación de la directiva, que recoge las obligaciones que se acordaron en el Protocolo de Götenburgo, se busca reducir los niveles de contaminación hasta la “máxima reducción técnicamente posible” en 2030, que puede llegar al 70%.
Beneficios
Pese a que su implementación tendrá un coste de entre 2.200 y 3.300 millones, la Comisión Europea cree que los beneficios serán muy superiores, ya que está previsto que la nueva política de “Aire puro” cree unos 40.000 puestos de trabajo y que los beneficios del plan superen, al menos, los 40.000 millones anuales.
Países como Holanda o Noruega han liderado la negociación, mientras la República Checa ha pedido que se tenga en cuenta la competitividad de las empresas, Polonia ha alertado de que los compromisos de reducción son demasiado altos, especialmente en el sector agropecuario, y Rumanía ha manifestado su inquietud.
La directiva regula seis contaminantes (SO2, NO2, NH3, COVNM, PM2,5 y CH4), pero excluye el dióxido de carbono porque “está incluido en otras regulaciones” europeas, así como el metano ya que “era una línea roja de los Estados”, ha afirmado Girling.
Situación en España
España deberá reducir, a partir de 2020, un 67% sus emisiones de dióxido de azufre, un 41% las de dióxido de dióxido, y un 22% las de compuestos orgánicos volátiles distintos del metano respecto a las de 2005.
Girling ha destacado que la nueva normativa no solamente evitará miles de muertes prematuras al año, sino que mejorará cualitativamente la calidad de vida de los ciudadanos, y ha explicado que se reducirá el número de casos de enfermedades pulmonares, cardiopatías y cánceres.
La regulación se votará en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo el próximo 23 de noviembre.